Interior no pedirá la prisión para Bolinaga pese al dictamen médico que avala su encarcelamiento

El dictamen del Colegio de Médicos de Madrid que este jueves ha concluido que el preso etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga podría ser tratado del cáncer que padece dentro de prisión ha vuelto a situar el foco sobre la actuación del Ministerio del Interior en este polémico episodio.

Las asociaciones de víctimas han reaccionado exigiendo al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz que promueva urgentemente el reingreso de Bolinaga en el centro penitenciario de Zaballa (Vitoria) para que el etarra termine de cumplir la condena de 200 años de cárcel que le fue impuesta en 1998 por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y el asesinato de tres guardias civiles. Hasta el momento, Bolinaga sólo ha pasado en la cárcel 15 años de los 30 que podría llegar a cumplir como máximo por la limitación de la estancia en prisión que establece la ley.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha reclamado al juez de vigilancia penitenciaria que tenga en cuenta el dictamen médico -fruto de una discusión en la que han participado 13 profesionales- y ha pedido que todos los que “abrieron a Bolinaga la puerta de la calle asuman sus responsabilidades” y “lo que han hecho mal”.

Críticas en las filas del PP 

El informe del Colegio de Médicos también ha reactivado en el Partido Popular las voces que cuestionaron en su día la excarcelación del terrorista, básicamente las procedentes del PP vasco. Su expresidente y hoy eurodiputado, Carlos Iturgaiz, ha pedido este jueves desde Bruselas al Ministerio del Interior que rectifique las decisiones que tomó el pasado verano en beneficio del etarra cuando parecía que estaba en estado terminal. Iturgaiz insiste en que el informe invita a devolver a Bolinaga a la cárcel, que dejar que se fuera a casa fue “una mala decisión” y que, además, durante todo este tiempo se ha reído de las víctimas y de la democracia española.

El dirigente del PP ha recordado que el pretexto para que Bolinaga saliera de la cárcel era que estaba a punto de morir, pero que desde que obtuvo el permiso se ha dedicado a recorrer las tabernas de Mondragón con sus amigos para “tomar potes”. Iturgaiz, más que pedir autocrítica a las autoridades, ha dicho que prefiere “actuaciones”, porque se ha confirmado que el terrorista debe estar, como todos los asesinos, “entre barrotes”. Otros dirigentes populares también han secundado esta posición.

Los dos principales sindicatos de la Policía Nacional, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP), también han solicitado a Interior en declaraciones a Europa Press que haga las gestiones necesarias para que Bolinaga vuelva cuanto antes a la cárcel.

Interior: La decisión corresponde a la Fiscalía

Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este diario aseguran que comprenden la posición de las víctimas y policías y las críticas de dirigentes como Iturgaitz, pero recuerdan que la decisión sobre la libertad de Bolinaga corresponde al juez de vigilancia penitenciaria y que la Fiscalía ya se pronunció el pasado mes de febrero en contra de promover la revocación de la excarcelación del etarra después de que este fuera filmado por Intereconomía asegurando que no se arrepentía de nada.

Efectivamente, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional fue el encargado de dejar a Bolinaga en libertad el 30 de agosto en 2012, atendiendo a informes forenses que aseguraban que su salud era crítica y necesitaba asistencia sanitaria incompatible con su encarcelamiento. Pero si el juez pudo tomar esta decisión fue porque previamente el Ministerio del Interior había concedido a Bolinaga el tercer grado aduciendo motivos de salud, a pesar de que el etarra no había cumplido los años de prisión necesarios para conseguirlo y tampoco se había arrepentido del daño causado a sus víctimas, dos de las exigencias que se tienen en cuenta para conceder a los reclusos el grado más beneficioso. 

Además, Interior desoyó otros informes que no consideraban necesario que Bolinaga saliera de la cárcel para recibir tratamiento. El dictamen del Colegio de Médicos de Madrid conocido ahora insiste en que la excarcelación del etarra no era imprescindible, destruye el argumento que utilizó Interior para justificar la concesión del tercer grado y acrecienta las sospechas sobre los verdaderos motivos que llevaron al Gobierno a tomar aquella decisión.

Camino del año de vida

Públicamente, el Ejecutivo lamentó profundamente su excarcelación. Fernández Díaz llegó a decir que era un trago “doloroso”, pero también aseguró que oponerse al dictamen judicial que lo dejaba en libertad habría sido un acto de “prevaricación”. El ministro del Interior defendió, además, que los informes forenses avalaban que la situación del etarra era crítica y que su esperanza de vida en el mejor de los casos era de sólo nueve meses. Pero el secuestrador y triple asesino de la banda ha cruzado ya ese umbral en condiciones de salud aparentemente aceptables y va camino del año. Cuanto más se extienda su horizonte vital, más difícil le va a resultar al Gobierno mantener su posición.