Bermúdez ignora al fiscal para poder investigar al PP, que le dejó caer tras la sentencia del 11-M

Javier Gómez Bermúdez va a investigar a los mismos que le encumbraron en su día a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que dejaron de apoyarle tras juzgar y sentenciar los atentados del 11-M. Este magistrado no fue respaldado en febrero del año pasado, y perdió la presidencia. Tenía la opción de seguir de magistrado de sala, pero prefirió bajar un escalafón de la carrera judicial para instruir. Un año después, le ha llegado la oportunidad de investigar la financiación irregular del Partido Popular, al admitir una querella en la que se pide investigar precisamente a Ángel Acebes, la persona que en su día le llevó de la mano para que el Consejo General del Poder Judicial le eligiera, frente a otros candidatos con más méritos y años en la carrera judicial.

Gómez Bermúdez ha cogido la oportunidad que le brinda la Fiscalía Anticorrupción, sin darse cuenta esta última. La institución que dirige Eduardo Torres-Dulce no quiso que Pablo Ruz investigase los ‘papeles de Bárcenas’ al entender que no había conexiones suficientes con el caso Gürtel. Un cambio de última hora en la Fiscalía, cuya idea inicial era pedir al instructor que abriera una pieza separada, hizo que la investigación quedase en manos de Anticorrupción para así evitar que el asunto de los presuntos sobresueldos a dirigentes del PP con dinero de donaciones no oficiales de empresarios quedara bajo el paraguas del Ministerio Público.

No contó con que podía recaer alguna causa en otro juzgado que hiciera cambiar las tornas. El 1 de marzo, Izquierda Unida, junto a varias asociaciones, presentó una querella contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, su antecesor, varios dirigentes de la formación, entre los que están Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo -contra los que, por ahora, no actúa porque los indicios son muy débiles, aunque no lo descarta en un futuro- y empresarios que presuntamente pudieron pagar donaciones con carácter no oficial a cambio de adjudicaciones o un trato de favor.

La querella cayó en manos de Gómez Bermúdez, quien abrió diligencias previas antes de decidir si admitía a trámite la querella y requirió a la Fiscalía Anticorrupción que informara sobre la competencia de la Audiencia Nacional para hacerse cargo del caso. El Ministerio Público no contestó hasta siete días después, tal y como recuerda Gómez Bermúdez en su auto, cuando Ruz ya había asumido la investigación sobre los ‘papeles de Bárcenas’ por su presunta conexión con el caso Gürtel. Una vez que Ruz movió ficha, la Fiscalía solicitó a Gómez Bermúdez que se inhibiera a favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 y le entregara la causa. 

Fuentes jurídicas explican que será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que deba resolver el conflicto de competencia entre ambos juzgados, pero se trata de una cuestión gubernativa más que jurisdiccional, motivada por una cuestión del reparto de los asuntos. Esto quiere decir que se estudiarán más las fechas de entradas de los asuntos antes que la cuestión de antecedentes.

Otras fuentes jurídicas explican que Ruz –quien, por cierto, abandona previsiblemente el juzgado el próximo septiembre al estar de interino- optó inicialmente por no investigar los ‘papeles de Bárcenas’ al no ver conexión con la causa general de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. Desechó el asunto y sólo lo aceptó cuando Gómez Bermúdez abrió diligencias previas como primer paso para admitir a trámite la querella de IU. Por tanto, en estos momentos, ambos jueces son competentes objetivos para investigar el caso y sólo será la Sala de lo Penal, por la vía del recurso, la que decida sobre la competencia. Se tendrá que tener en cuenta si se trata de un hecho independiente o de una parte de Gürtel para decidir qué juez se queda con los ‘papeles de Bárcenas’.

La investigación no se paraliza

La Sala lo estudiará una vez que la Fiscalía recurra el auto de admisión de la querella por parte de Gómez Bermúdez pero mientras tanto, según estas mismas fuentes, los dos jueces pueden seguir investigando para que las causas no se vean perjudicadas. Por tanto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 puede seguir adelante, hasta nueva orden, con las diligencias ordenadas y tomará declaración en calidad de imputados a Bárcenas, su antecesor, Álvaro Lapuerta, y varios empresarios como el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más de un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; o Luis del Rivero, expresidente Sacyr Vallehermoso, entre otros.

Se suman a los ya imputados en el caso Gürtel Pablo Crespo, exsecretario general de Organización del PP en Galicia, y el empresario Alfonso García Pozuelo. “Existe una correspondencia entre entradas de dinero procedentes de empresas y empresarios y la adjudicación de obra pública o contratos con la Administración en el mismo entorno temporal, de modo que los empresarios querellados así como los gerentes y tesoreros del PP” durante las fechas recogidas por la querella “deben tener el estatuto de imputados”, recoge el auto.

Gómez Bermúdez va a investigar si el aparato financiero del PP recaudó dinero entre 1990 y 2009 mediante el cobro de comisiones a empresarios a cambio de incidir en la realización de determinadas políticas económicas que favoreciesen a los pagadores, “en particular la obtención de contratos públicos u otros favores de las Administraciones Públicas”.

El magistrado señala en su auto que, aunque en España no se pueda pedir responsabilidad criminal a un partido político, tal y como viene recogido expresamente en la última reforma del Código Penal, aconseja al PP que nombre a un procurador y letrado por su responsabilidad como parte pasiva civil del proceso “y sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”. En el escrito recoge que el PP, como beneficiario de las donaciones, es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos “lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo”. Es decir, sin haber participado en la comisión del delito “se beneficia de sus efectos gratuitamente, lo que conlleva la obligación de restituir la cosa o resarcir daño hasta la cuantía de su participación”. 

Numerosas pruebas sobre las donaciones

Gómez Bermúdez quiere averiguar si el PP concedió adjudicaciones a las empresas de las que presuntamente recibió donaciones. De ahí que requiera a los empresarios una relación de obras y en general contratos públicos de los que se hayan beneficiado entre 2002 y 2009 por Administraciones gobernadas por el PP, y a este le ordena la entrega, en un plazo improrrogable de siete días, de la relación de los ingresos por donaciones de los empresarios querellados.

El magistrado también quiere conocer la relación laboral entre el PP y Bárcenas de los últimos años y pide a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones del extesorero entre 2009 y 2013, es decir, desde el momento que fue imputado por el caso Gürtel hasta la actualidad. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas deberá aclarar si alguna de las empresas querelladas ha donado legalmente al partido y, si es así, cuándo y cuánto; y reclama al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que le haga un informe sobre los contratos firmados por las empresas querelladas o algunas de sus filiales con las Administraciones Públicas desde 2002 hasta la actualidad.

Ante la falta de los papeles originales de Bárcenas, el juez ha solicitado todas las pruebas posibles para averiguar si son reales estas donaciones y de ahí que también pida al Banesto que le certifique si en las cuentas del PP aparecen en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo, además de exigir al PP que le aporte los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a aquellos dirigentes que han confirmado esas entregas y que son Santiago Abascal (en 1999), Calixto Ayesa (1991, 1992), Juan Ignacio del Burgo (2001), Pío García Escudero (2001), Eugenio Nasarre (2003), y el expresidente valenciano, Jaume Matas. Por último, reclama a la Fiscalía que le entregue toda la información obtenida sobre este asunto.