Bruselas da cuatro meses a la Ciudad de la Luz para devolver 265 millones en ayudas

La Comisión Europea acaba de conceder cuatro meses a la Ciudad de la Luz, los megaestudios cinematográficos construidos por la Generalitat Valenciana al sur de la ciudad de Alicante, para que devuelva a las instituciones los 265 millones de euros que ha recibido en subvenciones, al considerar que España ha incurrido en este proyecto en un claro caso de competencia desleal. El dictamen se conoció en mayo del pasado año, pero no ha sido argumentado por Bruselas hasta este fin de semana, cuando se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La resolución añade otro monumental agujero a las maltrechas finanzas de la Comunidad Valenciana, duramente castigadas por la desastrosa política de inversiones en proyectos emblemáticos que puso en marcha Eduardo Zaplana y que Francisco Camps llevó después al extremo.

En un largo documento que también recoge las alegaciones presentadas por las autoridades españolas, la Comisión Europea concluye que las ayudas públicas recibidas por la Ciudad de la Luz desde el inicio del proyecto en 2000 hasta 2010, el último ejercicio evaluado, se concedieron de forma ilegal, vulnerando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En total, la firma propietaria de los estudios, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, perteneciente a su vez a la Generalitat, ha destinado a estas fastuosas instalaciones más de 265.089.599 entre cesiones de suelo, inversiones, préstamos no cobrados e intereses impagados.

En opinión de la Comisión, todas estas ayudas “no se destinan a colmar una deficiencia del sector [cinematrográfico nacional] y amenazan con afectar negativamente a la competencia y el comercio” de esta industria de la UE, por lo que obliga a la Ciudad de la Luz a reintegrarlas a la Generalitat Valenciana en un plazo de cuatro meses que comenzó a contar el pasado sábado. No obstante, la sanción recae sobre España, que tendrá que demostrar ante la Comisión que ha impuesto a la empresa pública la devolución de las subvenciones junto a los intereses acumulados.

Alteración artificial del mercado privado

En las conclusiones, la institución encabezada por José Manuel Durao Barroso afirma que los fondos de la Comunidad Valenciana alteraron de forma artificial el funcionamiento del mercado cinematográfico interno de la Unión Europea, al ejecutar una inversión multimillonaria que nunca habría podido ser afrontada por un inversor privado en condiciones similares. También denuncia que la empresa pública rebajó los precios de contratación de forma anormal y que incluso dio incentivos a producciones extranjeras para conseguir que la Ciudad de la Luz fuera elegida frente a otros estudios competidores del Viejo Continente, perjudicando gravemente a compañías de la misma industria que no contaron con aportaciones de sus respectivas Administraciones nacionales.

Para el órgano ejecutivo de la UE, la inversión pública sólo habría sido aceptable si hubiera tenido como objetivo subsanar las deficiencias del mercado cinematográfico español en un segmento delimitado. Sin embargo, recuerda que las autoridades valencianas no aportaron pruebas al procedimiento para demostrar que este era el fin real de la inversión. Además, la Comisión sostiene que la utilidad pública del proyecto es difícilmente justificable por tratarse de unos estudios “de nueva construcción y de gran tamaño”, “altamente especializados” y relacionados con el sector audiovisual, no sólo con el cinematográfico. Para Bruselas, la Ciudad de la Luz es mucho más que una simple infraestructura cultural.   

Una idea ruinosa

Los argumentos de la Comisión también dejan al descubierto el fiasco económico del complejo, similar al que la Administración valenciana ha cosechado en otros proyectos representativos, que han dejado la situación de las arcas autonómicas al borde del colapso.

El documento compara las previsiones iniciales que esgrimió la Generalitat en su día para impulsar el proyecto con su realidad actual. En el año 2000, una consultora afirmó que los estudios acogerían de media 16 grandes producciones al año y que el ejercicio 2014 se cerraría con unos beneficios de 341 millones de euros. Pero la Generalitat se vio obligada a cerrarlos el pasado mes de octubre por la ausencia de contratos, y entre 2005 y 2010 apenas consiguieron albergar 38 producciones en total, la mayoría de ellas nacionales, pese a las facilidades que concedieron para tratar de atraer rodajes internacionales de prestigio. En 2011 –último año con las cuentas presentadas en el Registro Mercantil-, la Ciudad de Luz únicamente logró ingresos por valor de 38.996 euros. Sólo ese año perdió más de 20 millones de euros.

La resolución de Bruselas mantiene que las autoridades españolas no justificaron suficientemente su estudio económico sobre la viabilidad de las instalaciones y que, con los datos disponibles en 2000, “un inversor privado no habría invertido en el proyecto”, entre otros motivos, porque su “tasa interna de rentabilidad era inferior al coste de oportunidad del capital”. Los parámetros de la propia Generalitat llevan a la Comisión a concluir que el negocio tenía desde su origen un valor de menos 130 millones de euros, un saldo ruinoso, como el tiempo ha acabado demostrando.

Con todo, la Generalitat sigue invirtiendo en la Ciudad de la Luz. Para el ejercicio 2013 ha presupuestado 13.011.140 euros destinados a cubrir los gastos financieros y de mantenimiento de los estudios. Además, canaliza más fondos a través de la partida asignada a la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.

Un futuro comprometido

Pero puede que este dinero de la Generalitat nunca llegue a los estudios. Con su dictamen, la Comisión no sólo obliga a España a garantizar la devolución de los 265 millones de euros públicos aportados hasta el momento al proyecto, sino que también le prohíbe concederle nuevas aportaciones públicas. Así, los estudios tendrán que sufragar sus costes de mantenimiento con sus propios recursos, aunque será difícil que consigan ingresos después de haber sido cerrados.

En estos momentos, la Generalitat sólo piensa en deshacerse de los estudios. Según el Gobierno autonómico, las instalaciones tienen “muchos pretendientes”, pero hasta el momento no ha aparecido ninguno. El caso es similar al del Aeropuerto de Castellón, en el que la Comunidad ya ha gastado 155 millones de euros. Este ejercicio invertirá otros 16, a pesar de que dos años después de ser oficialmente inaugurado sigue sin ser utilizado por aviones. La empresa pública que lo explota aseguró al principio de este año que un inversor hispano-libio estaba decidido a comprarlo pero, tres meses después, nadie ha llegado con el dinero.