El Gobierno socialista acaba con el Defensor del Pueblo asturiano

El Gobierno socialista de Asturias ha preferido la compañía de UPyD en detrimento de Izquierda Unida y ha dado su visto bueno parlamentario a la eliminación de la figura de la Procuradoría General, nombre con el que se conoce en la región al Defensor del Pueblo autonómico. Cumple así el Ejecutivo de Javier Fernández con el pacto de legislatura que había alcanzado con el partido de Rosa Díez y que entre otras medidas, establecía la desaparición de esa institución, a la que siempre se había opuesto la coalición de izquierdas.

La eliminación de la figura de la Procuradoría General se justifica en el adelgazamiento del sector público y de la reordenación de la administración autonómica que impida duplicidades en los servicios a los ciudadanos. Esa fue la explicación que en su día dio el único diputado de UPyD, pero clave para la gobernabilidad de Asturias. Ignacio Prendes considera, además, que la Procuradoría no es absolutamente necesaria ya que el Defensor del Pueblo estatal puede ejercer las mismas funciones con idéntica eficacia, la misma argumentación que utilizó el Partido Popular, que en su intervención reclamó que la reestructuración del sector público sea más profunda y afecte a más organismos autonómicos. La Cámara regional consta también de una Comisión de Peticiones que hace años ejercía funciones similares y atendía las reclamaciones de los ciudadanos. Esta Comisión podría, incluso, reactivarse, según fuentes parlamentarias. 

UPyD no quiso hacer sangre de su triunfo político para no enfadar más a los escaños de Izquierda Unida. De hecho, la iniciativa para poner fin a las labores de la Procuradoría fue presentada por el Partido Popular, consciente de que iba a tener el apoyo mayoritario de la Junta General del Principado. Ignacio Prendes y Javier Fernández habían acordado que las funciones del organismo suspendido se mantengan hasta el 31 de diciembre, con el objeto de que dé tiempo a que la titular de la institución concluya todas las peticiones que se le han presentado y que todavía no le ha dado tiempo a tramitar. Esta puntualización figura en la iniciativa que en la mañana del viernes contó con el apoyo de cuatro de los cinco grupos con representación en la Junta General del Principado.

Tampoco los socialistas utilizaron su tiempo de intervención para reafirmar su posición de supresión de la Procuradoría. Más bien, la portavoz de este partido, dedicó la mayor parte de su discurso  descalificar el programa de reestructuración del sector público, con el que el PP trataba de contextualizar su iniciativa y su respaldo a las políticas de reordenación de las administraciones autonómicas que  el partido de Mariano Rajoy viene postulando para salir de la crisis.

Izquierda Unida mostró su contrariedad por el resultado de la votación y lamentó que una institución que, en su día, había nacido de su mano y por la unanimidad de toda la Cámara, desaparezca ahora en lo que entiende es un intento de poner coto a las funciones de control que los ciudadanos ejercen sobre el Ejecutivo. En su intervención, su portavoz, Noemí Martín, dejó entrever que su grupo podría volver a presentar en su día una iniciativa que restituya este organismo a la nómina de instituciones autonómicas, cuando considere que sus votos son necesarios para la gobernabilidad de la comunidad autónoma.

Aunque Izquierda Unida fue la impulsora de la constitución de la Procuradoría General, la titularidad del cargo correspondió durante toda la trayectoria a una militante socialista, María Antonia Fernández Felgueroso. Incluso en la elección de los puestos de responsabilidad se produjeron fricciones en el ámbito de la izquierda, ya que los socialistas prefirieron votar para el cargo de adjunto a un militante del PP en contra del aspirante de la coalición progresista.

Durante varias semanas, IU movilizó a sus militantes para mostrar en la calle su desafección a la eliminación de la Procuradoría y fueron varias las manifestaciones en contra de la medida, así como la recogida de firmas entre los ciudadanos para hacer ver a los dirigentes gubernamentales asturianos que la medida no es del agrado de los habitantes de esta región.

Durante la celebración del pleno, se produjo una salva de plausos a la intervención de la representante de Izquierda Unida, lo que obligó al presidente del Parlamento a advertir que de proseguir las manifestaciones de reprobación o apoyo a las intervenciones políticas se vería obligado a expulsar a los asistentes. La advertencia surtió efecto, pero a la salida del pleno, muchos de los que habían acudido como invitados reprocharon a los socialistas haberse dejado convencer por UPyD.