Los amenazados por ETA intentan negociar con el Gobierno vasco el adiós a sus escoltas

La decisión del Gobierno vasco de eliminar la escolta a autoridades y cargos políticos amenazados por ETA ha provocado el desconcierto en Partido Popular y Partido Socialista, las dos formaciones que ser verían más afectadas por esta medida. El pasado 10 de abril, el lehendakari Iñigo Urkullu aprovechó su reunión secreta con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para comunicarle su intención de prescindir de estas medidas de protección, dentro del plan que ha emprendido su Ejecutivo para conseguir la “normalización” del País Vasco tras el alto el fuego definitivo anunciado por ETA. Según ha podido saber este diario, Urkullu aseguró a Rajoy que la desaparición de los guardaespaldas no tiene marcha atrás. Y ni PP ni PSOE esperaban que el lehendakari diera este paso.

La medida afectaría a los escoltas privados en nómina de la administración autonómica. En el País Vasco y también Navarra, trabajan además guardaespaldas contratados por el Ministerio del Interior y personal funcionario de las diferentes Fuerzas de Seguridad. En estos momentos, unos 25 cargos del PP y otros 30 del PSE-EE disponen de vigilancia pagada por el Gobierno vasco. La cifra es reducida pero entre ellos se encuentran los miembros más destacados en la comunidad autónoma de ambos partidos.

Tanto el PP vasco como el PSE-EE confirman que la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ya les había advertido con anterioridad de que este recorte de personal de seguridad contratado por la administración autonómica estaba sobre la mesa de su departamento. Pero la noticia sobre el anuncio de Urkullu les ha sorprendido porque esperaban poder negociar el ajuste. El jefe del Ejecutivo vasco habría asegurado en Moncloa que su intención es aplicarlo a finales del próximo mes de mayo. El departamento de Seguridad ha declinado aportar su versión de los hechos.

Oposición al plan de Urkullu

Frente a la determinación mostrada por el presidente autonómico vasco, desde las filas del PP aseguran que reclamarán que se mantengan las medidas de seguridad actuales, al menos, hasta que se alcance un acuerdo sobre la nueva situación. Y dudan de que se den las circunstancias necesarias para poder eliminar la protección a sus cargos, a pesar del fin de la violencia terrorista. En este sentido, recuerdan que ETA aún no ha entregado sus armas y que, en sus últimos comunicados, la banda abre la puerta a una involución en el llamado proceso de paz, por la negativa de Moncloa a sentarse en su mesa de diálogo. Las fuentes consultadas en el PP indican además que la formación no podría asumir con sus propios fondos la protección de los 25 cargos del partido que perderían la escolta. 

Fuentes de los socialistas también confirman que ya han recibido el anuncio del recorte de seguridad para sus cargos pero, al igual que el PP, precisan que interpretaron que la reducción estaba aún en fase de estudio y abierta a negociación. El PSE-EE admite que el nivel de amenaza ha descendido en los últimos meses pero pide que se consensúe una decisión tan importante como ésta, que en su caso afecta a los cargos más relevantes de la formación, incluidos los consejeros de la legislatura de Patxi López. Para los socialistas, el ajuste de escoltas debe estar avalado por los expertos de la lucha antiterrorista, que son los encargados de evaluar el riesgo que afronta cada cargo. Por ello, el PSE-EE reclama que cualquier reestructuración respete el criterio de los especialistas.

Pérdida de empleos

La reducción de escoltas se sumará a las que ya se han producido en los últimos dos años por el fin de la violencia y también por la necesidad de eliminar gastos públicos debido a las dificultades presupuestarias. Se calcula que más de 2.000 profesionales de la seguridad destinados en País Vasco y Navarra han perdido su empleo desde que ETA anunció su alto el fuego en octubre de 2011. El Ministerio del Interior realizó un drástico ajuste en marzo de 2012 y acaba de trasladar a otros 250 guardaespaldas a 21 prisiones de toda España para que realicen labores de vigilancia. Urkullu tiene en sus manos la próxima disminución.

El ajuste del presupuesto ha provocado que sólo una empresa de guardaespaldas haya querido seguir trabajando con el Gobierno vasco, Ombuds, que en estos momentos tiene en plantilla a 150 profesionales. Sin embargo, acaba de recortarles el sueldo y ha iniciado un expediente de regulación de empleo que afecta a la totalidad de la plantilla. El caso está en los tribunales.