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El PP corta las alas a la ley de Transparencia y limita su efecto
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partidos y sindicatos informarán solo de contratos con la adminIstración

El PP corta las alas a la ley de Transparencia y limita su efecto

El Partido Popular ha logrado evitar que organismos al margen de la administración pública queden obligados por Ley a publicar información económica

Foto: Los representantes de UPyD y PP en la ponencia del Congreso encargada de emitir el dictamen sobre la Ley de Transparencia. (EFE)
Los representantes de UPyD y PP en la ponencia del Congreso encargada de emitir el dictamen sobre la Ley de Transparencia. (EFE)

Ya es definitivo. La Ley de Transparencia está lista. Y se queda corta. El Partido Popular ha conseguido evitar que los organismos al margen de la Administración pública queden obligados por Ley a publicar información económica, presupuestaria y estadística sobre su actividad. La Casa Real, el Banco de España, las fundaciones o las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50% no serán obligadas a publicar planes y programas anuales, contratos o información de relevancia jurídica. Es decir, solo los datos administrativos de estas entidades tendrá que ser transparente por ley.

De la misma forma, y gracias a la aprobación de enmiendas del mismo grupo popular a la Ley, partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales deberán informar de convenios y contratos solo cuando hayan sido suscritos con la Administración Pública. En lo que será una ley más estricta de lo que muchos esperaban, los ciudadanos podrán conocer los detalles de las entidades privadas en cuyos ingresos haya más de un 40% en subvenciones, pero no podrán pedir explicaciones a aquellas empresas privadas que se dedican a la gestión directa de recursos públicos, sin recibir ayudas estatales.

Estos puntos del texto de la Ley de Transparencia han sido confirmados en la tarde de este martes. La Comisión Constitucional de la Cámara Baja ha aprobado el documento gracias a los votos a favor de PP, CiU y PNV y la abstención del PSOE. El Grupo Mixto y UPyD han votado en contra de este nuevo texto, mientras los socialistas se han eximido de votar en protesta por la falta de respuestas oficiales a los escándalos de corrupción que están salpicando a los 'populares'. Este grupo parlamentario, además, ya había alcanzado un principio de acuerdo sobre sus enmiendas a la ley el pasado mes de mayo. A partir de su aprobación -en septiembre el texto tendrá que ser aprobado en el Congreso, donde el PP goza de mayoría absoluta- España dejará de ser el único país de más de un millón de habitantes que no cuente con una legislación sobre la transparencia de sus instituciones . Pero según las organizaciones internacionales que trabajan en pro de la Transparencia, es una decepción.

Silencio y falta de derecho

Contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales o retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos, además de organigramas detallados. La publicidad de toda esta información quedará a discreción de los organismos considerados “al margen de la Administración”, a pesar de que cuenten con financiación pública. Gracias a la incorporación de la enmienda 512 -del mismo PP-, Fundaciones públicas, la Casa Real, el Poder Judicial y el Consejo de Estado, entre otras, estarán obligados solo a publicar información ajena a la económica o contractual. De esta manera, si un ciudadano preguntara a la Administración cómo utilizaron el dinero del FROB las entidades bancarias, el Estado no estaría obligado a responder.

“Las razones económicas han sido incluidas como excusa para no facilitar información”, señala a El Confidencial Carlos Martinez Gorriarán, de UPyD. “Es una más de las excusas muy vaporosas que se han incluido en la ley, cuando, a cambio, tendrá que ser muy claro en qué contexto es abusivo hacer pública una información”, añade.

El texto enmendado no incluye además uno de los pilares básicos de este tipo de leyes en varios países del mundo: el reconocimiento del derecho a la información como derecho fundamental básico. Así lo establecen varios tratados internacionales vinculantes para el Estado español, y lo han señalado la mayoría de expertos independientes que comparecieron en el Senado en la fase de elaboración del proyecto de la Ley. “Esto deja abierta la puerta a que cualquier petición de acceso a la información pueda ser denegada en nombre de la protección de datos personales”, señalan a El Confidencial desde Acces Info, organización internacional conocida por su lucha por la transparencia informativa.

Bajo diferentes perspectivas, la necesidad de incluir el derecho de acceso a la información como derecho fundamental había sido señalada en las enmiendas de Grupo Mixto, UPyD y de la Izquierda Plural. “Si fuera un derecho fundamental, tendría una fuerza jurídica mucho más importante”, indica al respecto Gorriarán, diputado de la formación magenta.

El texto permite, además, la aplicación del silencio negativo. Cuando un ciudadano no obtiene respuesta a una solicitud de información podrá recurrir al órgano de revisión. Si este tampoco responde, solo queda la vía de los tribunales, o la petición se considerará denegada.

Independencia dudosa

También queda en entredicho la independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Entre sus miembros, estarán representantes de la Agencia de Protección de Datos, de la Secretaría de Administraciones públicas, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. “Un diputado y un senador” completarán la comisión, cuyo presidente nombrará ‘a dedo’ el Ministerio de Hacienda entre “personas de reconocido prestigio y competencia” en el sector. En este sentido, las organizaciones del sector dudan de que este organismo pueda ser autónomo e independiente. Sus miembros no recibirán remuneración por su labor.

Este organismo tendrá que lidiar ante las peticiones de información que, establece la ley, tendrá que ofrecerse "preferiblemente en formatos reutilizables”, pero no en código abierto, como pedían algunos partidos.

El PP, por su parte, se dice ajeno a las criticas llovidas desde la oposición: “La ley llegó al Congreso siendo una y sale siendo otra: más ambiciosa, acorde con los tiempos y las necesidades de los ciudadanos", ha asegurado el 'popular' Pedro Gómez de la Serna.

Ya es definitivo. La Ley de Transparencia está lista. Y se queda corta. El Partido Popular ha conseguido evitar que los organismos al margen de la Administración pública queden obligados por Ley a publicar información económica, presupuestaria y estadística sobre su actividad. La Casa Real, el Banco de España, las fundaciones o las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50% no serán obligadas a publicar planes y programas anuales, contratos o información de relevancia jurídica. Es decir, solo los datos administrativos de estas entidades tendrá que ser transparente por ley.

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