Expertos consideran inviable que Bretón logre tumbar el veredicto del jurado popular

El tribunal popular ha dictaminado por unanimidad que José Bretón es culpable de un doble delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco. Los pequeños Ruth y José, de seis y dos años, fueron asesinados, según el jurado por su padre, que los quemó en una hoguera en la finca familiar de Las Quemadillasla tarde del 8 de octubre de 2011. La Fiscalía y la acusación particular piden 40 años de cárcel, la pena máxima establecida, por doble asesinato. La defensa solicitaba su absolución y ya ha anunciado que recurrirá porque los indicios son débiles. La pregunta que todavía queda en el aire es: ¿podría darse por inválido el veredicto?

El abogado de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, advirtió nada más hacerse pública la sentencia que la recurrirá. Primero, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, si falla en contra de su cliente, presentará el recurso ante el Tribunal Supremo. El letrado se agarra a tres aspectos: la ausencia de prueba directa, que no se ha constatado la causa de muerte de los niños y su convencimiento de que se rompió la custodia de los huesos de Las Quemadillas. El Confidencial ha consultado con expertos en derecho penal qué posibilidades tiene el abogado de Bretón de invalidar la condena.

Fernando Santa Cecilia, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense, corrobora que hay pocas posibilidades de dar marcha atrás al proceso cerrado ayer, pero que José Bretón puede recurrir la sentencia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, “si se ha violado algún derecho constitucional, recurrir al derecho de amparo” para anular el veredicto dictado este viernes por el jurado popular. Sin embargo, este experto considera casi inviable que la resolución del tribunal popular se invalide y aplaude la labor de los nueve miembros del jurado: “Han hecho un trabajo excelente”.

El un juicio tan mediático como éste, se ha vuelto a sacar a debate la institución del jurado popular. En general, los juristas son contrarios a que un jurado popular decida si un acusado debe ser condenado, por simple “sentido común”. ¿Han podido realmente alejarse de la presión social y mediática que rodea el caso? ¿Pueden mantener la mente fría y evaluar las pruebas, sin ser expertos en leyes? El riesgo está en la utilización que hacen los medios de comunicación y enla existencia de juicios paralelos, según explica Nieves Martínez, profesora de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. “Acuden al juzgado con una convicción formada de antemano, que puede afectar a su decisión final”, añade.

Según los expertos, existen dos inconvenientes a la hora de elegir a un jurado popular: su falta de conocimientos jurídicos y la manipulación previa que pueden sufrir previamente los miembros del Tribunal. Otro problema para Martínez es la sobreexposición del jurado a los medios, como ha ocurrido en este caso. “No hay forma de evitarlo, y es posible que condicione un poco a los miembros a la hora de votar”. Para esta experta, lo mejor hubiera sido que un juez ordinario, “que es el que verdaderamente conoce la ley y sabe cómo aplicarla”, hubiera dictado sentencia. Para Santa Cecilia, sin embargo, la sentencia que ha dictado el jurado popular es impoluta. “Lo que no puede ser es que porque el juicio sea tan mediático se ponga en duda una figura tan importante como el jurado popular. Cuando los juicios, como el de Bretón, son tan públicos es una garantía para todos. Es ahí donde se debe actuar, porque es eso lo que hace daño a la Justicia", protesta.

¿Prejuzgados de antemano?

El jurado popular funciona en España desde la Ley del Jurado de 1995, aunque ya se contemplaba en el artículo 125 de la Constitución de 1978. Está formado por nueve ciudadanos que se eligen del censo electoral. La selección se hace multiplicando por 50 el número de causas que vaya a conocer el Tribunal, en función de los procesos de años anteriores. En la actualidad, el número de procedimientos anuales con jurado popular se ha estabilizado en alrededor de 600 al año, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los únicos requisitos para formar parte del mismo sonser español, mayor de edad, saber leer y escribir y no padecer ninguna incapacidad física o psíquicaque impida el desarrollo de esta función.

Tanto Martínez como Santa Cecilia reconocen que en España "no hay costumbre" de utilizar esta vía para juzgar un caso, pero los dos respaldan la labor de estas personas anónimas que, sin saber de leyes, condenan o absuelven a un acusado: "En este caso concreto, había indicios más que suficientes para condenarlo", tranquilizan los expertos.