El exdirector de Trabajo con los EREs "saldrá en un par de días de la cárcel”, según su abogado

En el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla escanean los folios –más de 1.000, según fuentes judiciales– del sumario de los últimos siete meses de instrucción de los ERE. A escasos metros de la sede judicial, en las inmediaciones del Prado de San Sebastián de Sevilla, Fernando de Pablo, abogado de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, se entrevista con El Confidencial. Su teléfono no para de recibir llamadas.

De Pablo habla sobre su cliente y vaticina que muy pronto saldrá de prisión. Guerrero entró en la cárcel durante el transcurso de la operación Heracles, una de las piezas madre de la investigación de Alaya. “Tras levantarse el secreto del sumario, en dos o tres días habrá un auto de puesta en libertad. La juez fundamentaba la prisión en la posibilidad de influencia que pudiera tener alrededor de otras personas. Si el secreto se levanta, sobra que esté en la cárcel”, afirma.

El letrado sevillano volvió a principios de mayo a defender a Guerrero tras haberlo dejado cuando el ex alto cargo de la Junta y tres consejeros (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández) se negaron a obedecer las instrucciones del letrado para guardar silencio delante de Alaya. “Tenía un criterio: no debía declarar porque había secreto de sumario y no podía instruirlo para poder hacerle alguna pregunta. No me hizo caso y no sólo me molestó sino que pensé que poco pintaba yo ya con él”, admite De Pablo.

El abogado, que también ha defendido a El Cuco en el caso Marta del Castillo, regresó con Guerrero cuando la mujer de este le mostró los extractos de cuentas bancarias que confirman, a su juicio, que el que fuera director general de Trabajo no realizó ni recibió ninguna transferencia de Vitalia, presunta mediadora en los ERE fraudulentos. La magistrada sostiene que en cambio Guerrero y su esposa, Lourdes Otero, cobraron 249.000 euros en 170 transferencias bancaras.

“A menos que me engañe el banco, esas transferencias no existen. Estos extractos no se pueden modificar. Quizá a la juez no le ha informado bien la Guardia Civil”, asegura el abogado. Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, imputado en este caso y en prisión desde el pasado 21 de marzo, fue puesto en libertad el pasado 23 de mayo tras pagar una fianza de 600.000 euros.

“No voy a hacer menciones a conversaciones internas”, relata De Pablo, “pero además de las disculpas, cuando comprobé esta información pensé que me debía a mi profesión y no me parecía oportuno dejarlo en ese momento. Y alguien que entrara en el caso se iba a encontrar con una gran complicación: entre piezas separadas y demás, puede haber unos 100.000 folios”.

Secreto de sumario encubierto

¿Secreto de sumario? De Pablo cree que "nunca tuvo que haberlo". "Lo que ha habido aquí es un secreto de sumario encubierto. Yo he vivido unas actuaciones semisecretas: no tenía acceso a lo que investigaba la Guardia Civil". Ha habido alguna declaración que ha comenzado preguntando por determinados temas según un informe que se ha entregado diez minutos antes. No sé de quién es culpa. No sé si la Guardia Civil no lo enviaba”. 

Al abogado le apetece “una barbaridad” el levantamiento del secreto del sumario. “Han puesto a mi cliente como un delincuente y no lo es. Javier nunca ha contado mentiras. Él responde siempre todo lo que le pregunta su señoría. Es a la juez a quien tiene que contestar. Está inmerso en un procedimiento judicial y ahí es donde tiene que decir lo que sabe”. Guerrero sabría mucho más de lo que ha dicho por el momento. “Las sospechas vienen de la prensa, a quien no critico, que cuenta lo que le dicen o puede intuir. ¿Sospechas? Por sospechar, todos sospechan que lo del chófer es cierto y no lo es”.

De Pablo no cree que haya delitos de imputados en el caso de los ERE que puedan prescribir. “Eso lo pongo en cuarentena. Las imputaciones prescriben a partir de un determinado momento y eso viene muy bien explicado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El problema de los imputados es que no tengan manera de defenderse. Está claro que eso crea un perjuicio más bien personal que jurídico, de reputación y tener una Espada de Damocles encima sin saber cuál va a ser el resultado final”.

Fianza impuesta por Alaya

Francisco Javier Guerrero sufrió para conseguir la fianza impuesta para Alaya y así lograr salir de la cárcel tras el primer auto de prisión que se dictó en marzo de 2012. “Javier tiene graves problemas económicos. Muchísimos. La otra vez se agotaron todas las posibilidades y se había vendido todo lo empeñable: ha sido casi más trabajoso recaudar las tasas judiciales (300 euros) que lo que costó conseguir la fianza, menos mal que por ser funcionario tenía una reducción”. El ex director general de Trabajo intentó volver a su plaza de funcionario del antiguo INEM, pero la Junta de Andalucía no le permitió reincorporarse a su puesto de trabajo. Ha recurrido al contencioso.

El abogado hispalense no quiere calificar la instrucción de la juez. “No tengo una opinión pública, sino opinión privada”, precisa. Sobre Alaya y su negativa a compartir su trabajo en los ERE con otros magistrados indica: “Es un tema de creencias personales de cada uno, quizá se puede equivocar, es posible, pero son opiniones personales y no me apetece hacerlas públicas… No digo si son positivas o negativas”.