DE TENER UNA CALLE A SU NOMBRE, A SER JUZGADA

Coro Cillán: la polémica jueza será apartada de la carrera

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenderá de manera cautelar previsiblemente este miércoles a la jueza de Madrid Coro Cillán hasta que el Tribunal Superior

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Coro Cillán: la polémica jueza será apartada de la carrera
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    El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenderá de manera cautelar previsiblemente este miércoles a la jueza de Madrid Coro Cillán hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la juzgue y dicte sentencia por un delito de prevaricación del que se le acusa. La instructora tiene dos días para cerrar las causas que tiene pendientes antes de que las asuma un juez sustituto.

    Cillán no es una jueza cualquiera. Se trata de una magistrada con un pasado en la política que incluso ha llegado a tener una calle a su nombre. Ahora, entre los temas de más trascendencia, debe resolver si investiga al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por una denuncia por amenazas interpuesta por el empresario Javier de la Rosa, que declaró el pasado 22 de enero. Desde entonces, las partes acuden cada día al Juzgado número 43 de Madrid para conocer si Cillán dicta el auto de sobreseimiento de la causa o, por el contrario, decidir continuar con el asunto como parecía que estaba dispuesta después de escuchar a De la Rosa. Sin embargo, a día de hoy no hay respuesta de la jueza, que cada día asegura que será el último de espera.

    El caso que ahora pesa sobre ella es una simple anécdota en comparación con las sanciones acumuladas por retrasos reiterados y graves durante los últimos trece años. Cillán ha llegado a tardar más de tres años en dictar una sentencia después de celebrarse el juicio. Ahora, será ella quien se siente en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación por favorecer supuestamente a un empresario, al que ella misma consideraba “amigo íntimo”, en el llamado caso Moma. La jueza ordenó el cierre de la discoteca de ese mismo nombre en la capital madrileña nombrando  administrador a su amigo, Javier Caballero Dotres, uno de los socios del local enfrentado con otros de sus responsables, para quien llegó a fijar una minuta de 18.000 euros mensuales.

    La figura de Coro Cillán hace tiempo que está rodeada de controversia. Nacida en 1950 en el País Vasco y soltera, quien ha trabajado con ella la define como una persona desordenada, caótica y con poca agilidad a la hora de finalizar sus trabajos. Los funcionarios de su juzgado, así como los fiscales que han trabajado codo con codo con ella, han llegado a denunciar que en ocasiones ha acudido a los juzgados bajo los efectos del alcohol.

    Durante un tiempo, Cillán habló a la fiscal adscrita a su juzgado de que tenía un novio que se llamaba Javier Caballero, que era abogado en Alicante. Cuando se descubrió que era la misma persona por la que había ordenado el precinto de la discoteca Moma y a  quien había nombrado administrador, Cillán aseguró ante el TSJM que cuando dijo que era su novio se trataba únicamente de “una broma”.

    Rodeada de conspiraciones

    Cillán siempre se ha defendido de las acusaciones asegurando que forman parte de una campaña de desprestigio a su persona por intentar reabrir el caso del 11-M. Su entorno mantiene que esta acusación está articulada para que abandone ciertas investigaciones que pueden resultar problemáticas. Lo cierto es que la jueza admitió una investigación sobre el atentado cuando ya había sido juzgado, condenado y ratificado por el Tribunal Supremo. Su causa, en la que tenía imputado al jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid, decisión ratificada por el Tribunal Supremo.

    Según fuentes próximas a la magistrada, Cillán veía conspiraciones en esos archivos, los mismos ataques que percibía cuando era magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. En alguna ocasión llegó a decir a algún compañero que en sus sentencias había tenido dos votos particulares, en un tribunal de tres magistrados. Es decir, sus ponencias no salían adelante porque los otros dos miembros de la Sala no compartían sus textos pero ella mantenía que las sentencias se llegaban a dictar a pesar de tener a la mayoría del tribunal en contra.

    Desordenada, caótica y con poca agilidad a la hora de finalizar sus trabajos. Los funcionarios de su juzgado, así como los fiscales que han trabajado codo con codo con ella, han llegado a denunciar que en ocasiones ha acudido a los juzgados bajo los efectos del alcohol

    En la Audiencia Provincial de Guipuzcoa acumuló varias sanciones e incluso llegó a ser suspendida por sus retrasos. Sus compañeros de tribunal tenían que hacerse cargo de sus ponencias porque ella no llegaba a redactarlas y, si lo hacía, era en contra de lo acordado en las deliberaciones.

    En 1999, se le sancionó por retrasos reiterados y graves. Tres años después, el Poder Judicial tenía en su mesa otro expediente. El fiscal y el instructor solicitaron ya en ese momento su expulsión de la carrera judicial pero el Tribunal Supremo anuló la suspensión y lo dejó en una simple multa.

    Antes de que Cillán fuera apartada en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, su estancia allí estuvo llena de obsesiones. Sospechaba de todos sus vecinos y estaba convencida que iba a ser asesinada, según fuentes próximas a ella en aquella época.

    Una vez en la capital, Cillán fue conocida no sólo por querer reabrir el caso del 11-M sino por imputar a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana por un delito de coacciones a la mujer de Santiago del Valle, que en una entrevista confesó que su marido había asesinado a la pequeña Mari Luz Cortés. En 2001, quiso investigar a los organizadores de la llamada procesión atea por convocar esa marcha en Jueves Santo y archivó la querella interpuesta por el doctor Luis Montes contra el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, por un presunto delito de denuncia falsa.

    María del Coro Cillán y García de Iturruspe comenzó su andadura profesional como delegada provincial del Ministerio de Obras Públicas, primero en Mérida y después en Ávila. Su trabajo a favor de las barriadas en su primer destino le fue recompensado con una calle a su nombre aunque en 2007 el Partido Popular cambió el nombre de la vía  por el de Cristóbal Colón.

    Ya en ese momento generó polémica por enfrentarse a altos cargos de la UCD y el 27 de octubre de 1978 fue cesada de su cargo. Un año después, en las siguientes elecciones generales, formó parte de la candidatura de extrema derecha denominada Unión Foral del País Vasco. No salió elegida y poco después se hizo jueza. A sus 63 años y con una carrera profesional llena de polémica, el TSJ de Madrid podría dictar punto y final.

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