Alaya envía a prisión a Lanzas, el ‘conseguidor’ de la Junta

Un perro llamado Aris, un maletín antiquísimo (con máquina de escribir Olivetti incluida) y sobres con billetes de 200 y 500 euros (en total, 82.000 euros) guardados debajo de la cama de su casa jienense de Albanchez de Sierra Magina. Este cóctel de elementos, localizados por la Guardia Civil en la casa del exsindicalista Juan Lanzas, sirve de metáfora del escándalo de los ERE falsos. Lo prueba el vídeo de un minuto difundido ayer por la tarde por el Instituto Armado.

En una noche que no parecía tener fin, a las 6.55 horas de la mañana del viernes se confirmó que Lanzas iría a la cárcel de Sevilla, según un auto de la juez Mercedes Alaya, tras solicitar la Fiscalía Anticorrupción su entrada en prisión, a las 3.30 horas. El conseguidor de la Junta de Andalucía, también conocido como el embaucador, se acogió a su derecho a no declarar, pero permaneció más de una hora en el despacho de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla escuchando los delitos que Alaya le imputaba.

Alaya investiga en el exsindicalista de la UGT Lanzas datos ocultos de las falsas prejubilaciones que serían claves para acotar el terreno de la instrucción, que se prolonga ya por más de dos años. Lanzas, autor de una frase que resume toda una época: “Yo no trabajo, soy millonario”, trabajó para la familia Ruiz-Mateos con la misión de convencer a los trabajadores de Nueva Rumasa de cuatro ERE en su grupo de empresas: Comercial Alimentaria Dhul (Granada); las bodegas Complejo Bodeguero Bellavista (Garvey), y Zoilo Ruiz-Mateos (Sandeman, en Jerez) y Europa Central, empresa del hotel Cervantes, en Torremolinos.

La magistrada también dejó en libertad a Daniel Ponce, ex director ajunto de Mercasevilla, el germen de la trama de los ERE falsos. Ponce, a quien Alaya le retiró el DNI y el pasaporte, tampoco declaró en los juzgados. Deberá presentarse en el juzgado cada 15 días. Quien sí lo hizo (durante siete horas) fue Antonio Albarracín, ex delegado comercial de Vitalia, que según Alaya cobró 3,7 millones de euros en comisiones. La magistrada ordenó su entrada en la prisión de Morón de la Frontera. Fue su abogado quien utilizó palabras más gruesas contra la forma de actuar en este caso de la administración pública andaluza. “Es un fraude de la Junta de Andalucía y de los políticos. Eso no es cuestión de los técnicos”, contestó el letrado.

Sólo en esta pieza separada de la trama de los ERE se podrían haber desviado 50 millones de euros, según la Guardia Civil. De todas formas, esta cifra se podría quedar muy corta, toda vez que tanto el Instituto Armado como la propia juez todavía no han acabado ni de lejos con sus pesquisas. El propio director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha anunciado que la operación Heracles sigue su ritmo. “Faltan pasos muy importantes”, subrayó Fernández de Mesa.

En el auto de prisión de Francisco Javier Guerrero, Alaya hacía referencia a que las ayudas “se otorgaban escandalosamente a personas que no tenían derecho a ellas, creándose una especie de clientelismos en torno al PSOE y la Junta”. Hay una diferencia con esta pieza judicial en la que se han incluido más de 20 detenidos: se ha pasado de “clientelismo” a “negocio”.