Arturo Fernández quiere gestionar los gin-tonic del Congreso hasta 2017

El grupo hostelero Arturo Cantoblanco, propiedad del vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández, optará de nuevo a la concesión del servicio de restauración del Congreso de los Diputados, a pesar de las graves acusaciones que ha afrontado la compañía en los últimos meses. El plazo de presentación al concurso para la adjudicación de las cafeterías del Hemiciclo durante los próximos cuatro años concluye el 21 de junio y, según fuentes de Arturo Cantoblanco consultadas por este diario, la firma enviará una oferta para tratar de prorrogar un negocio que gestiona de forma ininterrumpida desde 1995.

El pasado mes de febrero, la empresa fue denunciada por extrabajadores, que la acusaron de pagar con dinero negro las horas extraordinarias. La Fiscalía abrió diligencias para investigar estas revelaciones, que provocaron que Fernández se replanteara su continuidad en la directiva de la CEOE, aunque pocos días después concluyó que seguiría en el cargo. La investigación del Ministerio Público tampoco ha tenido por ahora ninguna consecuencia.

Asimismo, este diario también informó en febrero de que el grupo hostelero tenía deudas con la Seguridad Social incompatibles con las condiciones que deben cumplir todas las compañías que aspiren a contratar con las Administraciones Públicas. En total, Arturo Cantoblanco tenía en aquel momento 16 reclamaciones por impago de cotizaciones sociales de trabajadores, que sumaban 544.215 euros. Y, en materia de impuestos, la Agencia Tributaria le reclamó sólo en 2012 el abono de 3,6 millones de euros impagados.

Obligación de estar al corriente de pagos

El pliego de condiciones para el concurso, aprobado por la Mesa del Congreso el pasado 14 de mayo al haberse agotado la vigencia del contrato actual, recuerda expresamente que sólo podrán optar a la adjudicación las empresas “que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional”. El artículo en cuestión menciona, en concreto, que serán excluidas de todo concurso las compañías que no se “hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social”.

Sin embargo, a pesar de estas incompatibilidades, un portavoz de la compañía asegura que la firma participará en el concurso porque “cumplen con todas las exigencias necesarias”. “Todos esos problemas han sido subsanados y Arturo Cantoblanco se encuentra en estos momentos dentro de los márgenes legalmente establecidos”, afirma el portavoz del grupo de Fernández. “No hay ningún motivo por el que en estos momentos no podamos contratar con la Administración. Por supuesto que vamos a presentarnos”.

Un contrato deficitario

Más que por los ingresos que le aporta, el contrato de la cafetería del Congreso es clave para Arturo Cantoblanco por el prestigio que implica. En 2012, la empresa ingresó por el servicio de cafetería del Hemiciclo 850.000 euros más IVA de las arcas públicas, además de lo que cobró directamente a los diputados, personal de la Cámara y visitantes por las consumiciones. En el presente ejercicio, sólo el importe de la licitación ha ascendido a 892.500 euros más IVA. Y el nuevo pliego de condiciones aprobado por la Mesa del Congreso establece que la futura adjudicataria cobrará hasta 2017 –el contrato abarca dos años prorrogables por otros dos- una subvención anual de 1.050.000 euros más IVA.

A pesar de estas cantidades, Arturo Cantoblanco admite que en los últimos ejercicios ha perdido dinero en esta explotación. Según el portavoz del grupo hostelero, “es muy difícil que el bar sea rentable por el elevado número de trabajadores que obliga a tener en plantilla el pliego de condiciones”. La Mesa del Congreso exige a la concesionaria que, además de despachar comidas y bebidas, también sirva los desayunos de trabajo y almuerzos en las salas de reuniones, y el café y el agua en las reuniones de las comisiones. Además, obliga a “que las comidas lleguen en perfectas condiciones a cada uno de los puntos de consumo, en lo referente a cantidades, temperatura, presentación y puntualidad”. Sin personal suficiente es imposible conseguirlo.

La evaluación de los candidatos medirá la oferta técnica (que supondrá 50 puntos como máximo de los 100 en juego) y la oferta económica (los otros 50). A pesar de las denuncias, Arturo Cantoblanco es el principal favorito para lograr la concesión. Por la experiencia que tiene en el Congreso y por su facilidad para imponerse en este tipo de concursos. Además de la Cámara Baja, en estos momentos gestiona los restaurantes del Senado, la Asamblea de Madrid e IFEMA.