EL TRIBUNAL DE CUENTAS HABLA DE PLANTILLAS "SOBREDIMENSIONADAS"

Los profesores universitarios imparten de media menos de los 24 créditos anuales exigidos por ley

La media de créditos impartidos por un profesor universitario en España es, en general, inferior a los 24 créditos anuales exigidos por ley. Eso, unido a la baja ratio

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Los profesores universitarios imparten de media menos de los 24 créditos anuales exigidos por ley

La media de créditos impartidos por un profesor universitario en España es, en general, inferior a los 24 créditos anuales exigidos por ley. Eso, unido a la baja ratio de alumnos por profesor, pone de manifiesto “un sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de alumnos”.

Es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Cuentas en su último informe relativo al sector público autonómico en 2008 y 2009 y que incluye un capítulo relativo a la fiscalización de 33 universidades públicas españolas. Centros a los que el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda saca una vez más los colores por “no elaborar con rigor” sus presupuestos antes del comienzo de cada ejercicio económico y llevar a cabo modificaciones presupuestarias que conllevaron un incremento del 31,20% en 2008 y del 35,24% en 2009.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas, que echa por tierra, también, entre otras cosas, los jugosos incentivos de hasta 300.000 euros que se estaban otorgando a algunos profesores jubilados anticipadamente a modo de premios y que carecían de soporte legal, llama también la atención sobre el exceso de profesorado que existe en la mayor parte de los campus españoles en relación con el número de alumnos, que ha ido disminuyendo de forma constante en los últimos años. Para llegar a esa conclusión, el órgano ha analizado la situación de las universidades de Cantabria, Zaragoza, Extremadura, Murcia, La Rioja, Cartagena y Cataluña.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas, que echa por tierra, también, entre otras cosas, los jugosos incentivos de hasta 300.000 euros que se estaban otorgando a algunos profesores jubilados anticipadamente a modo de premios 

La media de créditos impartida por cada profesor estuvo por debajo de los 24 créditos anuales en los campus de Cantabria y Zaragoza, pero uno de los casos más significativos de este bajo rendimiento de los profesores, unido al sobredimensionamiento del profesorado, se registró en la Universidad de Extremadura.

En ese campus, la media de créditos anuales impartidos por profesor osciló entre 8,09 y 23,98. Esta dedicación a la docencia por parte del profesorado, unida a la media de alumnos por cada profesor (13), refleja ese claro sobredimensionamiento del que el Tribunal llama la atención. En 2009, los recursos humanos de la universidad estaban integrados por 3.130 personas (2.037 docentes e investigadores y 1.093 trabajadores en el servicio administrativo y de servicios) para atender a un total de 23.222 alumnos sin contar los doctorados.

Esta situación es similar a la que registró, también en 2009, la Universidad de La Rioja. En ella, la media de créditos impartidos por cada profesor osciló entre los 16,63 y los 18,28 al año. La media de alumnos por cada profesor fue de sólo 9, un cuadro que refleja otra clara situación de sobredimensionamiento en el personal docente del centro. Este tenía aquel año un total de 789 trabajadores (516 en personal docente y 282 en administración y servicios) frente a un total de 3.789 alumnos sin contar los doctorados.

En la Universidad Politécnica de Cartagena, la media de créditos impartidos osciló entre los 16,37 y los 18,90. La media de alumnos por profesor fue de 11 en un campus que tenía entonces 601 personas dedicada a la docencia y la investigación frente a 6.255 alumnos.

Irregularidades en la Complutense

La fiscalización del Tribunal de Cuentas también pone en entredicho, entre otros puntos, a la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid por la promoción inmobiliaria llevada cabo en el Campus de Somosaguas, detectada también en su día por la Cámara de Cuentas de la región.

El informe señala que la extensión en el tiempo de la actuación de la Fundación, consistente en la promoción inmobiliaria en Somosaguas y la significación económica que dicha operación tiene en el balance del ejercicio fiscalizado, que se cifra en un 48,5% del total, pone de manifiesto que dicha actividad “no ha tenido un carácter accesorio sino principal, lo cual no resulta coherente con los fines fundacionales de cooperar al cumplimiento de los objetivos de la UCM, contribuyendo para ello a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, investigación y formación”. 

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