Lasquetty airea el ‘costoso’ recurso judicial: “Los abogados cobran 1.000€ la página”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, compareció este viernes en la Asamblea de Madrid para explicar el proceso de privatización de la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid, que ha sido paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Desde el viernes 10, día en el que el Gobierno regional presentó sus alegaciones, el TSJM tiene 10 días para ratificar o levantar la suspensión.

Con la oposición y sindicatos en contra, el consejero de Sanidad madrileño se defendió de los ataques recibidos en la Comisión sanitaria con un dudoso argumento: el coste del recurso judicial “carente de fundamento jurídico”, según Lasquetty. Ante los duros ataques que recibió durante toda la comparecencia de los portavoces sanitarios en la Comisión, que insisten en que Lasquetty quiere hacer negocio con la sanidad, el consejero respondió que con este proceso los únicos “que se forran son los despachos de abogados”. “Alguno”, detalló, “cobra mil euros la página”, para después insinuar que el pago de las minutas a servicios jurídicos se habrá hecho con el dinero público que reciben los partidos. Algo que, a su juicio, “deberían explicar”.

Lasquetty ha insistido en que existen “cerros y cerros” [sic] de jurisprudencia que reflejan que el PSM no tiene legitimidad activa para reclamar ante la Justicia la paralización del proceso, “que se ajusta totalmente a la legalidad”. En este sentido, ha manifestado que en las alegaciones de la Comunidad sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) expone la jurisprudencia contraria a la legitimidad del PSM para recurrir la externalización. En este sentido, ha recordado que así lo manifestó el mismo tribunal cuando los socialistas recurrieron la libre elección de Centro.

Para el consejero, con estos recursos lo que se trata de causar es un “perjuicio objetivo” a los ciudadanos, pues trata de impedir que se aplique una medida “de eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario”. Por otro lado, el consejero ha defendido la solvencia y las ofertas técnicas presentadas por las empresas, ante las críticas que habían trasladado los miembros de la oposición. En un momento de su intervención, dijo que el grupo BUPA Sanitas tiene carácter de mutualidad y en esa faceta “no tiene ánimo de lucro”.

Ataques de la oposición

En el turno de réplica, Lasquetty cargó contra el portavoz del PSM, José Manuel Freire, el impulsor de la marea blanca que olvidó en su currículum que él también dirigió una clínica privada. Lasquetty le habló de la “causalidad estadística” de que Freire hablara de presuntas irregularidades cuando, en paralelo, estaba siendo registrada la sede del PSC por la Policía. Unas referencias que llevaron al propio Freire a pedir un turno de réplica para contestar a esas alusiones “falsas”.  

El punto de la discordia que ha dejado al Partido Popular de Madrid “sin plan B”, como ha reconocido el propio consejero del ramo, tras conocer la decisión judicial, es el aval económico que las adjudicatarias debían depositar como condición obligatoria para acceder a la subasta. La cantidad se redujo a una décima parte: pasó de ser el 5% del contrato total al que aspiraban al 5% de una sola anualidad. Este viernes, la volvió a defender. El proceso abierto por la querella del PSM por vía contencioso administrativa se suma a la querella por vía penal que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) tiene presentada en un juzgado madrileño. Ha sido admitida a trámite y dos exconsejeros de Sanidad están citados a declarar con su abogado en septiembre.