Las Diputaciones comenzarán a ‘expropiar’ servicios municipales en enero

El Gobierno ha desbloqueado la reforma local después de más de un año de discusiones con el poder municipal, incluidos sus propios alcaldes, y no quiere dilaciones en su aplicación. El Ministerio de Hacienda fijará este verano el "coste estándar" con que los ayuntamientos deben prestar sus servicios con el fin de que sus responsables tengan cinco meses para ajustar esos gastos. En enero se pondrá en marcha la ‘expropiación’ de esas prestaciones básicas para que pasen a las Diputaciones en los casos en que se paguen a precio excesivo con el objetivo de que a partir de abril sea un hecho la concentración de servicios en las instituciones locales superiores.

Ese plan y calendario de ejecución, más la potestad que se queda el Ejecutivo para fijar el "coste estándar" incluso por decreto ley, son algunas de las principales diferencias entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios que se constataron en la reunión de los Comisión Nacional de Administración Local.

Los alcaldes piden un año entero para ajustar sus servicios, pero el Gobierno insiste en que lo aplicará desde enero próximo y así se establece en el texto para la reforma y "sostenibilidad" de la Administración local que una vez presentado a la citada Comisión Nacional pasa ya a la consulta del Consejo de Estado y será aprobada en Consejo de Ministros el próximo mes de junio.

La Diputación de Orense (una de las provincias con la población más dispersa) se convertirá en institución piloto para estudiar la generalización del proceso de agrupación de servicios (no competencias) municipales en un marco territorial concreto. Para ahorrar un total de 7.129 millones de euros hasta 2015, el Gobierno cuenta con esa medida de ajuste como un punto fundamental de sus planes de recorte presupuestario junto con la clarificación de competencias, la eliminación de duplicidades y el recorte drástico del sector público local. De ahí las prisas actuales después de afanarse en un acuerdo interno relativo que ha tardado en lograrse casi un año.

Los alcaldes se han empezado a hacer a la idea de aceptar un ajuste de aparato político, cargos y salarios en la Administración local a cambio de varias cesiones previas del Gobierno sobre su proyecto original. No se suprimen ayuntamientos enteros ni puestos de concejales, pero se 'vaciará' de competencias a las corporaciones más 'ineficaces' y se garantiza que los ediles de las localidades más pequeñas seguirán sin sueldo salvo excepciones.

La Femp pide que se apliquen los mismos recortes a las Autonomías

El poder local se ha resistido hasta el final, ha mantenido su autonomía política (menos la económica) y ahora pide, por medio del presidente de la FEMP, Íñigo Gómez de la Serna, que a la Administración autonómica se le aplique el mismo régimen de adelgazamiento que a la local.

El Ministerio de Hacienda se ha reservado la fórmula para fijar el "coste estándar" de los servicios, pero apunta que no está dispuesto a que ese coste medio esté por encima de la media de la prestación que ahora aplican los ayuntamientos de 20.000 habitantes. Con datos del ejercicio pasado, casi 6.000 municipios estarían amenazados de expropiación de servicios. Pero tanto Administraciones Públicas como la Femp destacan que los alcaldes se han destacado en los ajustes durante el último año y lo que va de este (casi la mitad está ya en superávit) por lo que confían en que en enero próximo haya muchos más cumplidores que incumplidores con la estabilidad presupuestaria.

Las localidades de menos de 5.000 habitantes peor administradas son las abocadas a perder el ejercicio de sus funciones obligatorias como la recogida de residuos, el abastecimiento de aguas, la pavimentación de las vías públicas o el mantenimiento del cementerio.

Acuerdo en competencias, choque en licencias

Con la entrada en vigor de la reforma local, los ayuntamientos se librarán de las competencias 'impropias' que todavía prestan en materia de sanidad, educación y servicios sociales, que pasarán a las comunidades autónomas. En el caso de que los Gobiernos regionales que no se las queden directamente, se podrán mantener por la vía de convenios.

La Administración garantizará que los ciudadanos no se vean afectados por los cambios de titularidad de las competencias y se podrá hacer cargo de los pagos si fuera necesario (luego se los descontaría a las autonomías). Ese ha sido el principal acuerdo de última hora alcanzado con la FEMP. Sin embargo, no ha habido ningún acercamiento en materia de licencias de apertura de negocios. Hacienda ha decidido suprimirlas para incentivar la actividad económica (bastará con una declaraciones de responsabilidad), pero los alcaldes querían que se mantuvieran.