DOS POLICÍAS EN EL BANQUILLO POR EL CHIVATAZO

El ‘caso Faisán’ encara su final sin los responsables políticos que buscaba el PP

El caso Faisán reaparecerá en la Audiencia Nacional la próxima semana para empezar a escribir sus últimos renglones, siete años después de su inicio

Foto: Enrique Pamiés, uno de los imputados (EFE)
Enrique Pamiés, uno de los imputados (EFE)

El caso Faisán reaparecerá en la Audiencia Nacional la próxima semana para empezar a escribir sus últimos renglones, siete años después de que este oscuro episodio de la lucha antiterrorista, que ha condensado luchas policiales, judiciales y políticas, convulsionara las vigas maestras del Estado de Derecho. Entre el lunes y el miércoles se sentarán en el banquillo el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector de la Policía José María Ballesteros, acusados de haber avisado en mayo de 2006 al colaborador de ETA Joseba Elosúa de que había una operación policial en marcha que afectaba a toda la red de chantaje de la organización terrorista.

El caso llega a la vista oral disminuido, sin las responsabilidades políticas que buscaba el Partido Popular cuando el escándalo saltó a la opinión pública. Durante la pasada legislatura, con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, los populares exigieron al actual líder del principal partido su dimisión por este lamentable incidente. Pero Rubalcaba repelió los ataques. El único cargo de confianza socialista implicado por la investigación en la trama, el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, fue exonerado de cualquier responsabilidad hace un año.

Las pruebas de la acusación

Según el relato de los hechos del sumario, el 4 de mayo de 2006 Ballesteros acudió al bar Faisán de Irún, propiedad de Elosúa, para entregarle a este colaborador de ETA un teléfono móvil. Al otro lado de la línea estaba Pamiés, que según la investigación avisó a Elosúa de que había una operación en marcha de la Audiencia Nacional contra todo el aparato de financiación de la organización terrorista. Tras la presunta revelación, prosigue el sumario, Ballesteros se marchó de la zona. Minutos después, Elosúa intentó llamar desde una cabina telefónica a su contacto en ETA, pero no consiguió localizarle. Así que llamó a su yerno y ambos se subieron a un coche para cruzar la frontera con Francia y tratar de buscarle. Finalmente, el aviso llegó a la cúpula de la banda.

Imagen del bar Faisan.
Imagen del bar Faisan.
La operación policial tuvo que posponerse. Se realizó unas semanas después. Sin embargo, la baliza que iba en el vehículo de Elosúa grabó una conversación en la que éste le contaba a su yerno que alguien le había advertido de la operación que estaba en marcha. Cuando los investigadores se toparon con ese diálogo, se inició una investigación interna para identificar a los autores del soplo. El caso Faisán es el resultado de esas pesquisas.

En este tiempo, el caso ha estado en manos de la Policía y la Guardia Civil, y ha tenido como instructores a tres jueces de la Audiencia Nacional: Baltasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska y Pablo Ruz. Desde que se produjeron los hechos hasta el día del juicio, ha habido dos partidos distintos en el Gobierno (PSOE y PP) y tres ministros del Interior diferentes: Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz. Las tesis sobre lo que verdaderamente ocurrió son aún más variadas.

Versiones de una misma filtración

Ballesteros siempre ha admitido que estuvo esa mañana en el bar Faisán, pero ha negado que acudiera para advertir a Elosúa de la operación antiterrorista. El motivo de la visita, según el inspector, fue comprobar la presencia policial en la zona para facilitar un encuentro de Pamiés, el otro procesado, con un confidente conocido con el alias de El Romano. Sus defensas han citado como testigo a este confidente para que confirme esa versión. También van a tratar de demostrar que la investigación estuvo viciada desde el principio por la parcialidad de las pruebas periciales (aseguran que se desecharon conversaciones telefónicas que podían corresponderse con la que en realidad dio el aviso) y que las conclusiones se basan en pruebas elaboradas a partir de originales que fueron destruidos, como la grabación de la conversación de Elosúa con su yerno.

Será difícil que Pamiés y Ballesteros sean condenados. La propia Fiscalía ya cuestionó en 2011 que la filtración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con banda armadaLa otra versión extraoficial que ha cobrado fuerza señala precisamente como autor del chivatazo al mismo inspector jefe de la policía que se encargó de dirigir las pesquisas sobre la filtración, Carlos Germán, responsable también de la operación contra ETA que se vio neutralizada. Él fue el primero que apuntó a Pamiés y Ballesteros como culpables. La afinidad de Germán con Garzón –que contribuyó con muchas de sus decisiones a allanar la negociación del PSOE con ETA- alimenta esas sospechas. De hecho, el superior inmediato de Germán declaró en la causa que su subordinado intentó frenar las detenciones sólo un día antes de los hechos. Además, en la grabación de Elosúa, utilizada por Germán para construir sus conclusiones sobre la autoría de la filtración, hay cortes inexplicables en momentos clave. Pero esta hipótesis, al menos por ahora, no ha podido ser demostrada, al igual que los vínculos políticos de este episodio. La investigación alternativa encargada a la Guardia Civil también concluyó que Pamiés y Ballesteros habían sido los responsables del soplo. 

Independientemente de quienes sean los culpables, el PP siempre ha defendido que el chivatazo tuvo una clara finalidad política: evitar por todos los medios que la negociación del Gobierno con ETA en la que tantas esperanzas había puesto Zapatero se fuera al traste por la detención de todo el aparato de financiación de la banda. De hecho, las actas que la cúpula de ETA levantó de sus reuniones con el Gobierno aseguran que los emisarios del Ejecutivo mencionaron el chivatazo del Faisán como una muestra de su predisposición a alcanzar un acuerdo. 

El dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua (i), y a su hijo, José Ignacio (d)
El dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua (i), y a su hijo, José Ignacio (d)
Hay otra segunda lectura en clave política de los hechos. El mismo día del chivatazo, Zapatero recibió en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz. Hablaron del escenario que se abría tras el alto el fuego que había declarado ETA dos meses antes. El Ejecutivo quería tener una buena relación con el PNV en aquellos momentos cruciales para el futuro del País Vasco y ese encuentro debía afianzar su vínculo. Pero este elemento no fue tenido en cuenta por los investigadores de la Policía, que incluyeron a Gorka Aguirre, un dirigente del PNV, en la lista de implicados en la trama financiera de ETA que debía caer esa jornada. Había pruebas que demostraban que Aguirre había colaborado intensamente con la trama de financiación de la organización terrorista durante décadas. Sin embargo, su detención podía poner en riesgo la estrategia política del Gobierno. El chivatazo evitó que el militante nacionalista cayera el mismo día que Zapatero e Imaz inauguraban un nuevo escenario. 

El PP, inquieto por el resultado

El juicio que arranca este lunes no buscará la verdad de los hechos. Su único cometido es decidir si, con las pruebas disponibles, Pamiés y Ballesteros son culpables o inocentes de los delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos que se les imputan.

A estas alturas, al PP le preocupa también únicamente el resultado del juicio. Si Pamiés y Ballesteros son condenados, los populares podrán dar por concluido el caso con una pírrica victoria. El dictamen demostraría que la filtración se produjo, aunque la responsabilidad quedaría limitada a los niveles más bajos del escalafón del Estado. Pero si son absueltos, Rubalcaba, actual líder de la oposición, podrá acusar al partido del Gobierno de haber estado sosteniendo una acusación falsa contra él durante los últimos siete años, y los populares difícilmente podrán explicar su estrategia de confrontación durante todo ese tiempo. 

El expreseidente del gobierno josé luís rodriguez zapatero,iz, y el secretario general del psoe, alfredo pérez rubalcaba (efe)
El expreseidente del gobierno josé luís rodriguez zapatero,iz, y el secretario general del psoe, alfredo pérez rubalcaba (efe)
Será difícil que Pamiés y Ballesteros sean condenados. La propia Fiscalía ya cuestionó en 2011 que la filtración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con banda armada y se opuso casi hasta el último momento a imputárselo a los procesados -si sólo hubieran sido acusados de revelación de secretos, el caso tendía que haber sido juzgado en un tribunal ordinario, no en la Audiencia Nacional-. 

Sus defensas apelarán a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la colaboración con banda armada, alegando que establece que además de una colaboración material debe haber una coincidencia en los fines, un requisito que no se daría en el caso Faisán, por la larga trayectoria de ambos policías en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, los expertos discrepan sobre la obligatoriedad de esta condición. El otro delito, revelación de secretos, entraña dilemas técnicos similares. Las pruebas, además, son sólo indiciarias. Es evidente que el chivatazo se produjo pero nadie grabó la voz que alertó a Elosúa. El tribunal tendrá que valorar si las sospechas son suficientes para demostrar el hecho. Siete años no han sido suficientes para esclarecer todas las incógnitas. Y el juicio puede servir sólo para prolongarlas.

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