La sanidad privada, la opción más barata para los 'sin papeles'

La elección parece sencilla. O bien pagar 60 euros al mes por la cobertura básica de la sanidad pública o elegir entre las ofertas de las compañías privadas, que, en suversión más barata, pueden extenderse entre los 32 y los 73 euros. Eso si tiene menos de 65 años: si nació antes de 1949, la opción está entre los 157 euros de la pública a los 65-163 de las propuestas privadas. Hasta la fecha, ningún español tiene que tomar esta decisión, salvo aquellos que superen los 100.000 euros de ingresos, como le ocurrió en su día a Jordi Pujol. Pero a partir de septiembre, cuando entre en vigor el Real Decreto 576/2013, que acaba de publicarse, tendrán que hacerlo todos los que quedaron fuera de la cobertura sanitaria pública (aparte de las urgencias)con las polémicas disposiciones que el Gobierno aprobó el pasado año.

El decreto concreta lo que tendrán que pagar estas personas -fundamentalmente, inmigrantes sin papeles, se calcula que unos 150.000, aunque el ministerio habla de unos 90.000 posibles suscriptores- por lo que define como un “convenio especial de prestación de asistencia sanitaria”: 60 euros para los menores de 65 años y 157 para los mayores. Quedan excluidos las mujeres embarazadas y los menores, que serán atendidos sin necesidad de pago. El resto no dispondrá de tarjeta sanitaria, pero si tendrá accesoa la cartera común básica de servicios, esto es, la asistencia pero no la subvención de fármacos, prótesis o el transporte sanitario no urgente.

“Va a dejar fuera a ciudadanos que ni de lejos pueden pagar esas cantidades. Pensar que un inmigrante en situación irregular está en condiciones de asumir lo que esto supone es un brindis al sol”, sostiene Rafael Sotoca, portavoz de Médicos del Mundo, miembro de su junta directiva y presidente de su delegación en la Comunidad Valenciana, que pone de ejemplo los más de 300 euros que tendría que asumir una familia de dos miembros con un progenitor mayor reagrupado.

El hecho es que, según detalla el Ministerio que dirige Ana Mato, el cálculo se ha hecho según el gasto medio sanitario (849,85 euros para los menores de 65; 2.231 para los mayores; cifras a las que se ha aplicado un 80%), prescindiendo de cualquier consideración sobre las necesidades económicas o ingresos que puedan tener estas personas.

La alternativa privada

Manuel Martín, presidente de la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública) va más allá. Para este doctor en ejercicio, el nuevo sistema instaurado “abre el espacio al aseguramiento privado. En todo esto se refleja claramente que lo que hay detrás es la promoción de los seguros privados. Para empezar, por ejemplo, discrimina por edad, como se hace en ellos”.

Lo cierto es que una comparación entre los costes de la cobertura de un seguro privado básico y las tarifas estipuladas por el Ministerio no deja lugar a dudas: sale más barato, o al menos por igual cuantía, el primero. “En general, para una persona de unos 40 años, la atención privada puede salir por unos 50 euros; si es mayor de 65, por unos 80, y eso con la misma cobertura que establece el Real Decreto”, explica Antonio Jiménez, miembro del patronato de la Fundación Idis, que agrupa a las grandes empresas de este ámbito, y director del área de salud de AXA.

Otras fuentes del sector coinciden con Jiménez, sin embargo, en que la medida no favorecerá directamente el negocio privado: quien tiene rentas en ese colectivo, dicen, ya está en una aseguradora. Aparte de que, contando como cuentan las compañías privadas con ocho millones de clientes en España, los 150.000 que se calcula suponen los inmigrantes ilegales no parece un grupo significativo. “No pensamos que ninguna de las medidas esté orientada a llevar nuevos usuarios a la sanidad privada. No es un segmento de población lo suficientemente grande como para crear nicho de mercado”, recalca Jiménez.

Sistemas complementarios

Sin embargo, él señala otra posibilidad: “Esta figura de los convenios especiales apunta a la idea de la complementariedad de los sistemas público y privado, como ya ocurre en otros países. Abre la posibilidad de que se genere una visión de un solo sistema nacional de salud, en el que convivan ambos y puedan colaborar”. Jiménez señala que estos convenios podrían ser un camino hacia una opción similar a la que existe en Holanda, donde todos los ciudadanos tienen que suscribir una especie de seguro obligatorio para recibir una atención básica, en la que cada cual puede elegir si acude a un centro privado o público.

El “camino” del que habla Jiménez se ve de forma muy distinta en otras instancias. Para Manuel Martín, “estas medidas de copago suelen comenzar con los colectivos con menor capacidad de respuesta, pero veremos cómo se irán extendiendo al resto de los ciudadanos. Se trata del primer paso en esa dirección”. “Es redundar en una injusticia, en un cambio de modelo, en un sistema en el que paga más el que más consume, no el que más ingresa. Con esto nadie gana. Los médicos vemos todos los días personas a las que no atienden en los centros de salud. Que no tienen dinero para medicinas. A las que les envían facturas que no pueden pagar. Y que no pueden acudir a la privada”, añade Jiménez.

Y es que para los ilegales la opción entre el pago por la cobertura pública y la opción privada puede no ser tan sencilla: aparte de que ambos costes puedan ser inasumibles para ellos, en el primer caso se les exige demostrar un año de residencia; en el segundo, los contratos suelen extenderse, al menos, también durante un año. Demasiado para quien no tiene papeles: “No saben ni si estarán ese tiempo”, corrobora Diana Huerta, asesora de la Asociación de Inmigrantes para el Desarrollo e Igualdad (ASIDI). Para muchos de ellos, la única opción posible puede ser quedarse sin atención.