La Fiscalía ignora al ministro: los detenidos del 25-A no atentaron contra el Estado

Los detenidos por los incidentes de la protesta Asedia el Congreso el pasado jueves han sido acusados de cometer delitos de orden público pero no de atentado contra las altas instituciones del Estado, como reclamó al comienzo de la semana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Al igual que ocurrió con las protestas de Rodea el Congreso el pasado mes de septiembre, los 15 apresados este jueves, así como los 18 que fueron interceptados horas antes durante los preparativos de la manifestación, serán juzgados en los tribunales de Plaza de Castilla de Madrid, y no por la Audiencia Nacional, competente para los delitos contra las altas instituciones.

El máximo responsable de las fuerzas del orden pidió a la Fiscalía que estudiara la posibilidad de acusar a los detenidos por su relación con el 25-A, que planeaba la toma de la Cámara Baja y la instauración de un nuevo orden constitucional, de los delitos contenidos en los artículos 494 a 498 del Código Penal, que contemplan penas de hasta cinco años de prisión para quienes intentar atacar el Congreso de los Diputados o a sus miembros con el objetivo de coaccionarles, así como a otras instituciones públicas y a sus integrantes.

Fernández Díaz ya reclamó públicamente a la Fiscalía el pasado septiembre que formulara esta petición para los 35 detenidos por la convocatoria del 25-S Rodea el Congreso, generando un debate jurídico que se trasladó también a la arena política. El PSOE acusó al ministro del Interior de excederse en su petición y negó que la integridad del Congreso hubiera llegado a estar nunca en peligro. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid dio la razón en un primer momento a Fernández Díaz pero finalmente la Audiencia Nacional consideró que no se daban todos los requisitos necesarios para acusar a los 35 detenidos por el 25-S de este grave delito.

Delitos de desórdenes públicos

La Audiencia Nacional se ha expresado ahora en los mismos términos, a pesar de que había abierto diligencias previas sobre esta convocatoria a instancias del Ministerio del Interior y de que la convocatoria se desarrolló en términos más violentos que la de septiembre. Incluso con el lema, Asedia el Congreso, los promotores de la marcha habían dejado claro desde el principio que su objetivo este jueves era cruzar el cordón policial de la Carrera de San Jerónimo y entrar en el Hemiciclo. Lo intentaron e incluso estuvieron a punto de levantar las barreras que circundan la Cámara Baja. Los agentes antidisturbios lo evitaron. Sin embargo, la Policía no ha comunicado las detenciones a la Audiencia y los 15 detenidos por su relación con esta convocatoria han pasado automáticamente a los juzgados ordinarios de instrucción, al igual que los 18 apresados con anterioridad, acusados de delitos menos graves. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha acordado la puesta en libertad de once de los detenidos, de los que nueve han quedado en libertad sin medidas cautelares y otros dos tendrán que acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

A la mayoría de ellos se les imputan los delitos de atentado contra la autoridad, resistencia, daños contra la propiedad y también de tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes (cuatro de los manifestantes fueron interceptados cuando trataban de incendiar una oficina bancaria en la calle de Barquillo de la capital, junto a la Plaza de Cibeles, y en las horas previas fueron apresados otros tres jóvenes en posesión de cócteles molotov), castigados con multas y penas menores de prisión que los que fija el Código Penal para los atentados contra las instituciones del Estado.

Los cinco agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que tuvieron que recibir asistencia hospitalaria tras la protesta fueron dados de alta al momento. Otros nueve policías sólo sufrieron daños leves. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarado que el comportamiento de los efectivos policiales fue “ejemplar, profesional e impecable” y ha asegurado que permitió evitar “daños mayores”.

La investigación continúa abierta

La Policía investiga las imágenes de la manifestación para tratar de localizar a los individuos que lanzaron piedras, petardos, cohetes y bolas de acero contra los agentes que custodiaban la valla del Congreso. El Ayuntamiento de Madrid ha cuantificado en 19.757 euros el coste de la limpieza y el arreglo de los desperfectos ocasionados por el asedio a la Cámara Baja.

El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario del Congreso Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha acusado al Ministerio de “montar una estrategia programada de criminalización” del 25-A. Llamazares incluso ha denunciado que la protesta fue reventada intencionadamente por policías infiltrados para que la “Policía intervenga en directo” justo cuando van a emitirse los informativos de máxima audiencia en televisión.