'Escrache' a diputados: "Alerta a los vecinos, en este barrio vive un asesino"

'Escrache' es una palabra originaria de Argentina y que recientemente ha comenzado a escucharse en España, especialmente a través de las redes sociales. El término se refiere a un tipo de manifestación que consiste en denunciar a quien se considera culpable de una injusticia, señalándole públicamente para hacerle quedar en evidencia frente a los demás, normalmente en su domicilio o su lugar de trabajo. En Argentina surgió para señalar a antiguos colaboradores de la dictadura militar, la práctica se extendió a otros país como Chile y Perú, y ahora ha llegado a España de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Alberto Ruiz-Gallardón o Esteban González Pons son algunos de los últimos objetivos del 'escrache' de los activistas, que presionan para que los diputados voten a favor de las tres medidas recogidas en su Iniciativa Legislativa Popular (ILP): dación en pago retroactiva, alquiler social y paralización de los desahucios. Este miércoles, varias decenas de personas se concentraron frente al domicilio del ministro de Justicia y, al grito de “Alerta a los vecinos, en este barrio vive un asesino”, colocaron carteles en su portal. A continuación se dirigieron hasta un hotel cercano al Congreso donde, según indicaron, suele alojarse Iñaki Oyarzábal, si bien el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP no es diputado en la Cámara Baja.

Sí lo es el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, cuyo domicilio en Valencia también fue objeto de un 'escrache' en la mañana del miércoles. Pons explicó desde Madrid que se enteró de lo ocurrido a través de lo que le contaron sus hijos, que se encontraban en el interior de la vivienda. "Han entrado dentro del portal, han subido hasta la casa y han estado aporreando la puerta durante 45 minutos, y ya no hago comentarios sobre poner los carteles, entrar en casas de los vecinos, cortar el tráfico o molestar a todo el mundo por la calle", explicó en declaraciones a la cadena Cuatro.

Las acciones de 'escrache' son parte de una campaña con el lema “Hay vidas en juego”, y arrancó oficialmente el pasado lunes 11 de marzo frente al hotel Ritz de Madrid, en un desayuno informativo al que asistieron, entre otros, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz-Gallardón o Fátima Báñez. El presidente del Gobierno y otros ministros optaron por abandonar el hotel de lujo por la puerta de atrás para no encontrarse con la protesta. 

El pasado fin de semana también se produjeron 'escraches' en Barcelona, donde los activistas recorrieron los barrios del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de los diputados 'populares' Jorge Moragas, María de los Ángeles Esteller y Antonio Gallego animando a sus vecinos a “señalarles con la mano” en caso de verlos por la calle.

Libertad de expresión frente a acoso e intimidación

Este tipo de acciones se mueven en una fina línea entre el derecho de manifestación y de libre expresión y los actos de acoso e intimidación dentro de la esfera privada de los cargos públicos, si bien desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se indica expresamente el rechazo a “cualquier agresión verbal o física” contra la persona a señalar. En el protocolo de 'escrache' se indica que el objetivo es que los señalados “no vivan ajenos a las dramáticas consecuencias que su comportamiento está ocasionando a miles de personas y sientan la incomodidad en sus actos cotidianos (comprar el pan, ir al trabajo, ir al cine...)”.

La justificación de la PAH para estos actos reside en la falta de respuesta de los diputados a la carta que les enviaron el pasado 28 de febrero en la que les invitaban a las asambleas de afectados por los desahucios para que conocieran de primera mano el problema sobre el que deben legislar. De esta manera, los activistas consideran que “si sus señorías no van a la PAH, la PAH irá a sus señorías para informarles”, entregando en sus domicilios cartas y testimonios de los afectados por los desahucios.

Casi millón y medio de firmas y 600 desahucios suspendidos

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, junto con otras organizaciones sociales y sindicales, impulsó en abril de 2012 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria. Diez meses después presentaron en la Cámara Baja algo más de 1.400.000 firmas, casi el triple del mínimo exigido. Pese a que el Grupo Popular había anunciado que votaría en contra de su admisión a trámite, rectificó en el último momento.

Fue sólo una de las muchas pequeñas victorias que ha conseguido la PAH en los últimos meses, un tiempo en el que además han conseguido detener seiscientos desahucios en toda España. Una encuesta de Metroscopia realizada el pasado mes de noviembre arrojaba resultados demoledores: el 95% de los encuestados creían que el Gobierno debe modificar la ley hipotecaria, y el 91% consideraban que la banca abusó de la buena fe y la falta de conocimientos jurídicos de los ciudadanos. El último espaldarazo para el movimiento llegaba el pasado jueves, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la legislación española que regula los procedimientos de desahucio vulnera la normativa europea comunitaria de protección de los consumidores.

La Plataforma considera que con la ILP han “agotado todas las vías posibles que el sistema actual permite para modificar una ley”, por lo que creen que “ahora es el turno de los políticos”. Está por ver cómo responden los diputados a la campaña de 'escrache', si bien ayer Esteban González Pons ya avanzaba que “ésta no es la forma de convencerme”.