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Gallardón estudia dejar la 'patata caliente' del Registro Civil en manos de los secretarios locales
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EL MINISTERIO NIEGA QUE QUIERA PRIVATIZAR EL SERVICIO

Gallardón estudia dejar la 'patata caliente' del Registro Civil en manos de los secretarios locales

Quieren apartar los Registros Civiles del ministerio de Justicia, pero nadie quiere hacerse cargo de ellos. Alberto Ruiz-Gallardón baraja varias posibilidades para esta

Quieren apartar los Registros Civiles del ministerio de Justicia, pero nadie quiere hacerse cargo de ellos.Alberto Ruiz-Gallardón baraja varias posibilidadespara esta reforma que él mismoimpulsó yque entrará en vigor el año que viene. La idea pasa por dejarlos en manos de funcionarios o secretarios de la Administración local. El problema, según el Ejecutivo actual, es que para llevarla a la práctica sería necesario convocar más plazas para aumentar el número de empleados públicos. Una variante que choca frontalmente con la austeridad presupuestaria de la que presume el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para evitar el choque de la línea marcada por el PP, a Gallardónle gustaría'traspasar' los Registros Civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles. Este movimiento conseguiría los objetivos que persigue esta reforma: desatascar los juzgados y ahorrar más de 450 millones de euros a las arcas del Estado. Pero los afectados no parecen estar muy por la labor de asumir estas responsabilidades.

El movimiento que estudian en el Ministerio de Justicia todavía está ciernes, ya que la reforma –en fase de borrador- ha provocado desde el principio un duro cruce de acusaciones entre todos los sectores afectados. Notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, se han opuesto frontalmente a las intenciones de Gallardón y han aireado que el objetivo de Justicia es privatizar un servicio público, un punto que desde el ministerio niegan tajantemente, ya que sus intenciones no pasan "porque el ciudadano pague el pato", según han confirmado a El Confidencial fuentes internas del ministerio de toda solvencia.

Si los jueces y los notarios fueron los primeros en criticar el plan del Ministerio de Justicia, cuando los registradores escucharon su nombre como futuros 'adjudicatarios' se sumaron a las críticas. Miembros del colectivo de toda España convocaron una Asamblea en Zaragozay llegarona una conclusión: ellos tampoco querían asumir el Registro Civil. Y si lo llegaran a aceptar, lo harían con sus matices: si la financiación del Registro Civil corre a cargo de los usuarios. Nunca aceptarían un registro gratuito “cuya financiación recayera en los registradores”.

Vulnerar la Ley de Protección de Datos

Carlos Artal, el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), pidió encomendarlo a los notarios públicos para garantizar su gratuidad y que información delicada, como los datos personales de los ciudadanos, sigan en manos del personal funcionario. El equipo de Gallardón tiene muy en cuenta el peligro de que una información “tan delicada” como los datos de carácter personal que aguardan en el Registro Civil quede en manos del “personal no funcional” y sin experiencia en este ámbito, lo cual podría vulnerar la propia Ley de Protección de Datos.

El portavoz de la UPSJ apostó por la interconexión y la supresión del papel para lograr un Registro Civil “efectivo al cien por cien”, y desmintió que los registradores hayan resuelto el atasco de 400.000 expedientes de nacionalidad, “puesto que sólo han informado, verificado los requisitos”. De momento, la Ley de Reforma de los Registros sigue siendoun auténtico quebradero de cabeza para el Ministerio de Justicia.

Quieren apartar los Registros Civiles del ministerio de Justicia, pero nadie quiere hacerse cargo de ellos.Alberto Ruiz-Gallardón baraja varias posibilidadespara esta reforma que él mismoimpulsó yque entrará en vigor el año que viene. La idea pasa por dejarlos en manos de funcionarios o secretarios de la Administración local. El problema, según el Ejecutivo actual, es que para llevarla a la práctica sería necesario convocar más plazas para aumentar el número de empleados públicos. Una variante que choca frontalmente con la austeridad presupuestaria de la que presume el Gobierno de Mariano Rajoy.