Ramón Bagó logró cerrar un contrato con la Administración de 1,8 millones en un solo día

¿Se puede hacer un negocio de 1,8 millones de euros en un día? Se puede. Y más difícil todavía: ¿se puede hacer ese mismo negocio si interviene la lenta Administración pública, máxime si se tiene en cuenta que es necesario que exista un informe de expertos, comunicación de salvedades, reparación de errores, nueva revisión del contrato e informe definitivo? Se puede. Sólo se necesita un poquito de mano (o mucha) en la Administración, o sea, que esta esté regida por amigos.

Eso es lo que le pasó al empresario Ramon Bagó, socio fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDEC), íntimo amigo del expresidente Jordi Pujol, exalcalde de Calella, exdirector general de Turismo de la Generalitat, expresidente del Salón del Turismo de Cataluña y presidente del Grupo Serhs. Claro que cuando logró lo que parecía imposible, un contrato millonario en sólo unas horas, también presidía y controlaba un conglomerado de organismos públicos y, lo que es más importante, tenía hilo directo con los más altos cargos del Gobierno.

A la vista de la trayectoria de algunos de sus negocios, sólo caben dos posibilidades: o considerarlo un superhombre o abonarse a la sospecha de que hay alguna cosa que se nos oculta.

Lo de conseguir en un abrir y cerrar de ojos un contrato estratosférico (1,8 millones de euros anuales puede ser considerado así) no es fábula. Lo hizo en 2009, aprovechándose supuestamente de sus contactos en organismos públicos. Lo cierto es que, a través del Consejo Comarcal del Maresme (los consejos comarcales fueron una figura jurídica urdida por Jordi Pujol para contrarrestar el poder local de los ayuntamientos, tradicionalmente en manos de los socialistas), Bagó creó la sociedad mixta Serveis Educatius i Socials del Maresme SL, que se ocuparía de dar servicios de transporte escolar, comedores a centros educativos, acogida de la sexta hora y facilitación de monitores escolares. El presupuesto de estos servicios sería de 1,8 millones al año.

La sociedad se ocuparía también del servicio de atención domiciliaria a personas con dependencia, que tenía un presupuesto de poco más de 18.000 euros.

Una celeridad insólita

Para disimular la adjudicación de los servicios, se constituyó una agrupación de interés económico (AIE), “en la que tres de los cuatro socios son sociedades del Grupo Serhs”. Es decir, que el peso del negocio caía de lleno en manos del propio Ramon Bagó. El Consejo Comarcal, controlado por CiU, tramitó todo el papeleo en seis meses: la creación de los dos servicios públicos, el procedimiento para elegir un socio privado y la contratación. Así se recoge en un informe elaborado por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

Este informe subraya que “en relación con esta ágil tramitación, destacan determinados trámites que se produjeron casi de forma simultánea, como la valoración por parte del comité de expertos de la propuesta del único licitador y la nueva valoración de la enmienda”. Incluso se detectó que una de las empresas de Serhs cambió justamente antes de la exposición pública del proyecto su objeto social para poder formar parte de la operación.

Además, el texto señala que el “comité de expertos” eran tres personas pertenecientes a la Fundación Tecnocampus Mataró-Maresme, “de la cual se ha constatado que el Grupo Serhs tiene una importante representación”. El informe que emitieron constaba de una sola hoja (a pesar de la importancia del procedimiento”) y se da la circunstancia de que en un solo día se emite dicho informe, se comunican al licitador determinados errores en su oferta, este los enmienda, se vuelve a enviar la documentación al comité y el grupo de expertos emite el informe definitivo correspondiente. Una rapidez única en la Administración. Y con esa celeridad, Bagó consiguió la gestión de un contrato de más de 1,8 millones anuales.

Puesto en marcha el servicio en mayo del 2009, ese mismo año el 72% del gasto de la sociedad mixta se realizó con sociedades del Grupo Serhs. En ese ejercicio, los gastos de las sociedades de Bagó pagados por la empresa mixta que había creado con el Consejo Comarcal (excluyendo al personal) fueron de más de 120.000 euros, que ascendieron a más de 342.000 euros en el año 2010. Un negocio redondo.

De momento, la Oficina Antifraude ha concluido su investigación y, visto lo insólito del caso, ha enviado el informe a la Fiscalía. Ahora será, pues, el Ministerio Público quien decida si lleva ante el juez las irregularidades detectadas o deja pasar el tanto.