Reino Unido, EEUU y Australia investigan a los evasores fiscales del escándalo 'offshore leaks'

Golpe de efecto. Ayer, las autoridades fiscales de Reino Unido, Estados Unidos y Australia reconocieron que están trabajando con la base de datos sobre evasores que recientemente salió a la luz gracias al trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a un grupo de medios internacionales entre los que se encuentra El Confidencial. El equivalente a la Agencia Tributaria de cada uno de estos tres países está depurando la información contenida en los cientos de gigabytes con documentación sobre clientes de sociedades pantalla y fideicomisos en paraísos obtenida a raíz de la gran filtración.

"Los 400 gigabytes de datos todavía están siendo analizados, pero los resultados preliminares muestran el uso de empresas y fideicomisos en una serie de territorios en todo el mundo, incluyendo Singapur, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Islas Cook", informó ayer jueves en una nota oficial la HMRC, la Oficina de Impuestos del Ministerio de Finanzas del Reino Unido. "Los datos también ofrecen información que puede ser compartida con otras administraciones tributarias, como parte de la lucha mundial contra la evasión fiscal", una corriente impulsada desde hace algunos meses por varios países europeos.

El pasado mes de abril, un consorcio internacional de medios de comunicación comenzó a informar sobre el contenido de más de 2,5 millones de archivos con datos sobre ciudadanos estadounidenses, australianos, británicos, españoles (Tita Cervera, Ana Gamazo)… que se han beneficiado de servicios exclusivos en paraísos fiscales. La documentación obtenida detallaba transferencias de efectivo, fechas de incorporación, vínculos entre empresas e individuos, de manera que podía apreciarse hasta qué punto los servicios financieros offshore se han extendido por todo el mundo de forma estandarizada.

Como ocurrió recientemente en Francia, el debate sobre los paraísos fiscales ha dado pie a investigaciones gubernamentales, dimisiones políticas y un nuevo sentido de urgencia para combatir la evasión fiscal. De hecho, sólo unas semanas después de que trascendiera el también bautizado como caso offshore leaks, cinco de las mayores potencias económicas europeas -Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España- anunciaron su intención de empezar a intercambiar regularmente información fiscal y bancaria como forma de identificación de evasores de impuestos y otros delitos financieros.

En esa incipiente línea, el propio ministro británico George Osborne reconoció ayer que las autoridades fiscales británicas están trabajando con Estados Unidos y Australia "en datos que revelan un amplio uso de estructuras offshore para ocultar bienes por parte de grandes fortunas y empresas". Hasta el momento, las autoridades del Reino Unido han identificado "más de 100 personas que se benefician de estas sociedades… y están bajo investigación por evasión fiscal en el extranjero". Además, también se han identificado más de 200 personas, entre abogados y asesores, implicados en la creación de estas estructuras.

Un arma contra la evasión fiscal

Una vez abierta la veda, el rédito político parece garantizado. Sólo así se explica que el propio Osborne se atreviera a calificar la documentación en su poder como "un arma" contra la evasión fiscal y que proclamara al decisión de su Gobierno de luchar contra el fraude: "El mensaje es simple: si usted evadir impuestos, vamos a por ti". Aunque tener bienes y dinero en el extranjero puede ser perfectamente legítimo y legal, como explicó el fiscal jefe británico Jennie Granger, el uso de paraísos fiscales puede dar pie a evasión fiscal y otros delitos, por lo que "hay que detener el uso de estos refugios para ocultar bienes e ingresos".

Por su parte, la Internal Revenue Service de los EEUU explicó ayer en un comunicado oficial que los tres países "han adquirido una gran cantidad de datos que revelan el amplio uso organizado de sociedades pantalla en varias jurisdicciones, incluyendo Singapur, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Islas Cook". La Agencia Tributaria estadounidense reconoce que los datos "contienen la identidad de los propietarios individuales de estas entidades y la de los asesores que ayudaron a establecer el entramado societario", una información relevante que estarán dispuestos a compartir con otras jurisdicciones.

De momento, entre los países que cuentan con ciudadanos en esa gran base de datos del offshore leaks, Canadá ya se ha mostrado interesado en tener acceso a la información que comparten Reino Unido, EEUU y Australia. En este sentido, España todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque en lo referente a la lucha contra la evasión fiscal, el Gobierno anunció esta misma semana su decisión de vetar la extradición del informático francobelga Herve Falciani, reclamado por Suiza, por su colaboración con Hacienda para revelar la identidad de defraudadores, en este caso con cuentas en el sucursal suiza del HSBC.