El testaferro que vendió el ático a González agota otra vez el plazo para declarar como testigo

La titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Estepona, que investiga la compra de un ático de lujo en Marbella por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su mujer, Lourdes Cavero, a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para que se aclare esta controvertida operación, ha ampliado las pesquisas para localizar a la persona que les vendió el inmueble, el testaferro profesional Rudy Valner Sod, un mexicano afincado en Estados Unidos.

Por ahora, las averiguaciones no han surtido efecto. La instructora del procedimiento, la jueza Mariana Peregrina, citó a Valner para que declarara como testigo el pasado viernes, pero este no se presentó alegando que el requerimiento no le había sido remitido a su domicilio actual. Quien sí apareció ese día en el juzgado fue una persona que dijo ser el representante legal de Valner. Pero ni las partes personadas en el proceso ni la jueza admitieron que este individuo sustituyera al antiguo propietario del ático de González.

La magistrada reaccionó con un auto en el que pidió al abogado de Valner en la causa, el letrado español José Manuel Hidalgo López-Pastor, que aportara los datos necesarios para poder notificarle de nuevo a su cliente la citación como testigo. La jueza le concedió 10 días para este trámite. Pero el plazo expira a las 15 horas del próximo lunes y, según fuentes cercanas al proceso, el Juzgado de Estepona aún no ha recibido ningún dato que permita localizar a Valner en este segundo intento. Su defensa todavía está a tiempo, pero las partes personadas -el Partido Socialista de Madrid es una de ellas- creen que el vendedor del ático no pondrá mucho de su parte para aportar su versión sobre este extraño episodio.

Comisión rogatoria a Estados Unidos 

En caso de que finalmente no se pueda localizar a Valner o éste decida no comparecer, la jueza podría enviar una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogarle en su propio país si lo solicitan las acusaciones, aunque tampoco en ese supuesto estaría garantizada su declaración en la causa. Según las fuentes jurídicas consultadas, al ser un simple testigo no es posible dictar contra él una orden internacional de busca y captura. Para ello, Valner tendría que pasar de testigo a imputado.

No es descartable. El mexicano tuvo un papel protagonista en los hechos que se investigan. El SUP sospecha que González y su esposa compraron con fondos opacos el ático de Marbella -un inmueble de 257 metros cuadrados (más otros 238 metros cuadrados de solárium) situado en la exclusiva urbanización Alhambra del Golf- y que recurrieron a un entramado societario ideado por Valner para ocultar esta operación.

Según la denuncia presentada por el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, González compró el ático a una sociedad controlada por Valner, Coast Investor Lld., que no tiene actividad comercial conocida y que se ubica en el estado de Delaware, el mayor paraíso fiscal de Estados Unidos. Para dificultar aún más su rastreo, Coast Investor Lld. sería propiedad a su vez de otra mercantil, Waldford Overseas Investments Ltd., que tiene su sede en un despacho de abogados de Panamá -otro de los territorios más opacos del mundo-, componiendo así la típica estructura triangular utilizada para la evasión de patrimonios.

El propio Valner admite en un vídeo promocional disponible en internet que es todo un especialista en la ocultación de operaciones y fondos, y ofrece abiertamente sus servicios a todo aquel que necesite para esconder su identidad. Será difícil que un testaferro autodeclarado como Valner acceda a declarar como testigo en una investigación sobre una de sus operaciones.

González defiende la legalidad de la transacción

A pesar de la contundencia de las acusaciones, el presidente de la Comunidad de Madrid ha rechazado una y otra vez todas las denuncias y ha asegurado que nunca ha tenido relación con Coast Investor Lld., más allá de la estrictamente comercial. González también ha recordado de modo insistente que ni siquiera forma parte de la causa que se investiga en los juzgados de Estepona. El pasado enero, el jefe del Ejecutivo madrileño aportó incluso información sobre la escritura que le acredita como propietario del ático desde un mes antes. González aclaró que la adquisición había ascendido a 770.000 euros y que, para poder afrontarla, él y su mujer habían suscrito un préstamo hipotecario por valor de 270.000 euros.