La Casa Real accede a estar en la Ley de Transparencia

La Casa Real estaba abocada a entrar en la Ley de Transparencia desde que, en el último debate sobre el Estado de la Nación, Mariano Rajoy y el PP se comprometieron a incluir en la nueva norma a todas las instituciones que se nutrían de fondos públicos, desde la parte institucional de la Corona hasta las organizaciones empresariales y sindicatos. Así las cosas, el paso adelante dado hoy por la Casa Real, que según han confirmado a Reuters fuentes de La Zarzuela ha accedo a ser incluida en la Ley de Transparencia, cuyo estudio está ahora en las Cortes, es un gesto profundamente simbólico e inédito en concordancia con lo que ya anunció el Ejecutivo hace unas semanas.

Según la fuente anónima de la Zarzuela citada por Reuters, representantes de la Casa Real llevan dos meses negociando en el Congreso la forma en que se supervisarán sus actividades. Todo hace indicar que la transparencia se ceñirá a las partidas de la institución que sufragan diferentes ministerios, Interior, Exteriores y Hacienda, entre otros.

La decisión llega cuando la Corona, la institución tradicionalmente más respetada por los españoles, se ha visto profundamente por los negocios de Iñaki Urdangarín a través del instituto Noos por los que tendrán que dar cuenta, ante el juez José Castro, tanto el propio Urdangarín como su mujer, la infanta Cristina.

El miércoles, el juez instructor de Palma de Mallorca José Castro imputó a la hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, por indicios de complicidad con las actividades de su marido, Iñaki Urdangarín, acusado de enriquecerse ilícitamente desviando unos seis millones de euros de dinero público a través de una fundación sin ánimo de lucro.

El pasado 26 de febrero, el PP cerró un acuerdo anticorrupción en el marco del Debate sobre el estado de la Nación que abría la puerta a que la futura Ley de Transparencia afecte a la Casa del Rey. Según anunció entonces el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, este acuerdo llevó la firma de PP, CiU, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro y recabará el apoyo del PNV.

La norma, además de otras resoluciones que el PP ha enviado al Congreso, propone una mayor regulación de las declaraciones fiscales, activos y actividades de los empleados públicos y mayores penas para los casos de corrupción y más auditorías de fundaciones, sindicatos y cámaras empresariales que reciben financiación pública.

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, fue claro al señalar en el Congreso, el pasado 23 de enero, que a su juicio “sería también importante que la ley se extendiera a los sindicatos, la CEOE y la Casa Real”. “Una Ley de Transparencia que afecte a la Casa Real, a los partidos políticos y a todos los que reciben subvenciones públicas”, explicó. “Cuando los ciudadanos nos vean hacer estas leyes que van contra nuestra propia impunidad y que van, de verdad, a favor de una democracia de más calidad, creerán en nosotros y creerán en la democracia. Y entonces en España podremos conjugar democracia con mayúsculas”.