NUEVAS REBAJAS EN ASESORES Y PERSONAL EVENTUAL

El Gobierno cifra su reforma: 6.500 millones de ahorro al Estado, 16.300 al ciudadano

El Gobierno ha puesto cifras a los ahorros que aspira a lograr con su reforma general de las administraciones (37.500 millones desde 2011 hasta 2015 incluida

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El Gobierno cifra su reforma: 6.500 millones de ahorro al Estado, 16.300 al ciudadano
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    El Gobierno ha puesto cifras a los ahorros que aspira a lograr con su reforma general de las administraciones (37.500 millones desde 2011 hasta 2015 incluida la correspondiente a la reforma local); y también a los beneficios que reportará a los ciudadanos y empresas la supresión o agilización de trámites administrativos, permisos o licencias: otros 16.300 millones en el mismo periodo de tiempo. Las cifras son la principal novedad del informe-auditoría sobre la reforma de la Administracion aprobado por el Consejo de Ministros que cuantifica en 6.500 millones el ahorro que se puede conseguir con la supresión de duplicidades en los organismos, cierre y fusión de instituciones o los cambios en los sistemas de contratación y compra en el Estado.

    Esta última partida, que se refiere a la reforma general de la Administración (la local sigue su propio camino legislativo) depende en buena parte de que las Comunidades autónomas se avengan a cumplir con las recomendaciones de recortes en su aparato político y burocrático como propone el informe: defensores del pueblo, cámaras de cuentas, observatorios de todo tipo, empresas y consorcios.

    La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no han querido anticipar su respuesta ante los posibles rechazos de los gobiernos regionales, sobre todo los controlados por nacionalistas. Ambos han replicado con el mismo argumento: también se presentaba muy complicado que admitieran al principio de la legislatura que iban a cumplir con sus objetivos de recorte del déficit público y que accedieran a cerrar sus empresas públicas y resulta que lo están haciendo.

    Una vez más, Montoro ha dado a entender que el Ejecutivo tiene en su mano la ley de estabilidad presupuestaria y la capacidad de fijar a las Autonomías esos objetivos de déficit público, precisamente para garantizar que acepten la dieta de adelgazamiento que incluye el informe y que la propia Administración central se dispone a aplicarse desde el próximo Consejo de Ministros con el proyecto de ley de la factura electrónica o la inmediata fusión de organismos.

    Sáenz de Santamaría ha reconocido que la aplicación de la reforma de la Administración conllevará nuevas rebajas en las plantillas de asesores y personal eventual (no de funcionarios) en los tres niveles del Estado, al mismo tiempo que daba a entender que ya será mínimo porque el número de empleados públicos se ha recortado en 375.000 en menos de dos años, principalmente por la vía de no cubrir bajas.

    El problema de las administraciones ahora, según ha insistido la vicepresidenta, es incentivar la movilidad interna del funcionariado por los desequilibrios en las plantillas entre las distintas administraciones, departamentos; un fenómeno que aumentará en los próximos años con la aplicación de la propia reforma. Por eso, una de las próximas medidas será fomentar la flexibilidad y los cambios de destino dentro del Estado.

    Montoro ha reconocido que más de la mitad del ahorro que el Gobierno ha logrado corresponde a las bajas de personal eventual además de por el acuerdo de no reposición de puestos de empleados públicos.

    Según el ministro de Hacienda, el Ejecutivo confía en el principio de "lealtad institucional" y en el de la obligada colaboración entre administraciones para que las Comunidades autónomas sigan la guía de recomendaciones del informe para simplificar y reducir su aparato burocrático y prestar mejores servicios a los ciudadanos.

    La vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que los grandes beneficiarios de la reforma de la Administración deben ser las personas, físicas o jurídicas, que con medidas como las centrales de compra, la generalización de los trámites en internet, el portal único para la creación de empresas, la unificación de la información sobre concursos, la supresión de trámites o la convalidación de licencias se podrán ahorrar hasta 16.300 millones de euros hasta 2015.

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