El sindicalista Lanzas se repartió los ERE de las bodegas de Jerez

La “estrecha relación” con Antonio Fernández, consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010, fue clave para el reparto de los ERE. José González Mata, dueño de la mediadora Uniter, aprovechó su íntima amistad con Fernández, natural de Jerez, para encargarse de los expedientes relacionados con las bodegas de la quinta ciudad andaluza, según figura en el sumario del caso de las falsas prejubilaciones en Andalucía, al que ha tenido acceso El Confidencial. Él y el sindicalista Juan Lanzas -que se quedó la parte del pastel de Garvey- se las repartieron todas.

En el ERE firmado en la bodega González Byass ya aparece el nombre de Antonio Fernández, pero asegura que jamás cobró cantidad alguna ni la prejubilación. Tampoco el despido. El exconsejero trabajó 40 años en la empresa. “Yo estoy limpio”, aseguró el ex número 1 de la consejería, quien despachó codo con codo los nueve años que Francisco Javier Guerrero pilotó la dirección general de Trabajo del Gobierno andaluz.

Antonio Fernández aseguró a la juez Mercedes Alaya, en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla antes de su entrada en prisión el Lunes de Feria de 2012, que se abstuvo de intervenir en la tramitación del ERE de González Byass, aunque no avisó por escrito. Tras su imputación, el exconsejero renunció a la prejubilación, aunque sí firmó la póliza de la indemnización por despido de 31.900 euros.

En la declaración ante la Guardia Civil del 17 de julio de 2012 que prestó en calidad de imputado, Francisco González García (excomercial de las oficinas en Sevilla de la aseguradora Vitalia), explica cómo Uniter consiguió captar el negocio “de todas las pólizas subvencionadas por la Junta de Andalucía cuya prima era de mayor cuantía”. En un auto de esta misma semana, la magistrada Alaya decidió aumentar la imputación de González Mata por presuntos delitos de “malversación, cohecho, asociación ilícita, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y dos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento mercantil”.

Por otro lado, Juan Lanzas, el conseguidor que pagó 35.000 euros en viajes de lujo en agradecimiento por hacerse con los ERE, obtuvo la tramitación de los expedientes de la bodeguera Garvey, propiedad de la familia Ruiz-Mateos. La juez ya atribuyó un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29% conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según Alaya, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama

El negocio de Vitalia con las pólizas subvencionadas de la Junta de Andalucía llegaba de la mano de Juan Lanzas gracias a otra “estrecha relación”. En este caso, el protagonista es el por aquel entonces director general de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz, Francisco Javier Guerrero, que el miércoles por la tarde salió de la cárcel, como ya había adelantado el pasado domingo en una entrevista concedida a este diario.

Antonio Albarracín, responsable de Vitalia, mostró su “enfado” al quedarse la competencia (Uniter) con el negocio que él quería para su empresa. Albarracín pensaba que los beneficios conseguidos con los expedientes de Garvey resultaban claramente insuficientes. Este exdirectivo de Vitalia, puesto en libertad el pasado 23 de mayo tras pagar una fianza de 600.000 euros, “actuaba por iniciativa propia en Andalucía” siendo esta comunidad “el cortijo del señor Albarracín” en cuanto a las pólizas de renta colectiva investigadas.