El caos del informe sobre las propiedades de la Infanta pone a Montoro y Hacienda en la picota

La petición cursada por el juez del caso Nóos, José Castro, a la Agencia Tributaria para conocer la evolución del patrimonio de la infanta Cristina con el objetivo de acotar su vínculo con este escándalo de corrupción ha generado un galimatías burocrático que no deja bien parado a nadie, especialmente a Hacienda y a su máximo responsable, Cristóbal Montoro, ausente en la gestión de un caos que afecta a una tan alta personalidad del Estado.   

Ninguna de las instituciones implicadas en este episodio ha sido capaz de explicar, tres días después de que se desvelara el contenido del informe, los motivos por los que se atribuye a la infanta Cristina operaciones de venta de inmuebles que casi con total probabilidad nunca se produjeron.

El vodevil arrancó con el requerimiento del juez Castro a la Agencia Tributaria para que le aportara toda la información que tenga disponible sobre la Infanta Cristina. El juez recibió la contestación el pasado viernes, y en ella Hacienda asegura que en los años 2005 y 2006 la infanta Cristina vendió 13 propiedades inmobiliarias situadas en Pilar de la Horadada (Alicante), Arenys de Munt (Barcelona), Almagro (Ciudad Real) y Alicante. Por estas operaciones habría ingresado en total 1,43 millones de euros.

Sin embargo, la información fue desmentida al instante por la Casa Real, que la calificó de “falsa y carente de toda base”. Y los propietarios actuales de las fincas en cuestión también han rechazado habérselas adquirido a la Infanta. Es decir, que la información aportada por la Agencia Tributaria al caso Nóos sobre Doña Cristina no se corresponde con la realidad.

Sin explicaciones creíbles

Nadie ha aclarado aún los motivos de esta grave equivocación. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el juez Castro sólo pidió a la Agencia Tributaria que le aportara toda la información disponible sobre la infanta, no un informe ni un análisis en profundidad. Por ello, según explican las fuentes consultadas, la Agencia se limitó a remitir un volcado de todas las operaciones que su base de datos atribuye a la esposa de Iñaki Urdangarín. El envío se hizo sin evaluar ni validar la información, a pesar de la trascendencia del caso, y tomando como referencia datos sin contrastar de notarios y registradores que podrían estar equivocados. Pero sigue sin explicarse cómo se le han podido atribuir a la Infanta propiedades que en realidad nunca ha tenido.

Notarios y registradores, los otros implicados en este episodio, tampoco ofrecen una respuesta. El Consejo General del Notariado ha rechazado ofrecer su versión de los hechos acogiéndose a su silencio habitual en “los asuntos relacionados con temas de supuesto blanqueo de capitales o evasiones fiscales”. Por su parte, los Registradores afirman que desconocen una explicación para la falsa atribución a la Infanta de operaciones que nunca habría protagonizado.

Montoro ha preferido no entrar en la polémica, pese a la dimensión del embrollo y las responsabilidades que le corresponden en este confuso capítulo. Desde Santander, el ministro de Hacienda ha declarado que no conocía los detalles del controvertido informe de la Agencia Tributaria 72 horas después de que trascendiera. “No conozco el fundamento de ese informe ni en relación con la Infanta ni en relación con ningún contribuyente”, ha zanjado el máximo responsable de Hacienda este lunes, aunque ha apuntado que puede haber algún error en la información remitida a Castro. Pero no ha ofrecido más detalles.

La oposición pide explicaciones

Puede que tenga que contarlos en el Congreso. Los principales partidos de la oposición ya han pedido al máximo responsable del erario público que comparezca en el Congreso para aclarar los motivos de esta equivocación, que resta credibilidad a la instrucción del caso Nóos y arroja dudas sobre los mecanismos de funcionamiento de la Agencia Tributaria. PSOE e Izquierda Unida quieren que Montoro desvele si el informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre Doña Cristina es veraz y, de no serlo, cuáles han sido las disfunciones que han desembocado en esta equivocación.

Una de las posibles explicaciones es que los 13 inmuebles traspasados se inscribieran anotando por error el DNI que corresponde a la Infanta y no el del verdadero vendendor. Pero esta opción es extremadamente remota porque requeriría que al menos tres registros provinciales distintos -Alicante, Ciudad Real y Barcelona- hubieran cometido exactamente la misma equivocación, algo improbable, y más aún teniendo en cuenta que el DNI de Doña Cristina es difícil de confundir con otro común porque el suyo sólo consta de dos dígitos.

En todo caso, si la Agencia Tributaria tenía en su base de datos anotados erróneamente estos 13 inmuebles a nombre de la Infanta, también es incomprensible que el malentendido no se haya desvelado hasta ahora. En los ejercicios previos a las supuestas operaciones de venta, Hacienda debió cruzar necesariamente su información con la aportada por la propia Infanta en sus declaraciones de la renta, y si los datos no concordaban debería de haber saltado la alarma.

Además, si la Agencia Tributaria estaba convencida de que esas transacciones fueron protagonizadas por la integrante de la Familia Real, también debió reclamarle los impuestos por las plusvalías que se derivaran de ellas. Y si lo hizo, lo lógico es que la Infanta se opusiera y reclamara a Hacienda que rectificara su base de datos. Pero parece que nada de esto ocurrió, añadiendo así aún más desconcierto a un caos que se ha expandido como un gas noble por la dejación de Montoro. Las consecuencias pasarán factura a la credibilidad de la Agencia Tributaria.

El juez del caso Nóos reacciona

El juez Castro no ha esperado a escuchar los razonamientos del ministro de Hacienda en la Cámara Baja para empezar a desentrañar la madeja. El instructor del caso Nóos ya ha solicitado directamente a los registros de las provincias en las que se habrían producido las transacciones sospechosas que aclaren si los datos de la Agencia Tributaria se corresponden con los que tienen en su poder.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también ha anunciado que la Fiscalía Anticorrupción investigará el documento elaborado por Hacienda.