Dívar fue expulsado del Poder Judicial por 2.900 euros

Carlos Dívar ha pagado por sus pecados y estos han costado tan sólo 2.990 euros. Esa es la cantidad que, según ha estimado el Tribunal de Cuentas, gastó injustificadamente el expresidente del Tribunal Supremo en viajes, cifra que le costó su puesto y provocó el mayor escándalo del Poder Judicial en la democracia. Según fuentes conocedoras del caso, Dívar ha hecho efectivo el pago del dinero que utilizó de las arcas del Consejo General del Poder Judicial, el cual también presidía, para disfrutar de estancias en Marbella aprovechando viajes institucionales.

El Tribunal de Cuentas abrió una investigación a instancias de la Asociación de Abogados Demócratas para Europa (ADADE), que resolvió que el expresidente del Alto Tribunal devolviera a las arcas públicas el dinero utilizado de forma indebida.

Esta asociación calculó que la cantidad cargada de forma injustificada al órgano de los jueces ascendía a 12.996 euros por 20 viajes a Puerto Banús (Marbella, Málaga) en fines de semana de, al menos, cuatro días, más 24 cenas y ocho comidas en restaurantes de lujo para dos comensales, contabilizados como gastos protocolarios. Sin embargo, el instructor que ha investigado la denuncia ha determinado que de dichos gastos sólo se le pueden reprochar 2.990 euros. El resto estaba debidamente justificado al tratarse de viajes organizados por el propio CGPJ por su cargo de presidente.

En la denuncia, ADADE reclamaba la devolución al erario público de un dinero que nunca debió salir de este. “Nada más impropio que los dispendios que con tales motivos se originen vayan con cargo al Estado, y ello máxime cuando la crisis económica que nos acucia obliga a todos los ámbitos públicos a recortar sus gastos, por más que, como parece que declaró el ínclito denunciado los mismos fuesen una miseria, palabras estas que, en el contexto que sea, reflejan perfectamente la laxitud de criterios, moral y jurídico del presidente del Consejo del Poder Judicial”, señala el texto.

Estos viajes costaron el puesto a Dívar, en una decisión sin precedentes en la historia de la Judicatura. En su salida, llegó a renunciar a la indemnización de 208.000 euros que le correspondían como presidente saliente del CGPJ. En la actualidad, vive con una pensión mensual de algo más de 2.000 euros como magistrado jubilado.

Sin otra salida que la dimisión

Dívar dimitió hace algo más de un año, el 21 de junio de 2012, después de una dura campaña de desprestigio contra él, encabezada por algunos vocales del órgano de los jueces. José Manuel Gómez Benítez le denunció ante la Fiscalía por la malversación de 5.658 euros gastados en seis viajes a Marbella, aunque luego amplió su escrito con otros 20, en total de 12.996 euros cargados a las arcas del Consejo. Era la primera vez que un miembro del órgano judicial denunciaba a su propio presidente. El Ministerio Público archivó la denuncia al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, pero el desprestigio de Dívar fue tan incontrolable que no tuvo otra salida que presentar su dimisión un mes después.

La Fiscalía recordó en ese momento que, según la normativa del Consejo, se pueden autorizar viajes sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad. Y de ahí la dificultad para examinar las causas. Además, señalaba que existen reuniones de carácter reservado incompatibles con la publicidad y que, por tanto, no pueden ser justificadas por el asunto o la persona a tratar.

Desde que Dívar dimitió, y fue sustituido por el actual presidente, Gonzalo Moliner, no ha vuelto a protagonizar ninguna aparición pública. Su nombramiento por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sorprendió a toda la carrera judicial al ser una persona de carácter conservador y católico. Sin embargo, era conocido por su discreción durante todo el tiempo que presidió la Audiencia Nacional. Desde el CGPJ era duramente criticado por su falta de actividad en el órgano y en el Tribunal Supremo no fue bien recibido al considerar que no tenía la categoría para presidir el máximo órgano judicial español.