El Gobierno avisa: el Consejo de Estado lo avala para poner orden en los ayuntamientos

El Gobierno incluirá en el proyecto de reforma local todas las precisiones técnicas que ha hecho el Consejo de Estado al texto original, pero mantendrá íntegro el núcleo del mismo: las medidas de control presupuestario, de reducción de cargos y salarios en los municipios y la agrupación de servicios de los ayuntamientos en las diputaciones.

En fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial insisten en que las recomendaciones del órgano consultivo reconocen algo fundamental: que el Gobierno es plenamente competente para cambiar el régimen local sin tener que contar con las autonomías.

En una lectura más política, después de la contundente reprimenda que el Consejo de Estado ha hecho del proyecto (de conceptos, de desarrollo jurídico e incluso de redacción), en medios del Gobierno destacan el aval constitucional al fundamento y desarrollo de la reforma. “Compete al Estado regular la Administración local en todos sus órdenes y las comunidades autónomas tendrán que plegarse a las directrices de la nueva ley de régimen local que aprueben las Cortes”, sostienen en fuentes gubernamentales.

Ha sido el principal motivo de alivio para los impulsores de la reforma porque la oposición en bloque, nacionalistas y socialistas, han suscrito un acuerdo para rechazarla con el argumento de que va contra el principio de la autonomía municipal y que los cambios se deben someter al criterio de los Gobiernos regionales. Además, amenazan con recurrir la futura ley ante el Tribunal Constitucional.

La Generalitat catalana ya había anunciado que no pensaba aplicar la reforma local en Cataluña (como si fuera competencia propia) y otros Gobiernos regionales como el de la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla y León se disponen a legislar por su cuenta en la materia.

Frente al principio de autonomía local plena que ha permitido hasta ahora a los ayuntamientos fijar por su cuenta plantillas y sueldos de ediles y alcaldes, el dictamen del órgano consultivo también avala la constitucionalidad de las limitaciones en asesores y eventuales y de retribución de altos cargos y alcaldes que establece el texto del Gobierno para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria (también de rango constitucional). 

El Consejo de Estado critica la ambigüedad de los términos como “coste estándar” o “competencia impropia”. Considera que faltan “parámetros legales” y que el texto “habilita en blanco” al Gobierno para tomar decisiones sobre los ayuntamientos. El plan original del Ejecutivo consistía en fijar por un posterior decreto ley los costes estándar de los servicios que prestan los ayuntamientos para comprobar su “eficiencia” y decidir si pasaban o no a ser desempeñados por la institución local superior, normalmente la diputación.

El Ejecutivo incluirá ahora esas fórmulas para fijar el coste estándar en la propia ley, con lo que subsanará la principal queja de tipo legal del Consejo de Estado y se asegura, además, el control presupuestario sobre los ayuntamientos. Es el punto fundamental de la reforma para agrupar los servicios que prestan los municipios más pequeños (por debajo de los 20.000 habitantes) a un coste muy alto.

Derecho del Gobierno a poner orden

En el Gobierno admiten que, como advierte el Consejo de Estado, la reforma en marcha supone una limitación de la autonomía local, pero añaden que es inevitable ese recorte competencial y de servicios porque es la primera vez que se ordenan y esclarecen las competencias de los ayuntamientos frente a las otras Administraciones. Las duplicidades siguen a la orden del día y toca acotarlas desde abajo, insisten, sin que eso quiera decir que es inconstitucional la reforma.

En fuentes gubernamentales insisten en que las recomendaciones jurídicas y técnicas del Consejo de Estado serán incorporadas inmediatamente en el anteproyecto correspondiente. Aseguran los citados medios que se mantiene el calendario previsto y el Consejo de Ministros aprobará antes de las vacaciones una reforma que tiene que producir un ahorro de unos 7.000 millones de euros en lo que queda de legislatura.