La Junta lleva tres meses sin ejecutar el pago a un prejubilado legal de Mercasevilla

La representación legal de José Díaz Martín, extrabajador de Mercasevilla, ha solicitado a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la Junta de Andalucía ejecute, sin más dilación, la sentencia firme del 15 de enero de 2013 que rechaza la ilegalidad de la prejubilación del litigante en Mercasevilla, el mercado de abastos de la capital andaluza.

En un escrito judicial enviado al TSJA fechado en Sevilla el pasado 12 de abril al que ha tenido acceso El Confidencial, la procuradora Auxiliadora Espina Camacho exige a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que proceda “de forma inmediata” a la no consideración de Díaz Martín como irregularmente acogido al ERE 2003 de Mercasevilla. El Gobierno andaluz también deberá pagar los intereses y costas.

Tras cumplirse casi tres meses, (22 de enero de 2013) en que se comunicó la sentencia a la Junta, se solicita al Alto Tribunal andaluz la importancia de la necesidad del “abono de las prestaciones por prejubilación no percibidas hasta la fecha y a la no iniciación de expediente de devolución de las prestaciones percibidas, que son las decisiones que en sentido contrario fueron acordadas por la resolución anulada en este procedimiento”.

Ya el pasado 15 de enero de 2013  la Sala del TSJA dictó sentencia contra la resolución del 16 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Trabajo del Gobierno andaluz, que estimó acreditada la inclusión no regular en la póliza de seguro colectivo de rentas número 1-83-190000978. “¿Dónde está la colaboración de la Junta de Andalucía?”, se pregunta Marta Mejías, abogada de este prejubilado de Mercasevilla, en declaraciones a El Confidencial. “No es cierto que la Junta colabore con la Justicia: no nos sirve ni de referente ni de ejemplo”.

La Dirección General de Trabajo no ha contestado a la petición de Díaz Martín, aunque la aseguradora Generali tan sólo tiene que apretar “el botón de intro”, según apunta Mejías a este diario, “para pagar al extrabajador de la empresa pública sevillana”. “No responden porque, si lo hicieran, sería reconocer que lo han hecho mal”.  

Como publicó El Confidencial el pasado 9 de abril, hay otros cuatro prejubilados de Mercasevilla que configuran la otra cara de los ERE falsos, que contabiliza, por el momento, 111 prejubilados de manera irregular. Estos son legales. ¿Su culpa? “No pertenecer a ningún partido político ni sindicato”, denunció la abogada Marta Mejías. “Somos gente trabajadora que ha sido engañada. Nuestras familias nos tienen que comprar alimentos y pagarnos facturas, ya que nosotros no podemos hacerlo y a muchos nos van a quitar hasta la vivienda. La salud de algunos compañeros se está viendo seriamente afectada”, destaca Pedro Viruez, de 59 años, con tres hijos y cuatro nietos, prejubilado, a su pesar, a los 50 años. Viruez es uno de los cinco afectados, junto a Antonio García de Castro, Joaquín Gómez Mayo y José Díaz Martín.