El juez que explotó contra Bermejo, archivó el escrache de Soraya y ha imputado a Güemes

Dice Marcelino Sexmero que cuando empezó a ejercer como juez, con 27 años, lo hizo en un juzgado “con tantas goteras que había que entrar con paraguas”. Aquel recuerdo, unido a la constatación de que a lo largo del tiempo y de las décadas las cosas no han cambiado tanto en la realidad de los juzgados, atiborrados de papeles y legajos y tremendamente colapsados, le hicieron encabezar, en febrero del año 2009, la primera huelga de jueces que se producía en nuestro país.

En aquellos tiempos, en los que Sexmero compatibilizaba su plaza en Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid con la portavocía de la moderada Asociación Francisco de Vitoria, fue cuando explotó contra el exministro Mariano Fernández Bermejo, a quien acusó siempre de ser el principal pirómano de aquellas protestas, hasta entonces inéditas, por su carácter, “que echaba leña al fuego antes de negociar”. Así, la mañana de aquel 18 de febrero de 2009 dejó plantados en su juzgado de Plaza Castilla a 10 imputados y se fue a la huelga sin miedo a ser expedientado.

A sus 51 años y cuatro después de aquellos paros inéditos, Sexmero vuelve a estar otra vez en la picota de la actualidad pese a que hace ya tiempo que dejó de ser la cara visible de la Francisco de Vitoria. En menos de dos meses, sus actuaciones han copado ríos de titulares: primero, por su decisión de amparar el escrache a la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ahora, por haber imputado a quienes protagonizaron la primera privatización de la sanidad madrileña: los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela, apartados desde hace años de la primera línea de la política.

La Asociación Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, y Foro Judicial Independiente, la cuarta, fueron, en el año 2009, las que se desmarcaron del resto de las asociaciones (APM y Jueces para la Democracia) para convocar el primer gran paro de la Justicia. El propio Sexmero explicaba entonces las razones del hartazgo de muchos compañeros de la judicatura. “Hay un especie de catarsis. Sobre todo, en los jueces más jóvenes. Al juez cada vez se le da mayor responsabilidad punitiva pero, en cambio, no se le dan los medios para desarrollarla. Siempre hemos estado callados, en silencio, en medio de presiones políticas, mediáticas y desconsideración incluso de los propios justiciables. Todo eso ha ido calentando”, aseguraba en una entrevista al diario El País. 

Sobre la mesa de su despacho recayó en abril el escrache frente a la casa de la número dos del Gobierno que lideró, entre otros, el exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge. Sexmero lo archivó sin darle más importancia porque durante la protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se produjo ningún delito ni acto violento. Argumento que chocó frontalmente con quienes, desde el Gobierno y la órbita del PP, habían pedido mano dura al ministro del Interior contra estas protestas.

Según el magistrado, “la finalidad de la concentración o escrache no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Sáenz de Santamaría como miembro del Gobierno e integrante del Partido Popular, sino expresar en la vía pública la información  y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria”. El juez razonó también que la libertad de expresión y el derecho de reunión merecen “la máxima protección y garantías en su ejercicio” y recordó a los políticos que estos tienen límites más amplios a la hora de aceptar la crítica admisible.

Ayer, Sexmero volvió a la crónica informativa del día al aceptar a trámite la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas, entre ellas los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

Tras incoar el pasado 3 de junio las diligencias de investigación, el juez ha citado en su auto a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre en calidad de imputados. Las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de Lamela y Güemes.

A sus  51 años, este salmantino sigue dando que hablar a través de sus sentencias. Y eso, pese a que, como reconocía hace tiempo, de volver tener 20 años meditaría muy mucho si dedicarse o no la judicatura. “Hoy cuesta muchos años, yo lo saqué en tres, pero ahora se está llegando a los seis y siete años. Luego tienes dos años de Escuela Judicial, ahora los jueces se ponen a ejercer con 34 años. En materia salarial perdemos poder adquisitivo y es más atractivo ser notario, abogado de Estado, inspector de Hacienda o de Trabajo”, explicaba en otra entrevista. Alejado de la actual dicotomía izquierda-derecha, al PP y a la Comunidad de Madrid le ha estallado otro caso en las manos de un juez con corazón guerrero.