Wert reserva cinco millones de euros para ‘españolizar’ a 1.000 alumnos catalanes

No se les va a pagar la educación en Eton, como bromeó ayer el ministro José Ignacio Wert en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero optarán a una educación en las mejores escuelas privadas bilingües o trilingües de Cataluña. La memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) prevé hasta cinco millones de euros destinados a sufragar la escolarización en castellano de todas aquellas familias que no puedan ver garantizado su derecho a una educación en el idioma estatal en ningún centro público o concertado de la red catalana. El Ministerio ha hecho sus cálculos sobre una base de unos 1.000 afectados.

La nueva reforma educativa abonará el coste de esos colegios privados pero luego detraerá esa cantidad de la financiación que el Estado conceda a Cataluña. Esa es la fórmula que finalmente ha escogido el equipo de Wert para sortear las dudas expresadas por el Consejo de Estado en su dictamen, en el que señalaba que no entraba dentro de las competencias del Gobierno la posibilidad de obligar a Cataluña a pagar esa factura.

Según los datos que hasta ahora ha difundido la Generalitat de Cataluña, solo existen 17 familias en toda Cataluña que hayan pedido escolarizar a sus hijos en castellano como lengua vehicular. Educación, sin embargo, no quiere entrar en una guerra de números y, es más, considera una cortina de humo el querer infravalorar su propuesta por el hecho de que sean muchos o pocos los alumnos que se beneficien de ella. “El Ministerio tiene el deber de garantizar ese derecho individual, independientemente de si son muchas o pocas familias”, explicaban ayer fuentes cualificadas del equipo de Wert. “Esto no ocurrirá si Cataluña cumple las sentencias judiciales, tal y como hacen todas las comunidades autónomas y esto no es algo ni complicado ni costoso”.

Así las cosas, las familias deberán recurrir a la vía administrativa para solicitar esta solución, que se les concederá una vez que la alta inspección se cercione de que no existe ningún colegio público o concertado que oferta el castellano como lengua vehicular. Este mecanismo subsidiario “se plantea como excepcional y temporal”, explicó ayer Wert, hasta que la Administración afectada “sea capaz” de cumplir con lo que exige la Constitución.

Una  ley al gusto de los sectores más conservadores

La reforma educativa del ministro José Ignacio Wert, tan ambiciosa en el fondo como lo fue la LOGSE de Rubalcaba en 1990 y que cambia las reglas del juego del panorama educativo, ha salido finalmente adelante con una cláusula que salva el futuro de la educación segregadora y que protege también, dentro del currículo académico, la asignatura de religión como una materia que puntúa para la nota media final del alumno e influirá también para pedir ayudas o becas. 

El Gobierno del PP ha dado luz verde, finalmente, a un proyecto de ley que ha recorrido, hasta ahora, un tormentoso camino en el que Wert se ha tenido que ver, en varias ocasiones, con los propios consejeros de su partido que exigían una ley mucho más ideológica de lo que, en un principio, había diseñado el propio Ministerio. La reforma contenta, de momento, a los sectores más conservadores de la derecha, a quienes garantiza un trato privilegiado para la asignatura de religión y a quienes  ha contentado con la supresión definitiva de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).

El texto final del proyecto de ley no hace caso, en este sentido, a las recomendaciones formuladas por el dictamen del Consejo de Estado, que abogaban por recuperar esa materia “pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritos por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997”. Como ya explicó este diario, aquel dictamen del Consejo de Estado fue redactado en su mayor parte por la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que, en este punto, hizo una defensa de una asignatura que se convirtió en un emblema de la era Zapatero.

Los contenidos de Educación para la Ciudadanía, esos valores de educación cívica y constitucional, estarán ahora diseminadas por todo el programa curricular de los estudiantes, al igual que otras áreas como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita o las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Wert sí ha hecho caso, en cambio, a otras indicaciones formuladas por el órgano que preside Romay Beccaría y, así, obligará a que los colegios que segregan por sexos justifiquen que no son discriminatorios para poder optar a un concierto económico.

La Lomce supone un balón de oxígeno para estos centros, en su mayoría vinculados instituciones educativas vinculadas al Opus Dei, pues, hasta ahora, la justicia había establecido que no podían ser subvencionados con fondos públicos al contravenir el principio de no discriminación contenido en la LOE socialista.

La nueva ley señala expresamente que estos centros pueden ser concertados porque no discriminan, según una convención de la Unesco. Aun así, el Consejo de Estado recomendó que la norma debía establecer, tal y como hace, “la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad”. De no ser así, añadía, “la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución”.