EL TSJM SUSPENDE CAUTELARMENTE EL PROCESO

La Comunidad de Madrid, sin plan ‘B’ a la privatización de los hospitales

La justicia ha decretado la suspensión del proceso de adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para investigar por qué

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La Comunidad de Madrid, sin plan ‘B’ a la privatización de los hospitales
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    La justicia ha decretado la suspensión del proceso de adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para investigar por qué la Consejería de Sanidad modificó el aval económico a favor de las empresas adjudicatarias aspirantes a hacerse con alguna de las contratas. La decisión responde a una petición del Partido Socialista de Madrid, que reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tomase medidas “cautelarísimas” tras conocer el cambio de condiciones en las cláusulas del concurso, con el objetivo de hacerlo más atractivo para las ofertas empresariales.

    El punto de la discordia que ha dejado al Partido Popular de Madrid “sin plan B”, como ha reconocido el propio consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, tras conocer la decisión judicial, es el aval económico que las adjudicatarias debían depositar como condición obligatoria para acceder a la subasta. La cantidad se redujo a una décima parte: pasó de ser el 5% del contrato total al que aspiraban al 5% de una sola anualidad.

    Según el auto judicial, la Consejería de Sanidad tiene diez días para presentar alegaciones respecto a la medida cautelar solicitada por la parte demandante. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha restado importancia al documento y se ha mostrado convencido de que las alegaciones que su departamento presentará en breve conseguirán levantar la suspensión.

    Esta medida urgente que ha aceptado el tribunal supone que el concurso quede en el aire, al menos durante unas jornadas en las que Sanidad no puede firmar ningún acuerdo ni formalizar ningún contrato con Ribera Salud, el grupo puertorriqueño Hima San Pablo y Sanitas, las compañías escogidas para ceder la gestión de los seis hospitales públicos de Madrid. El Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de adjudicación la semana pasada, pero los contratos de cesión aún no están firmados.

    Los tres grupos de la oposición y los principales sindicatos sanitarios se sienten “esperanzados” ante la posibilidad de que el plan se pueda revertir. Para Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, la medida es “un paso importante para la paralización del proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad”. El portavoz de su grupo en la Asamblea ha insistido en que este proceso “viene marcado por la connivencia entre el Gobierno del PP y algunos grupos empresariales que quieren hacer negocio con la sanidad de todos”.

    Desde UPyD, el diputado y portavoz en la Asamblea, Luis de Velasco, también ha celebrado la decisión del TSJM y considera que la medida es “oportuna” para esclarecer “los aspectos más turbios” del proceso. Rubén Bejarano, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida, ha instado al Gobierno a “paralizar” el proceso de privatización y a abrir urgentemente una negociación con los agentes sanitarios para lograr un pacto que garantice la sostenibilidad del sistema.

    Los sindicatos médicos aplauden la medida 

    El secretario general del sindicato de médicos AMYTS, Julián Ezquerra, subrayó que su formación también reclama la suspensión cautelar en el recurso contencioso administrativo que presentaron y, en consecuencia, se ha felicitado de la decisión y confía en que la Justicia plasme de forma definitiva la “paralización” del proceso y que las “cosas vuelvan a su cauce”.

    El portavoz del sindicato de enfermería SATSE, José Manuel Freire, valoró también de forma “muy positiva” la medida, algo que al igual que AMYTS reclamaban en su propio recurso, ya que entiende que Sanidad “aplicó una variación sustancial” de las garantías iniciales de los pliegos. “Esta decisión da pie a la paralización del proceso, y esperamos que ello suponga la revisión”, agregó.

    Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), Mónica García afirma que este freno es “fruto del frente judicial común” abierto por colectivos, sindicatos y formaciones políticas contra la externalización. Para Afem, el proceso “está plagado de irregularidades” al ser una media que no está justificada “ni económica ni científicamente”, y espera que la justicia se pronuncie en este sentido.  

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