Los jueces tendrán sólo 6 meses para investigar los casos de corrupción

¿Se puede inhabilitar a un político temporalmente sin acabar con su presunción de inocencia? La previsión que hace el borrador de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por los expertos consultados por el Ministerio de Justicia prevé la posibilidad de que los jueces puedan apartar de sus cargos a los políticos cuando estos sean imputados o encausados en casos de corrupción. Una medida estrella con la que Alberto Ruiz-Gallardón quiere abanderar la lucha contra la corrupción pero que, a juicio de algunos diputados como el histórico Alfonso Guerra, carece de base jurídica y podría acabar con la presunción de inocencia.

Tal y como explicó ayer Gallardón ante la Comisión de Justicia del Congreso, jueces y fiscales deberán investigar en un tiempo récord de seis meses las sospechas de corrupción que se ciernan sobre los cargos públicos y ordenar, en ese plazo, el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral. Siempre de forma cautelar y sólo, eso sí, en aquellos casos en los que las condenas prevean esa posible pena de inhabilitación si el político es considerado culpable.

La medida podría agilizar la Administración de Justicia en los casos más mediáticosque incluyen de por medio a destacados nombres de la cosa pública, pero podría plantear problemas de encaje jurídico al interponer como medida cautelar lo que el Código Penal prevé como una condena. Así lo interpreta Alfonso Guerra, el diputado más veterano de la Cámara, y para quien la medida supondría un quebrantamiento de la presunción de inocencia que prevé la Constitución. “Yo creo que no tiene base jurídica. Una medida cautelar es quitar un pasaporte, pero esto es condenar. Yo creo que jurídicamente no cabe, pero no soy un experto”, aseguró en el Congreso el pasado mes de abril, cuando Gallardón anunció por primera vez los planes que baraja.

El ministro explicó ayer que la ley no modificará en absoluto los aforamientos que prevé la Constitución o los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. De momento, la medida es sólo una propuesta y Gallardón recordó ayer en el Congreso que el hecho de que esté formulada por los expertos no significa que vaya a ser asumida literalmente por el Gobierno en su anteproyecto de ley. Y eso a pesar de que el borrador también contempla otras disposiciones que van en sentido contrario, como la que aboga por cambiar la figura del “imputado” por la de “encausado” para que el hecho de ser imputado no sea visto socialmente como una condena previa por parte de los ciudadanos.

Si la medida estuviera actualmente en vigor, afectaría, por ejemplo, al exministro José Blanco, el único diputado implicado actualmente en un caso de corrupción, el caso Campéon, y para quien el fiscal general del Estado ha autorizado que se solicite el suplicatorio. El exministro no ha querido opinar en ningún momento sobre los planes que baraja Gallardón, aunque, en una reciente comparecencia ante los periodistas el pasado mes de marzo, explicó que sólo dimitirá en el caso de que el juez decida abrir juicio oral. No antes. También explicó que a raíz de su implicación en el caso ha “reflexionado bastante sobre la presunción de inocencia” después de ser, durante años, martillo de herejes. Sus conclusiones se volcarán en un libro de próxima publicación, según anunció entonces.

Perderán privilegios

Los políticos podrían perder también sus actuales privilegios para declarar por escrito o en su despacho si prosperan las propuestas planteadas por los expertos. Tendrán que trasladarse a los juzgados para declarar en los casos en los que se vean envueltos en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano.

Durante su extensa intervención, Gallardón dejó claro también que los partidos tendrán responsabilidad penal y, por tanto, no se modificará la normativa sobre este asunto, que ya fue cambiada por el Gobierno del PP para que las fuerzas políticas sí la tuvieran. Además, los sindicatos y los partidos políticos no podrán ejercer la acción popular si finalmente la futura ley recoge esta propuesta.