SEGÚN EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO DEL SEGURA

Amnistía para los cientos de regadíos ilegales de Murcia, Alicante y Albacete

El borrador del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, elaborado por la Confederación Hidrográfica que preside Miguel Ángel Ródenas, plantea una amnistía o ley

Foto: Amnistía para los cientos de regadíos ilegales de Murcia, Alicante y Albacete
Amnistía para los cientos de regadíos ilegales de Murcia, Alicante y Albacete
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    El borrador del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, elaborado por la Confederación Hidrográfica que preside Miguel Ángel Ródenas, plantea una amnistía o ley de punto final para los cientos de casos de regadíos ilegales detectados en numerosas zonas de Murcia, Alicante, e incluso Albacete, siempre y cuando “puedan acreditar su existencia con anterioridad” al anterior plan de 1998. El documento plantea su legalización como “objetivo”.

    El nuevo plan de cuenca del Segura está en información pública durante seis meses desde principios de junio. El artículo tercero de la Normativa del Plan (capítulo 1, página 10) dice que esas zonas de cultivo “se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no tendrán la consideración de nuevos regadíos” si prueban que funcionan desde antes de la entrada en vigor del plan del 98.

    Pero las nuevas concesiones de agua para regadío quedaron prohibidas en la cuenca del Segura por el decreto ley 3/86 de 30 de diciembre que siguió a la Ley de Aguas que entró en vigor el 1 de enero de 1986. El motivo de cerrar el grifo era no sólo la oficialmente declarada escasez de agua en la cuenca del Segura, sino también para justificar la solución del trasvase desde el río Tajo, que funcionaba desde 1980.

    Sin embargo, y aunque la normativa lo impedía, se siguieron ampliando regadíos y perforando pozos ilegales antes y después de la entrada en vigor del plan de cuenca de 1998, a pesar de que este mantuvo la prohibición de nuevos regadíos de aquel decreto.

    De hecho, en el año 2000, antes de la aparición de la burbuja inmobiliaria, los sindicatos regionales de CCOO y UGT plantearon al consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, todavía en el cargo, la necesidad de una ley de punto final para los regadíos ilegales. En la época, el director general del Agua en la consejería era el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, que pasó a este cargo tras la victoria electoral de Mariano Rajoy.

    La petición fue acogida con interés por la Consejería, según se publicó entonces, pero no se pudo llevar a cabo porque habría sido necesario cambiar injustificadamente el plan apenas dos años después de su entrada en vigor y cuando el foco ya estaba puesto sobre los caudales del trasvase Tajo-Segura por las dudas existentes sobre su correcta utilización. 

    Con la aparición de la burbuja inmobiliaria en la primera década de este siglo, los usos ilegales del agua de regadío aumentaron exponencialmente para favorecer y abastecer las nuevas construcciones de viviendas y campos de golf y aumentar la superficie agrícola productiva. Consecuentemente, el fiscal estatal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, inició investigaciones y procedimientos judiciales en la cuenca del Segura contra una treintena de grandes empresas y comunidades de regantes por cambiar los usos del agua, comerciar ilícitamente con ella o abrir nuevos pozos sin autorización. Estas prácticas habían quedado expresamente prohibidas en real decreto-ley 3/86.

    Los procedimientos iniciados por Valerio suscitaron una agria polémica estatal sobre los usos del agua en la cuenca del Segura porque eran los tiempos en que el Gobierno de José María Aznar estaba dispuesto a atender las peticiones de los presidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Eduardo Zaplana y consagrar un nuevo trasvase desde el río Ebro al Segura en el Plan Hidrológico Nacional, que se elaboraba con la oposición de Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha.

    Como la ley de punto final, los sumarios de Valerio quedaron en nada: duermen el sueño de los justos en los juzgados comarcales en los que recayeron mientras las grandes empresas agrícolas de la cuenca continúan con los usos del agua que les parecen para mantener en explotación miles de hectáreas de regadío.

    La fiscalía estatal inició unos 130 expedientes derivados de denuncias de la Guardia Fluvial realizadas entre 1983 y 2002 y que afectaban, entre otros, a grandes grupos agroindustriales (Grupo Paloma, Lo Romero-Frocap, Hernández Zamora, Juan Jiménez, etc.) y a comunidades de regantes (Águilas, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Mula, etc.) que operan la mayoría en la zona de regadíos de la cuenca del Segura próximas a la costa. Todos ellos explotan decenas de miles de hectáreas de regadío del medio millón que tiene la cuenca segureña.

    Mientras, las explotaciones de pozos de menos de 7.000 metros cúbicos al año para regadío siguen totalmente prohibidas en el proyecto que está en información pública. El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará, si llega a ser definitivo en los términos descritos, los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas.

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