La otra cara de los ERE: la Junta no paga a cinco jubilados ‘legales’ de Mercasevilla

Trabajaban en Mercasevilla. La empresa de abastos los incluyó en un ERE en 2003 y la Junta de Andalucía lleva casi dos años sin pagarles su jubilación, incumpliendo dos sentencias (de enero y marzo de 2013) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le obligan a pagarle su pensión. Dos de ellos están al borde del desahucio y todos viven de la caridad de sus amigos y familiares. Es la otra cara de los ERE falsos, que contabiliza, por el momento, 111 prejubilados de manera irregular. Estos son legales. ¿Su culpa? “No pertenecer a ningún partido político ni sindicato”, denuncia la abogada Marta Mejías a este diario. La aseguradora Generali es quien debe abonar estos pagos por orden de la Junta.

“Somos gente trabajadora que ha sido engañada. Nuestras familias nos tienen que comprar alimentos y pagarnos facturas, ya que nosotros no podemos hacerlo y a muchos nos van a quitar hasta la vivienda. La salud de algunos compañeros se está viendo seriamente afectada”, destaca Pedro Viruez, de 59 años, con tres hijos y cuatro nietos, prejubilado, a su pesar, a los 50 años. Viruez es uno de los cinco aquejados, junto a Antonio García de Castro, Joaquín Gómez Mayo y José Díaz Martín, defendidos por el despacho de abogados sevillano Sánchez & Mejías Asociados. Hay otro prejubilado que decidió que su defensa jurídica corriera a cargo de Comisiones Obreras. De media, cobraban 1.400 euros mensuales.

La Junta de Andalucía ha mirado para otro lado de estas sentencias ignorando la grave situación de estos trabajadores de Mercasevilla, “engañados y cabezas de turco cuando no tienen nada que ver con los ERE”, explica Mejías, quien detalla cómo a mayor número de trabajadores incluidos en un expediente de regulación de empleo aumentan las comisiones y el suculento “negocio” que ha resaltado la magistrada Mercedes Alaya en su instrucción en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Y Lanzas también estaba allí

Los hechos se remontan a 2003, cuando Mercasevilla decide formalizar un ERE que afectaría a 74 trabajadores y a los que tuvieran más de 54 años. Como no había plantilla suficiente para esa franja de edad, la empresa rebajó el corte de edad a los 50 años. A esas reuniones acudieron responsables políticos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el conseguidor Juan Lanzas (en prisión desde el pasado 22 de marzo) y el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet.

Siete años después, tras destaparse el intento de soborno a los empresarios del grupo La Raza, la juez Alaya se da cuenta de la existencia de ciertas irregularidades en los ERE de 2003 y 2007. De manera simultánea, Beltrán Pérez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y consejero de Mercasevilla, es expulsado del Consejo de Administración del mercado central, que cuenta con capital público: 51% del Ayuntamiento y 48% de Mercasa.

Entonces, el PP presenta en el juzgado una denuncia que podría acarrear un presunto delito societario y Alaya decide abrir una pieza separada. La Junta de Andalucía decide crear una comisión de investigación de funcionarios en la que se escribe un informe reservado donde se enumera a una serie de intrusos por una discrepancia administrativa. “Metió a todo el mundo en el mismo saco, pero casualmente no les suspenden la pensión a nadie, sino sólo a estos trabajadores y no al mismo tiempo”, cuenta la letrada andaluza.

“Yo lo que hago es sobrevivir: la Junta me está quitando la vida”

El 26 de septiembre de 2011, la abogada Marta Mejías se reúne con Daniel Alberto Rivera, sucesor de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, y ahora también imputado en el caso de los ERE. Rivera no soluciona nada. En ese momento, los prejubilados legales de Mercasevilla que no cobraban eran tres. Un año después, eran dos más. Los exempleados del mercado central de abastos no recibieron ninguna notificación oficial de la Junta de Andalucía de la falta de abono de su pensión. Se dieron cuenta cuando intentaron sacar dinero y la cuenta corriente de su entidad financiera sólo ofrecía números rojos.

Pedro Viruez puede vivir de sus hijos, que le llevan bolsa de comidas a casa y le pagan la factura de la luz y del gas. “Yo lo que hago es sobrevivir; menos mal que tengo a mis nietos. La Junta es la que me está quitando la vida”. Mejías no duda que estos trabajadores son “víctimas de una trama”. “A ellos”, apunta, “todas las autoridades laborales les dijeron que cumplían los requisitos para acogerse a la prejubilación. Son unos héroes por lo que están pasando. En el despacho, por supuesto, no les hemos cobrado nada. Lo  importante es que puedan comer”.