EVITARÁN PRISIÓN SI NO TIENEN ANTECEDENTES

España relajó las sanciones penales por evasión fiscal tras la amnistía

"Si no tienes una cuenta en Suiza, no eres nadie", es la frase que se oye cada vez en más conversaciones a raíz de casos como

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España relajó las sanciones penales por evasión fiscal tras la amnistía
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    "Si no tienes una cuenta en Suiza, no eres nadie", es la frase que se oye cada vez en más conversaciones a raíz de casos como el de Bárcenas, los imputados de Gürtel, los Pujol o el propio padre del Rey. Y es que parece que, entre los VIP de nuestro país, quien más, quien menos tiene algunos milloncejos escondidos en un paraíso fiscal. Esta situación de fraude generalizado fue la que impulsó la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Pero inmediatamente después de este proceso, y a pesar de la amenaza de fuertes sanciones a quienes no declaren sus bienes en el exterior, el Gobierno reformó el Código Penal de forma que ahora es casi imposible que nadie entre en prisión por delito fiscal. Por ello y por la dificultad para que le pillen, el gran dinero escondido en paraísos fiscales sigue tan tranquilo.

    El Ejecutivo relajó las sanciones para el delito fiscal en una modificación del Código Penal que se aprobó el Día de los Inocentes del año pasado. Este texto, que eleva la pena máxima a seis años y alarga la prescripción a 10 para los casos más graves, recoge también que los acusados por delito fiscal contarán con un plazo de dos meses a partir de que sean citados como imputados (no desde que los descubran) para pagar la deuda tributaria y una pequeña sanción, y con ello conseguirán rebajar su pena de cárcel entre uno y dos grados. En la práctica, eso significa que siempre les condenarán a menos de un año, con lo que no pisarán la prisión si no tienen antecedentes.

    De aquí se deduce que, si hasta la fecha prácticamente nadie había entrado en la cárcel por delito fiscal (sólo si había un delito adicional, como corrupción o blanqueo de capitales), a partir de ahora será casi imposible que ocurra. "Lo que sería verdaderamente disuasorio es que la gente que defraude a Hacienda vaya a la cárcel, pero hemos hecho justo lo contrario", opina un asesor fiscal. La explicación que da el Ejecutivo es que, en cualquier delito, si el autor repara el daño, el juez puede rebajar la pena en uno o dos grados.

    Esta norma también modifica otro aspecto muy relevante del derecho fiscal: la llamada excusa absolutoria. Esta figura tradicional consistía en que, si alguien pagaba lo defraudado antes de que le citaran de la Agencia Tributaria o de los tribunales, quedaba eximido de responsabilidad penal; es, por ejemplo, a lo que se acogió Emilio Botín. La modificación de finales de año va más allá y considera que, en esos casos, no se cometió delito fiscal en absoluto. Esto significa que desaparecen los antecedentes y que no podrá ser acusado de blanqueo de capitales porque se requiere un delito previo.

    La amenaza de Montoro sólo afecta a los pequeños patrimonios

    "A la amnistía se ha apuntado gente que tenía un poco de dinero en Andorra, los que guardaban dinero negro en España y aquellos que estaban siendo investigados, pero no las grandes fortunas escondidas en paraísos ni aquellos que los utilizan para canalizar operaciones empresariales y ocultar beneficios", explica José María Peláez, expresidente de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. La regularización extraordinaria ha conseguido hacer aflorar 40.000 millones, aunque con una recaudación pírrica (1.192 millones). Estas personas temen que el Fisco descubra sus bienes en el extranjero y les aplique las durísimas medidas que incluye la ley de medidas antifraude de octubre, que impone la obligación de declarar todos los bienes en el extranjero por encima de 50.000 euros hasta el próximo 30 de abril -el conocido formulario 720-.

    El incumplimiento de esta norma conlleva un gran riesgo: si Hacienda te descubre, imputará ese activo como ganancia patrimonial al tipo marginal del impuesto en el último año no prescrito, aunque proceda de un ejercicio anterior, con una sanción adicional del 150% de la cuota resultante más los intereses de demora. Si esta cuota supera los 120.000 euros, la Agencia Tributaria lo denunciará por delito fiscal. Y además, no se admite prueba en contrario para que el defraudador se defienda.

    Sin embargo, los grandes patrimonios escondidos en paraísos no están en absoluto preocupados por esta amenaza. Para empezar, sólo podrían descubrirlos en aquellos países con los que España tiene acuerdos de intercambio de información o convenios de doble imposición que incluyen dicho intercambio: unos 20, mientras que los 37 restantes de la lista de la OCDE son absolutamente opacos para nuestro país.

    Falciani, Malaya, Ballena Blanca...

    Pero incluso en aquellos que sí deben facilitar información, es bastante difícil de obtener, según explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, la asociación de Técnicos de Hacienda. Así, no se permite lo que se conoce como fishing expedition, es decir, que España pregunte qué ciudadanos de nuestro país tienen bienes en el estado en cuestión; ni siquiera que pregunte por qué bienes posee un ciudadano concreto. Tiene que ser una petición razonada basada en indicios de delito, con cierto nivel de detalle (en qué banco está una cuenta, dónde está un inmueble) y siempre como último recurso cuando se han agotado las otras vías para conseguir la información.
     
    Y aun así, queda a discreción del paraíso fiscal facilitar la información o negarla. De hecho, en la práctica muchos se niegan o ponen tantas pegas (o se demoran tanto) que es imposible obtenerla. Por ejemplo, en la famosa lista Falciani (el empleado del HSBC que robó los datos de miles de defraudadores, entre ellos el citado Botín, y se los pasó a la Hacienda francesa), Suiza se ha negado a dar información porque esa lista se ha obtenido de forma ilícita. Otro ejemplo son las investigaciones de las operaciones Malaya y Ballena Blanca en Gibraltar, a las que en un principio pudieron acceder los funcionarios españoles pero no consiguieron nada por las múltiples trabas de las autoridades del Peñón.

    E incluso si se llega a superar estas reticencias, las grandes fortunas suelen guardar bien sus espaldas. "Al hablar de paraísos fiscales, se suele pensar en una perona que tiene una cuenta a su nombre, pero los altos patrimonios no lo hacen así; la cuenta está a nombre de una sociedad creada en otro paraíso, puesto que se pueden constituir por 200 dólares y van a nombre de un abogado local con un contrato privado que no sale a la luz. Si hay dos o tres saltos, es imposible rastrear la pista", relata Peláez.



    N. de la R. El Ministerio de Hacienda ha remitido a El Confidencial una serie de puntualizaciones sobre esta información que reproducimos a continuación:

    Hacienda rechaza que España relajara las sanciones penales por evasión fiscal tras la llamada 'amnistía fiscal'

    La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social supone una ambiciosa reforma del Código Penal, con la finalidad, entre otras, de reforzar los mecanismos que posibilitan la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. Sin duda alguna endurece la penalidad del delito. Podemos destacar las siguientes modificaciones:

    1.    A diferencia de la excusa absolutoria de la regulación previa, actualmente, para evitar la denuncia ante los Juzgados los obligados tributarios deben haber regularizado, de forma completa y voluntaria, su situación tributaria. Es decir, no vale la mera presentación de declaraciones, es preciso la declaración e ingreso de toda la deuda tributaria (concepto más amplio que la cuota tributaria, la deuda incluye intereses de demora, recargos, sanciones y costas). Por tanto, las condiciones de la regularización voluntaria se han endurecido.

    2.    La atenuante recogida venía ya siendo apreciada por los tribunales. La redacción del Delito contra la Hacienda Pública no contemplaba atenuantes. De esa forma, los encartados en los procesos por delito contra la Hacienda Pública podían invocar hasta el momento únicamente el catálogo de atenuantes que establece el art.21 del Código Penal. En la práctica, el Tribunal Supremo había apreciado la atenuante de confesión, establecida en el art.21.4. del Código, cuando se hubiera comunicado a la Administración Tributaria o a las autoridades competentes el incumplimiento de las obligaciones fiscales sin que se reunieran los requisitos para que pudiera apreciarse la regularización establecida en el art.305.4 del Código (la excusa absolutoria). Asimismo, los tribunales de justicia habían venido apreciando la concurrencia de la circunstancia atenuante establecida en el art.21.5 del C.P. consistente en la reparación del daño. La nueva redacción de la ley viene a recoger el atenuante que venía aplicándose por los tribunales, aunque debe destacarse que se supedita la apreciación de la atenuante de “reparación” a un requisito temporal que permite diferenciarla de la atenuante genérica del art.21.5 del C.P., pues deberá reconocerse e ingresarse la deuda tributaria dentro de un plazo de dos meses,contados desde que sea citado judicialmente para declarar como imputado.

    3.    Se agravan las penas. La creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determina que el plazo de prescripción de las infracciones más graves sea de diez años. Define un tipo agravado del delito ampliando la prescripción y las penas con objeto de facilitar la persecución.

    4.    Incrementar las posibilidades de cobro de la deuda tributaria impagada evitando la paralización del procedimiento administrativo por el proceso penal. El procedimiento administrativo se vuelve compatible con el proceso judicial (no se paraliza) de modo que la AEAT puede continuar con el procedimiento administrativo de cobro de la deuda tributaria de forma simultánea a la del proceso penal, liquidar y recaudar en vía administrativa, a resultas de lo que determine finalmente la autoridad judicial. Evita las dilaciones en la acción de persecución administrativa.

    5.    Facilita la persecución de las tramas organizadas de fraude fiscal permitiendo la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación. En los impuesto con períodos de liquidación inferiores al año (como es el IVA) el período para regularizar es el año completo, por lo que en casos de tramas agresivas que introduzcan una declaración fraudulenta en un trimestre del año, se elimina la necesidad de tener que esperar a todo el año para poder denunciar, anticipando la acción de persecución.

    Por último, la reforma nada tiene que ver con el procedimiento de regularización extraordinaria del año 2012, más allá de la coincidencia en el tiempo, se trata de una reforma que parte de las recomendaciones del grupo de trabajo permanente creado en el marco del Convenio de Colaboración de 30 de junio de 2005 entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Justicia en materia de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal,  que funciona a modo de observatorio administrativo, foro de seguimiento de la efectividad de las denuncias y querellas que se interpongan, así como de estudio de propuestas y sugerencias para la reforma de la figura del delito fiscal.


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