La Infanta "consintió" que Urdangarin usara su "parentesco" con el Rey para sus negocios

La infanta Cristina de Borbón "prestó su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido", Iñaki Urdangarin, "a sabiendas" de que éste se sirvió de ese vínculo familiar para obtener "un trato generoso" por parte de administraciones públicas y empresas privadas, "disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos". Así justifica el juez José Castro, instructor del caso Nóos, la imputación de la hija menor del Rey por un presunto delito de cooperación necesaria, en un auto que se ha hecho público este miércoles.

El juez argumenta que tanto la infanta Cristina como su secretario personal, Carlos García Revenga, fueron incluidos en la junta directiva del Instituto Nóos "no en atención a sus capacidades", sino "con la pretensión de aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas las operaciones" realizadas por esa supuesta entidad sin ánimo de lucro "eran conocidas y gozaban del respaldo de la casa del Rey".

Castro, que ha citado a declarar a la duquesa de Palma el próximo día 27 en la capital balear en calidad de imputada, alude en su auto de forma exhaustiva a los "indicios que hacen dudar que doña Cristina desconociera" que su "única función" en la junta directiva del Instituto Nóos era "la de una utilitarista figuración" para sacar provecho de "su tratamiento real". Y advierte que la imputación de la Infanta pretender evitar "un cierre en falso" de la instrucción del caso Nóos "en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos".

El juez pretende aclarar si la Infanta ha podido ser cooperadora necesaria en los delitos cometidos por su marido, y en su auto de 18 folios trata de dejar claro que aunque no existen "evidentes indicios racionales" de que la hija de don Juan Carlos interviniera de manera activa en la "gestión cotidiana" del Instituto Noos y de Aizoón S. L. -la sociedad que comparte al 50% con Urdangarin-, "sí que existen [indicios] suficientes de que no precisaba hacerlo, pues bastaba con que prestara su consentimiento a que su parentesco con el Rey Juan Carlos fuera utilizado por su marido".

Y lo hacía, añade el juez, "a sabiendas" de que lo era para "propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y de Administraciones Publicas”. Es de extrañar, recoge el auto, que éstas hubieran accedido "tan pacíficamente" a las "proposiciones" de Urdangarín sin contar con "el aparente y consensuado refuerzo" de la Casa del Rey. Esto podría suponer "cooperación necesaria" en los presuntos delitos cometidos por Urdangarín y Torres.

Castro alude específicamente al artículo 28 del Código Penal, según el cual "también serán considerados autores" de un delito "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado". Este no es, sin embargo, el único delito que la infanta Cristina podría haber cometido, ya que el juez advierte que la hija del jefe del Estado podría ser, además, cómplice. El instructor del caso Nóos hace mención expresa del artículo 29 del citado Código Penal, que señala que "son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos".

Validez de los 'emails'

La instrucción, a punto de concluir

La instrucción del caso Nóos, según las fuentes consultadas, está a punto de concluir, y Castro quería apurar los últimos flecos de la investigación antes de tomar la decisión de la imputación de la infanta Cristina. Por eso, además de la cuenta de La Caixa con los pagos de Corinna, el juez también pidió al Registro Mercantil de Barcelona una copia de la hoja registral de Aizoon SL, la empresa que comparten al 50% Urdangarin y su esposa, a la que fue desviada una parte de los fondos públicos captados por Nóos.

Castro también estaba a la espera de que la Agencia Tributaria le remitiera un informe sobre la mercantil Mixta África, una promotora de viviendas sociales en el continente africano a la que Aizoon SL facturó casi 400.000 euros entre 2007 y 2009. El instructor del caso Nóos, por último, pidió todas las actas de las reuniones celebradas por la Junta Directiva del Instituto Nóos entre 2004 y 2006 para saber si la hija menor del Rey intervino en ellas y participó en la toma de decisiones. 

Ahora, tras la imputación por tráfico de influencias, se abre la incógnita del futuro de Doña Cristina en la Casa Real. Muchas voces piden que tome la decisión de apartarse de los privilegios de Infanta de España para no contaminar el futuro de su hermano, el Príncipe de Asturias. La Casa del Rey ha emitido un comunicado en el que asegura que no hace “comentarios sobre decisiones judiciales”.