Así quedaría el Congreso ‘cremallera’ del PSOE

Adiós a Joan Tardá y sus reivindicaciones en catalán. Al portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, aquel que estrenó la legislatura exigiendo a Rajoy “altura de miras”. También a uno de los históricos del PSOE, Txiki Benegas. Si en las últimas elecciones al Congreso se hubiesen exigido listas cremallera-como se debate este sábado en la Comisión de Igualdad del PSOE-, el Parlamento incluiría algunas sorpresas. Sorpresas y oportunidades, como la de comprobar si Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, sería capaz de dar tanto juego en los escaños como ha dado en la calle.

Este sábado, Rubalcaba presenta en la reunión de Igualdad de su partido, que se celebra en Sevilla, una propuesta de reforma de la Ley Electoral que incluye este polémico sistema, que impone una alternancia obligada entre sexos en todas las candidaturas electorales. Es decir, a cada hombre debe seguirlo una mujer, y viceversa. La ley actual exige que haya una proporción de 3 a 2 cada cinco puestos, pero no impide que las tres personas que encabezan cada candidatura (quizá los únicos que resultan efectivamente electos), por ejemplo, sean varones. En una lista cremallera, es obligado alternarlos uno a uno, cualquiera que sea el sexo de quien la encabece.

El 20 de noviembre de 2011, en las legislativas que dieron el Gobierno a Mariano Rajoy, resultaron electas 124 mujeres, de un total de 350 diputados. El porcentaje, un 35,4%, asciende hoy al 40% (140) gracias a que los varones que han causado baja han sido sustituidos, en su mayoría, por féminas.

Con listas cremallera, Francisco Vañó -el primer tetrapléjico en entrar en el Congreso, defensor de los 140 km/hora en las carreteras- se hubiera quedado sin su acta de diputado. También, entre otros, su compañero Pablo Casado, antiguo asesor de Aznar y expresidente de Nuevas Generaciones; o Fernando López-Amor, expresidente de RTVE.

En el PSOE, las bajas en el Congreso hubieran sido asimismo numerosas: Román Ruiz y Juan Carlos Corcuera de la lista de Carme Chacón; Miguel Ángel Cortizo de la que entonces encabezó Francisco Caamaño en A Coruña; Joan Ruiz i Carbonell -uno de los amonestados por Chaves por aplaudir a los ciudadanos que protestaban en el Congreso- de la de Tarragona; y, de la de Madrid, Diego López Garrido. 

También en la capital, algún cambio en la candidatura del PP hubiera sido notable: Alberto Ruiz-Gallardón hubiera quedado de número tres, detrás de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, desbancando a Ana Mato. Y, tras las elecciones, Cristina Cifuentes hubiera entrado en el Congreso. De IU, al contrario, se hubiera quedado fuera Caridad García.

No es la única: con esas listas se hubieran quedado sin escaño diputadas por Cáceres, Pontevedra, Castellón, Burgos… Y es que, en un Parlamento con cremallera, estarían (en el Congreso) más de las que hoy son (diputadas), pero no serían todas las que hoy están. Un argumento más para quienes no aceptan el sistema cremallera.

Este tipo de listas obligatorias no son una novedad, ni en el mundo ni en España, aunque sí escasean. Túnez celebró con ellas sus primeras elecciones democráticas, en 2011, y en Andalucía están vigentes y avaladas por el Tribunal Constitucional, que rechazó también en 2011 un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Sin embargo, no es el Partido Popular el único contrario a estas listas: el propio PSOE, en su Congreso Federal del pasado año, dijo no a las cremalleras.