EL PASADO DE LOs abogados GÓMEZ DE LIAÑO Y BOYE

Un expulsado y un preso por terrorismo se enfrentan en el caso Bárcenas

Han llevado la defensa de algunos casos de impacto, pero ninguno como el de Bárcenas. Los dos han tenido un pasado penal oscuro como abogados

Foto: El abogado defensor de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, (EFE)
El abogado defensor de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, (EFE)

Han llevado la defensa de algunos casos de impacto, pero ninguno como el de Bárcenas. Los dos han tenido un pasado penal oscuro como abogados. Javier Gómez de Liaño, abogado de Luis Bárcenas en el caso que tiene en alerta a toda la cúpula del Partido Popular, fue expulsado de la carrera judicial; Gonzalo Boye, abogado que ha presentado una querella contra Bárcenas, ha llegado a pasar una buena temporada entre rejas tras ser acusado de colaborar con ETA en un secuestro. Hoy, señalados por la mancha en sus currículum, los dos juristas intentan lavar su imagen desenredando la madeja de un caso que amenaza con llevarse por delante al principal partido político del país.  

Justo antes de jubilarse, el abogado Javier Gómez de Liaño tiene entre sus manos el caso quizá más mediático de toda su trayectoria en la judicatura: conseguir que el juez Pablo Ruz dé por buenos todos los papeles que Luis Bárcenas ha entrado en mano en la Audiencia Nacional que demostrarían que la cúpula del Partido Popular se ha repartido sobresueldos en negro durante veinte años gracias a una supuesta financiación ilegal en la formación. Pero no todo han sido rosas en la carrera de este jurista de primerísimo nivel, intachable hasta 1997, el año en el que abrió la causa Sogecable. Un caso que lo tumbó como juez, ya que fue condenado a 15 años de inhabilitación y expulsado de la carrera por un delito de prevaricación.

Gómez de Liaño nació en Orense en 1948. Aterrizó por primera vez en la Audiencia Nacional donde esta semana se movía como pez en el agua con 36 años. Pronto se convirtió en un juez polémico. Suya fue la sentencia del aceite de colza, que provocó un envenenamiento masivo en la España de los ochenta. Los afectados se quejarán eternamente de que aquella sentencia fue demasiado benévola con los culpables. En 1990, el Partido Popular lo designó vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero antes de agotar el mandato volvió a la Audiencia Nacional. Allí cogió el sumario del secuestro y asesinato de los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y más tarde se encargó de la instrucción de los secuestros de José Antonio Ortega Lara y Julio Iglesias Zamora.   

Su carrera meteórica como juez se frustró en 1999, cuando fue condenado a 15 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por prevaricación en el caso Sogecable del que fue juez instructor. En esta causa procesó a Jesús de Polanco, a Juan Luis Cebrián y a todo el Consejo de Administración de Sogecable por un presunto delito de apropiación indebida. Sin embargo, sus decisiones fueron revocadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia, y fue acusado de prevaricación ante el Tribunal Supremo.   

Su condena se esfumó tres años después, cuando el Gobierno de José María Aznar lo indultó y solicitó, con su consecuente escándalo en gran parte de la judicatura, su reingreso en la carrera. En el año 2002, con el PP aún en el Ejecutivo, el Consejo General del Poder Judicial aceptó su petición. Pudo volver a la carrera judicial, pero con la condición de no pisar la Audiencia durante 25 años. Desde entonces ejerce la abogacía junto con su mujer, María Dolores Márquez Prado, exfiscal, que ahora representa en el caso Bárcenas a la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, y a la que también se le ha podido ver los días en los que Ruz ha llamado a declarar como testigos a los tres secretarios generales del PP durante la época en la que Bárcenas los acusa de tener constancia de que en el partido se repartían sobresueldos en negro.

El resto del tiempo libre que le queda lo dedica a escribir una columna mensual para el diario El Mundo, el periódico de Pedro J. Ramírez que ha servido de escaparte para que Bárcenas airease hasta los mensajes telefónicos que intercambió con el presidente del Gobierno con el caso Gürtel ya en proceso judicial.

Gonzalo Boye estudió Derecho en la cárcel

Escribir es lo que hace también en sus ratos libres el abogado Gonzalo Boye, nacido en 1965, personado como parte de la acusación particular en la causa Bárcenas que sacude al principal partido político del país. De nacionalidad chilena y licenciado en Políticas y Economía, vino a España en 1987 para trabajar en su propia consultora. En 1992 fue detenido, al ser acusado de colaborar con ETA en los secuestros de Emiliano Revilla y Manuel Prado y Colón de Carvajal, por lo que fue condenado y pasó catorce años entre rejas, tiempo en el que aprovechó para matricularse en la UNED y sacarse la licenciatura de Derecho.

Boye fue puesto en libertad en 2002. Cinco años después ejerció la acusación particular en el caso del 11-M, juicio en el que representó a una única víctima, una viuda chilena que perdió a su esposo en el atentado. Actualmente ejerce la docencia en el Colegio de Abogados de Madrid. En 2009, como abogado del Centro del Centro Palestino de los Derechos Humanos, se querelló contra el ministro israelí de Defensa. Una querella que fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional.   

Ahora, además de haber presentado una de las querellas contra Bárcenas, Boye es editor de la revista satírica Mongolia y colabora en eldiario.es.    

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