El DNI de la infanta Cristina aparece vinculado a decenas de ciudadanos anónimos de toda España

El caos generado por el informe erróneo de la Agencia Tributaria sobre los bienes de la infanta Cristina sigue creciendo, a pesar de los intentos que han efectuado en las últimas horas todas las instituciones implicadas en el caso para tratar de aplacarlo. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha asegurado a través de una nota pública que la falsa atribución a doña Cristina de 13 operaciones inmobiliarias por importe de 1,43 millones de euros tiene su origen en una confusión de los números de DNI que se utilizaron para registrar estas operaciones. Según ha tratado de explicar Hacienda, notarios y registradores enviaron información errónea sobre estas 13 transacciones a la base de datos de la Agencia Tributaria, y los fallos habrían sido replicados en el informe enviado la pasada semana por este organismo al instructor del caso Nóos, el juez José Castro. La propia Agencia ha admitido que no comprobó los datos antes de remitirlos al Juzgado de Instrucción número tres de Palma porque el requerimiento judicial sólo solicitaba un volcado automático de datos, no un análisis o una interpretación.

Con todo, la explicación de Hacienda sigue dejando cabos sueltos. Registradores y notarios rechazan ser ellos los causantes del malentendido. El Consejo General del Notariado ha emitido un breve comunicado en el que asegura que “en ninguna de las escrituras públicas” de las propiedades en cuestión “figura la Infanta como propietaria o titular de derecho alguno”. Por su parte, los registradores también han asegurado que en sus archivos doña Cristina “sólo figura como titular registral de su residencia en Barcelona” y que las fincas cuya titularidad se le ha atribuido “ni figuran inscritas ni lo han estado nunca a su favor”. Es decir, que notarios y registradores rechazan por completo la versión que ha elevado Hacienda para tratar de aclarar el embrollo.

Lo cierto es que parece difícil que el DNI de la segunda hija del Rey, 00000014Z -de sólo dos dígitos como los del resto de miembros de la Casa Real-, pueda haberse confundido con una combinación normal de siete u ocho cifras. Y no sólo una vez, sino en 13 ocasiones, ante notarios y registros diferentes, y en provincias distintas. Los propios registradores han señalado que la posibilidad de que se haya producido una equivocación en cadena de estas características es nula. El nombre oficial de la infanta, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, tampoco parece fácil de traspapelar.

Un DNI mancomunado

No obstante, los antecedentes dejan abierta la vía del error, aunque ni Hacienda, ni registradores, ni notarios hayan explicado aún cómo pudo producirse este dislate. De hecho, el galimatías burocrático podría ser incluso mayor y afectar a más instituciones de lo que parece en un principio.  

Sólo en internet figuran más de una decena de ciudadanos que comparten DNI con la infanta Cristina. Así aparece al menos en documentos oficiales de diferentes Administraciones Públicas. El Boletín de la Diputación Provincial de Valencia, por ejemplo, señala que el documento nacional de identidad del propietario de un taller de electricidad del municipio de Chera (Valencia) con iniciales de L.F.S. es 00000014Z, el mismo que el de doña Cristina. Asimismo, el Boletín Oficial de la Región de Murcia atribuye ese mismo DNI a otro ciudadano con iniciales L. B. V. al que se le habrían embargado sus cuentas bancarias. A su vez, el Boletín Oficial de la Provincia de Almería asegura que un habitante del municipio de Carboneras, con idéntico número de identificación que doña Cristina e iniciales M.A.M., tiene pendiente el pago de las cuotas del servicio local de recogida de basura. Y en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona aparece otro ciudadano con el DNI de la infanta e iniciales P.C.S. al que el Ayuntamiento de Portbou le reclama las tasas del cementerio municipal. Estos son sólo algunos ejemplos. La lista continúa hasta introducir este episodio en el terreno del esperpento.

Fuentes oficiales de la Dirección General de Policía consultadas por este diario aseguran tras conocer estas coincidencias que en la base de datos del Ministerio del Interior sólo aparece una persona con el DNI 00000014Z: la infanta Cristina. El resto de casos sería fruto, apuntan estas fuentes, de errores cometidos por los funcionarios de cada una de estas instituciones a la hora de procesar los DNI de ciudadanos anónimos. 

Lo mismo podría haber ocurrido en el documento aportado por la Agencia Tributaria al sumario de Nóos. Pero notarios y registradores insisten en que sus informaciones sobre doña Cristina no contienen ningún error y que tampoco se produjo ningún fallo en el proceso de transmisión de sus datos al archivo que maneja Hacienda. En los seis días que dura ya este vodevil, apenas se han dado pasos para despejar sus incógnitas centrales.

Petición de aclaraciones y responsabilidades

El revuelo generado por este escándalo pasará factura a la credibilidad de Hacienda y del propio responsable de la cartera, Cristóbal Montoro, que desde que trascendió el informe de la Agencia Tributaria ha rechazado ofrecer una explicación convincente sobre este preocupante equívoco. Todos los grupos de la oposición han pedido a Montoro que comparezca en el Congreso de los Diputados para aclarar su gestión en este capítulo. La sensación de caos está tan extendida que hasta el propio Partido Popular ha considerado necesarias las explicaciones del ministro. El portavoz de los populares en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, ha declarado que no se opondrán a una comparecencia del ministro.

Los populares, sin embargo, han decido concentrar toda la responsabilidad en una pieza menor. El partido político del Gobierno ha considerado que es imprescindible que la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, designada para el cargo por el propio ministro de Hacienda, ofrezca todos los datos necesarios para arrojar luz sobre este descomunal malentendido.

Viana ya protagonizó una controvertida intervención en público el pasado mes de febrero con motivo de una rueda de prensa para informar del trabajo de la Agencia Tributaria en las pesquisas judiciales sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. Al término de su comparecencia, sin saber que su micrófono aún estaba abierto, Viana admitió a la persona que la escoltaba en la mesa: “No sé ni lo que he dicho. Ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho”. El sonido fue captado con claridad por los medios de comunicación presentes. Viana no salió bien parada de ese incidente, pero Hacienda parece haberle encomendado la misión de desentrañar las disfunciones que encierra el informe sobre la Infanta. La directora de la Agencia tiene ante sí un reto complicado.