El Estado pagará la escuela en castellano pero detraerá su coste de la financiación a Cataluña

La nueva reforma educativa garantizará la escuela en castellano en Cataluña para todos aquellos padres que no encuentren esta oferta educativa en la red pública o concertada. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros sigue adelante con su pretensión de garantizar este derecho en una escuela privada como último remedio en aquellas comunidades que no cumplan con las sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a que el castellano no pueda ser excluido de la educación como lengua vehicular.  Como novedad, será el Estado quien adelante el coste de estas matrículas que, después, retraerá de la financiación autonómica que corresponda a Cataluña, la única comunidad que, en la práctica, se ha revelado insumisa.

Esta ha sido finalmente el mecanismo que ha encontrado el ministerio de José Ignacio Wert para sortear las dudas que, sobre este aspecto, había manifestado el Consejo de Estado en su reciente dictamen de la LOMCE. El órgano que preside Romay Beccaría señaló que el Estado no tiene competencia para obligar a una comunidad autónoma a sufragar esta escolarización y recomendó, por ello, que esa medida no figurase en la ley.

Educación se comprometió entonces a estudiar nuevas fórmulas que sirvieran para garantizar ese derecho de las familias pues, entiende el Ministerio, que se trata de un derecho individual que el Estado debe proteger con independencia de que sean muchas o pocas las familias que reclamen este tipo de educación para sus hijos. Por ello, la memoria del proyecto de ley incluye una valoración aproximada de unos 5 millones de euros destinados a esta partida anual y que se ha calculado sobre el hipotético caso de que hubiera 1.000 alumnos afectados por esta imposibilidad de encontrar una escuela que imparta en castellano como lengua vehicular.

Fuentes del Ministerio explican que esto no ocurriría si Cataluña cumpliese con las sentencias de los tribunales, al igual que hacen el resto de las comunidades con lengua cooficial, incluido País Vasco, que oferta tres modelos distintos en función de si se prima más el euskera o el castellano o se opta por un modelo bilingüe. “La LOMCE no discute el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, pero este tiene un límite que no se puede superar y es que el castellano no puede quedar excluido”, explican en Educación. Así, con que haya una oferta bilingüe o trilingüe quedaría garantizado ese derecho.

Para ello, los padres deberán acudir a la vía administrativa para reclamar esta solución y, inmediatamente, la Alta Inspección tendrá que evaluar y analizar si es cierto que no existe oferta adecuada en castellano en la escuela pública o concertada de la zona de influencia del alumno. Una vez escuchadas las alegaciones de la comunidad autónoma, el Ministerio será el que adelante los fondos que, después, se detraerán de la financiación autonómica. 

Religión y su alternativa no serán incompatibles

Wert también ha aceptado las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado sobre la religión y su asignatura espejo de valores cívicos. El Órgano señaló que no podría existir discriminación hacia los alumnos que opten por estudiar religión pues perderían la posibilidad de cursar también su alternativa ética.

El Ministerio ha optado por establecer como obligatorio la elección de religión o su alternativa pero ofertar también, en el bloque de asignaturas optativas, esas mismas materias para que todos los alumnos puedan cursarlas si así lo desean. Ambas asignaturas puntuarán y contarán para la nota final del alumno, pero no formarán parte de los contenidos que se evaluarán en las pruebas de final de etapa (las reválidas) que se llevarán a cabo, en todo el país, a final de Secundaria y de Bachillerato.

La LOMCE no recuperará, como así había recomendado el Consejo, la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), pero sí que diseminará sus contenidos a lo largo del currículo académico de los alumnos.

Financiación

La LOMCE se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes con un retraso de una semana sobre las previsiones iniciales pues, durante los últimos días, Educación y Trabajo han estado trabajando en los detalles de la memoria económica de la ley.

El coste de implantar la reforma educativa, que se irá adoptando progresivamente en dos cursos académicos a partir de 2014 está estimado en unos 400 millones de euros. Wert y su compañera Fátima Báñez han estudiado qué perspectivas hay de que entre el 50 y el 65% de la reforma pueda ser cofinanciada por los Fondos Sociales Europeos.

El grueso de la LOMCE, la nueva FP básica y el delante de los itinerarios entre FP y Bachillerato a cuarto de la ESO suponen el 95% de los costes de la LOMCE. Fuentes del Ministerio han explicado que ambos cosas son elegibles de ser financiadas por los fondos europeos que, eventualmente, se destinarían a las comunidades autónomas para sufragar el gasto de la implantación de la reforma.