El caso del presidente del TC acorrala aún más a Rajoy en pleno debate sobre la moción de censura

A un Gobierno incapaz de marcar agenda política, sumido en el lastre de un caso Bárcenas cuyas bombas políticas y los efectos colaterales de las mismas no controla, el estallido, ayer, de la militancia política en el Partido Popular del presidente del Tribunal Constitucional ha acorralado aún más a un presidente del Gobierno que se encuentra completamente aislado frente a toda la oposición parlamentaria. La falta de explicaciones de Mariano Rajoy hasta la fecha y el silencio del Gobierno ante el caso de Francisco Pérez Cobos dibuja un fin de curso político agónico para Rajoy y los suyos, que se sustentará en el Congreso el próximo miércoles. Un ‘supermiércoles’ en el que la mayoría absoluta del PP tendrá que desbloquear la posible moción de censura que pende sobre la cabeza de Rajoy y dar su visto bueno también a las peticiones de comparecencia que varios grupos parlamentarios, entre ellos el Partido Socialista, han solicitado en sede parlamentaria del propio Pérez Cobos.

El presidente del Alto Tribunal no será, de momento, la primera víctima propiciatoria del Caso Bárcenas, aunque la suya sea una derivada del asunto que no está directamente relacionada con el pago de sobresueldos por parte del extesorero del PP. Sea como fuere, el hecho de que su nombre aparezca incluido en la lista de afiliados al corriente del pago de sus cuotas que tiene en sus manos el juez Pablo Ruz, ha levantado, en el momento de mayor debilidad política de Rajoy, un nuevo flanco por el que la oposición pueda atacar al Gobierno y forzarlo a reaccionar ante el inmovilismo de los últimos días. Un inmovilismo y una falta de respuesta incomprendida por buena parte de la prensa internacional y que ya ha propiciado una seria amenaza de moción censura por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba.

De momento, Pérez de los Cobos, que apenas lleva un mes en el cargo de presidente del Alto Tribunal, pero que ingresó en el órgano el 29 de diciembre de 2010 a propuesta del grupo parlamentario popular en el Senado, tiene argumentos legales para seguir en su cargo pese a que una enorme mancha de politización se cierne también sobre su nombre. Pérez de los Cobos reunió ayer al pleno del Tribunal para dar explicaciones sobre sus cuotas al PP y recibió el respaldo del órgano a través de un comunicado, en el que la institución avala que no hay incompatibilidad alguna en su caso.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prevalece sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que sólo es incompatible que un magistrado del órgano ocupe funciones directivas dentro de un partido o sindicato, o trabaje para los mismos. La Constitución, en su artículo 159.4 suscribe también este planteamiento. Pérez de los Cobos tiene también a su favor la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional que, en el caso Rumasa, ya denegó una recusación planteada por José María Ruiz Mateos contra uno de los magistrados que debían dirimir los recursos de amparo que había presentado en 1987 ante la expropiación de su holding empresarial por parte del Gobierno de Felipe González.

El auto 226/1988 por el que el Tribunal denegó entonces aquella recusación señalaba textualmente que “la Ley Orgánica de este Tribunal, de aplicación prioritaria respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir”.

La ley y la jurisprudencia, a la que Pérez Cobos se ha aferrado como a un clavo ardiendo, le avala para no ofrecer su cabeza como primera víctima colateral del Caso Bárcenas

Así las cosas, la ley y la jurisprudencia, a la que Pérez Cobos se ha aferrado como a un clavo ardiendo, le avalan para no ofrecer su cabeza como primera víctima colateral del caso Bárcenas. El presidente del Alto Tribunal ha quedado, eso sí, muy tocado de cara a todos los futuros temas que puedan pasar por sus manos y se ha convertido en presa fácil de todos aquellos que traten -al menos lo intentarán- de recusarle por su vinculación al PP. “El presidente del TC no puede ser miembro de un partido político, porque el Gobierno del PP tiene un interés destacable en la mayoría de las cosas sobre las que dirime y él, por tanto, no tiene autoridad para juzgarlas”, explicó ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch.

ERC es la única que, de momento, ya ha avisado que está preparando su recusación para apartarlo de asuntos como el que afectan a la declaración de soberanía de Cataluña. El resto de los grupos parlamentarios todavía no han llegado tan lejos y han sido más prudentes, aunque sí se han mostrado unánimes al exigir su comparecencia inmediata en el Congreso para que explique su afiliación y, sobre todo, para reprochar que ocultase ese dato en el examen parlamentario al que fue sometido por el Senado en octubre de 2010.

Desde el Partido Popular, González Pons también salió en defensa de Pérez de los Cobos y aseguró que “a este paso va a ser punible haber votado al PP”. El vicesecretario de Estudios y Programas del PP añadió que, de igual forma, “en el actual Tribunal Constitucional hay tres ex altos cargos de Gobiernos socialistas, no afiliados al partido, pero sí han sido altos cargos”. Se trata de Luis Ortega, que fue director general del departamento de Asuntos Institucionales de presidencia del Gobierno entre 1982 y 1989; José Antonio Xiol, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, entre 1985 y 1990, y Fernando Valdés, director del Servicio Jurídico del Estado entre 1986 y 1990.

Sea como fuere, el estallido del caso Pérez Cobos y la petición de explicaciones apoyada por la oposición, que ha dirimirse el próximo miércoles, han añadido un poco más de presión a un Gobierno que está contra las cuerdas. Una multitudinaria protesta, por otra parte, se concentró ayer frente a la sede del Partido Popular para pedir la dimisión de Mariano Rajoy. El presidente se ve abocado, cada vez más, a dar una respuesta política a los múltiples escándalos que le acechan para liberar tensiones ante un fin de curso político trepidante.