PARA EVITAR RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS

Anticorrupción planea quitar a Castro el caso imputando a Camps y Barberá

Anticorrupción ha dado un giro a la investigación del caso Nóos y entiende que ha llegado el momento de que el juez José Castro abandone el asunto

Foto: Rita Barberá y Francisco Camps. (EFE)
Rita Barberá y Francisco Camps. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha dado un giro a la investigación del caso Nóos y entiende que ha llegado el momento de que el juez de Palma José Castro abandone el asunto. La opción para conseguirlo es informando a favor de una posible imputación de los aforados valencianos Francisco Camps y Rita Barberá.

Al tratarse de diputados regionales, debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que se encargue de su investigación, pero el fiscal entiende que no sólo de la parte que les afecta, sino de toda la causa.

De aceptar la petición de Anticorrupción, sería el TSJ valenciano el que enjuiciara a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres. Con este cambio de escenario, se resolvería cualquier duda de que Castro encontrara en el último momento algún indicio de criminalidad contra la infanta Doña Cristina, sobre la que se vio obligado a retirar su imputación a la espera de nuevas pruebas que aparecieran contra ella.  

Según el escrito de Anticorrupción remitido al TSJ de Valencia, es “evidente” la conexión entre los hechos presuntamente delictivos ejecutados en la Comunidad Valenciana y la Comunidad Balear y, por tanto, es inviable enjuiciarlo por separado. Por eso, requiere al órgano que inste a Castro a inhibirse de la causa y concluir en Valencia lo que quede pendiente.

El juez Castro. (EFE)
El juez Castro. (EFE)

El fiscal se basa en jurisprudencia del Tribunal Supremo para apuntar que en caso de existir personas aforadas, el Tribunal Superior es que el que debe asumir la competencia de toda la causa. “Las actividades presuntamente desarrolladas por las personas aforadas no son escindibles de las del resto de imputados que no ostentan dicho privilegio, dado que actúan de forma conjunta, unos y otros”.

Eso sí, aclara que en caso de que el TSJ de Valencia no vea hechos incriminatorios sobre la alcaldesa y el expresidente de la Comunidad, la causa debería volver a manos del juez de Palma de Mallorca.

Una causa indivisible

El Instituto Nóos firmó una serie de convenios de colaboración con estos responsables políticos aforados, quienes haciendo uso de su posición de poder, habrían transmitido “a sus subordinados las órdenes presuntamente delictivas de beneficiar al Instituto, habiéndose establecido una cadena sin solución de continuidad”, recoge el escrito.

Por tanto, enjuiciar por separado, en un procedimiento la actuación de las personas aforadas, y en otro la actividad desarrollada por responsables políticos subordinados a los aforados y los gestores del Instituto Nóos, conllevaría “la ruptura de la continencia de la causa y posibles contradicciones en los pronunciamientos que puedan dictarse”.

El fiscal recalca que los delitos conexos deben enjuiciarse en un solo proceso para evitar que se dicten resoluciones contradictorias, “así como impedir que se conculque el principio de seguridad jurídica”.

El Instituto, dirigido por el yerno del rey Juan Carlos, actúa, a efectos contables, con el criterio de caja única y, por tanto, no utiliza el sistema de contabilidad de costes por proyecto, lo que imposibilita la delimitación de la conducta malversadora en función del origen territorial de los fondos públicos.

Para el representante del Ministerio Público, en la actuación de Camps y Barberá puede haber prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Así, señala que el importe de los contratos era “totalmente desproporcionado”, y gran parte de los fondos públicos fueron objeto de apropiación por los responsables del Instituto Nóos, además de favorecerles fraudulentamente obviando “deliberadamente” los procedimientos de contratación tanto en los convenios de colaboración como en los proyectos Valencia Summit e Illes Balears Forum.

El fiscal justifica esta petición en que la instrucción está a punto de concluir, pendiente únicamente de un informe de la Agencia Tributaria y otro del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. En la actualidad, la pieza acumula ya 49.198 folios, a los que hay que sumar los correos electrónicos intervenidos, que ocupan varios soportes digitales con otros miles de folios.

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