El Gobierno avisa a sus autonomías de que deberán recortar como los ayuntamientos

El Gobierno intenta que no le pase con la reforma general de la Administración lo mismo que con la local, que ha tardado un año en encarrilar por la oposición de sus propios alcaldes y no podrá entrar en vigor hasta el próximo ejercicio. Los Gobiernos regionales en manos de dirigentes del PP ya han recibido el aviso de que se tendrán que aplicar los mismos recortes de estructura administrativa e institucional, más los costes en la prestación de servicios que se van a aplicar los ayuntamientos. El problema que tiene en Ejecutivo es que carece de competencias para obligar a las autonomías y se tendrá que apoyar en el 'poder de disuasión' de la asistencia financiera.

Vista la cerrada defensa que ha hecho todo el sector local para mantener sus estructuras políticas y burocráticas, más la autonomía para sostener cargos y sueldos y todo el sector empresarial público, el Gobierno se prepara para un conflicto similar con las autonomías. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, apura el plazo que termina el mes que viene para presentar su informe sobre la reforma general de la Administración, pero ya ha ido avanzado sus líneas generales a los Gobiernos regionales de su partido. Se guarda el detalle de una ley específica dentro de esa reforma para facilitar o forzar la reducción y cierre de las empresas públicas o participadas en el ámbito autonómico.

El Gobierno, con mayoría absoluta, tiene en su mano la capacidad para reformar la Administración local por su cuenta. En el ámbito de las autonomías, y sobre todo después de que entraran en vigor los estatutos de 'tercera generación' durante la etapa de Zapatero, el blindaje de sus competencias obliga al Ejecutivo a emplearse en la vía de la negociación y el convencimiento por medio del partido para exigir que se esmeren en el ahorro y la simplificación de su funcionamiento.

En fuentes gubernamentales admiten que la mayoría de los Gobiernos regionales controlados por el PP (en especial Galicia, Castilla-La Mancha o Madrid) ya han tomado severas medidas de reducción de cargos, instituciones o empresas, y han puesto en marcha planes de recortes administrativos y políticos que llegan hasta las Cámaras parlamentarias. Otros, por el contrario, llevan retrasos en esos programas.

A todos les ha llegado ya el mensaje de que deben mentalizarse para aplicar los mismos principios de gestión que el Gobierno impondrá a los ayuntamientos con la reforma local: estudios de 'coste estándar' en el desempeño de servicios para ajustar el coste de los mismos, límites claros y homogéneos en el número de cargos y puestos de libre asignación y tablas salariales de altos cargos.

Es la última petición que hizo la Federación Española de Municipios al Gobierno al ver que no cedía en esos mismos puntos de la reforma local: que se aplicaran las mismas exigencias al resto de las Administraciones. Pasado un tercio de la legislatura y a dos años de las próximas elecciones autonómicas y municipales, el Ejecutivo tiene que poner las bases de la reforma general de la Administración en este mismo ejercicio si quiere que enlos Gobiernos regionales se apliquen las nuevas plantillas de reparto de competencias (fin de duplicidades) y criterios de prestación de servicios antes de 2015. Ello afecta a la legislación de las autonomías.

Para que se vayan preparando al menos los Ejecutivos regionales del PP, Sáenz de Santamaría, en calidad de vicepresidenta del Ejecutivo y responsable de la reforma, junto con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunieron en la sede central del partido en la calle Génova el pasado lunes con los consejeros de Presidencia de las once autonomías en manos del PP. Además, acudieron a la cita el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (responsable de la reforma local) y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

El Gobierno creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) a principios de año y dividió sus trabajos en cuatro grupos: duplicidades, simplificación administrativa, Administración Institucional y gestión de servicios y medios comunes. El plazo para entregar sus trabajos termina el próximo 30 de junio.