Camps defenestró a la funcionaria que se negó a pagar facturas falsas de Urdangarin

La osadía le costó muy cara. Isabel Villalonga se negó a pagar, siendo subsecretaria de Presidencia de la Generalitat, decenas de facturas que el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y sus sociedades satélite -entre ellas Aizoon SL, propiedad al 50% de la infanta Cristina de Borbón- le presentaron al cobro en 2006 por trabajos fantasma e informes copiados de internet. El yerno del Rey trasladó su protesta a Francisco Camps por los impagos acumulados, y el entonces president defenestró fulminantemente a la funcionaria, según han revelado a El Confidencial fuentes muy cercanas al PP de la Comunidad Valenciana.

Villalonga, funcionaria de carrera y en la actualidad secretaria general de la Delegación del Gobierno en Valencia, es hermana de Fernando Villalonga, exconseller de Educación en el primer Ejecutivo autonómico de Eduardo Zaplana y ahora hombre fuerte de Ana Botella en la candidatura olímpica de Madrid 2020.

En vísperas de la Navidad de 2005, la Generalitat y el Instituto Nóos firmaron un convenio de colaboración por el que la entidad supuestamente "sin ánimo de lucro" se comprometía a conseguir que Valencia fuera la sede de los I Juegos Europeos a cambio de una minuta de seis millones de euros. Cuatro meses más tarde, periodo de tiempo durante el que Nóos se limitó a elaborar un puñado de informes sin valor alguno a base de burdos copia y pega de internet, Urdangarin comenzó a librar a la Generalitat "numerosas facturas pretendidamente acreditativas de los servicios prestados".

Así lo afirma el juez José Castro, instructor del caso Nóos, en la exposición razonada que remitió el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que decida si imputa a Camps y la alcaldesa Rita Barberá por haber adjudicado a dedo al yerno del Rey contratos por importe de más de 3,5 millones de euros de fondos públicos: 3,2 millones por la organización de los Valencia Summit, tres foros sobre turismo y deporte desarrollados entre 2004 y 2006, y casi 400.000 euros más por los frustrados Juegos Europeos, que nunca se celebraron.

El pago de esos cerca de 400.000 euros fue autorizado por Villalonga, que, además de abogada y subsecretaria de Presidencia de la Generalitat, era la responsable del seguimiento del convenio de colaboración suscrito con el Instituto Nóos. Pero la cantidad que la funcionaria rechazó pagar a Urdangarin y su entonces socio, Diego Torres, fue mucho mayor: 1,9 millones de euros. Villalonga se negó a abonar más de 120 facturas emitidas en 2006 por todas las empresas vinculadas a la trama corrupta supuestamente controlada por el duque de Palma, incluida la que comparte con la Infanta, Aizoon SL.

Estudios de "viabilidad"    
 

Villalonga, que llegó a estar imputada en el caso Nóos, devolvió todas esas facturas porque, como declaró al juez Castro, ninguna de ellas estaba justificada documentalmente ni acompañada del correspondiente informe supuestamente elaborado por los expertos del Instituto Nóos. Una de esas facturas, por importe de 70.000 euros, fue emitida, como pago a un inexistente "estudio de viabilidad" de los Juegos Europeos, por Aizoon SL, una sociedad pantalla presuntamente utilizada por Urdangarin y la Infanta para defraudar a Hacienda y blanquear dinero.

La actual secretaria general de la Delegación del Gobierno tumbó también, entre otras, 69 facturas de Virtual Strategies y Shiriaimasu -dos de las firmas de la trama- por importe de 760.000 euros; 18 más de Lobby Comunicación, una consultora subcontratada por Urdangarin que elaboró informes fusilados de internet, que ascendían a 580.000 euros; y 10 facturas por un total de 120.000 euros libradas por la empresa de los cuñados de Torres, los hermanos Miguel y Marco Antonio Tejeiro.

Este último, que además ejercía de asesor jurídico de la trama corrupta, llamó repetidamente a Villalonga para conocer las razones del rechazo a abonar esas facturas, y en todas las ocasiones aquélla le repitió que debían justificarlas documentalmente. Fue entonces cuando Urdangarin decidió intervenir personalmente para reclamar las cantidades adeudadas. Y trasladó a Camps su malestar por la actitud de la funcionaria. Hasta que el entonces presidente de la Generalitat se cobró su cabeza: el 20 de abril de 2007 Villalonga cesó como subsecretaria de Presidencia.

Los I Juegos Europeos de Valencia jamás llegaron a celebrarse, aunque la trama presuntamente dirigida por Urdangarin y Torres se embolsó casi 400.000 euros a cambio de nada. Pero el yerno de don Juan Carlos y su exsocio dejaron de ingresar los otros 5,6 millones de euros contemplados en el convenio de colaboración auspiciado por Camps.