El látigo jurídico del 15-M murciano

Con el otrora potente movimiento 15-M en segundo plano en casi toda España, muchas de sus ramificaciones siguen activas y haciendo la guerra pacífica y protestataria por su cuenta, seguras de que la repercusión social valida sus iniciativas tanto como los juicios que ganan. Ejemplo palmario es Atrapa (Asociación por la Transparencia Política y Administrativa), que actúa en Murcia y tiene contra las cuerdas a varios representantes de la sociedad establecida gracias a sus acciones judiciales.

La última cristalizó el viernes 22, con la entrega en el juzgado de Instrucción número 3 de la fianza de 3.000 euros que la juez Marifé Tabasco Cabezas exigió que fuera depositada para dar trámite a la querella que Atrapa interpuso por prevaricación contra el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, y el jefe superior de Policía Nacional, Cirilo Durán, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 125 de la Constitución.

Sostiene Atrapa en su querella, admitida a trámite, que ambos han prevaricado continuadamente por el hecho de consentir que los policías nacionales que intervienen en las diversas manifestaciones de protesta que se convocan en Murcia no lleven visible sus chapas de indentificación, contraviniendo los artículos 18 y 19.2 del Real Decreto 1484/1987, que establecen que “todos los uniformes” (y “todo el personal que porte uniforme) “llevarán obligatoriamente la placa-emblema del cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior derecho de la prenda de uniformidad”.

Eso no ha sucedido, como Atrapa documenta fotográficamente, en diversas convocatorias públicas callejeras que se han celebrado en la capital murciana desde mayo pasado: el 25 de ese mes; el 15 de junio; el 29 de septiembre; el 14 de noviembre y el 13 de diciembre de 2012, por lo que en enero pasado cuatro miembros de Atrapa acudieron a los tribunales.

El juzgado notificó el 13 de febrero que admitía a trámite la querella si, en el plazo de ocho días, los querellantes depositaban una fianza de 3.000 euros para seguir adelante con el procedimiento. El viernes 22 Atrapa entregó esa cantidad, recaudada mediante donaciones espontáneas e individuales en su cuenta de Triodos Bank, por medio de Paypal y hasta con huchas en la manifestación del pasado día 16. Sólo hubo dos entregas institucionales. Una de 300 euros del sindicato CGT y otra de la Federación de Enseñanza de CCOO. 

Atrapa tiene sólo ocho miembros, todos relacionados con el 15-M. Son los necesarios para ocupar nominalmente los cargos que exige la ley a una asociación para ser reconocida. Pero no les extraña mucho la facilidad con que han recaudado la fianza solicitada. Está aún muy reciente el éxito de su convocatoria de manifestación “contra la corrupción” lanzada a través de Internet el mismo día que el diario El Mundo desveló la existencia de los “papeles de Bárcenas”, el pasado 30 de enero.

El sábado 9 de febrero, más de 4.000 personas se salieron a las calles del centro de Murcia atendiendo la convocatoria inicial de Atrapa. En el ínterin, se habían unido a la Asociación diversas organizaciones: Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Foro Social, Ecologistas en Acción, el propio 15-M de Murcia, Sterm, CGT, Federación de Enseñanza de CCOO, Foro Ciudadano...

Gracias a la ayuda de su veintena de colaboradores habituales, Atrapa mantiene activa su oposición judicial y social contra la corrupción desde que fue fundada por un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes de Derecho, otros empleados y también algunos parados en una fecha elegida por su significado, el 14 de abril de 2012.

Sin ideología política concreta, sólo se reconocen bajo los principios del “republicanismo” que exige la separación total entre los poderes del Estado y la transparencia absoluta de todas las instituciones. Por ello, nada más crearse, invitó a los ciudadanos a denunciar anónimamente casos de corrupción a través de su página de Facebook. Ellos se encargarían de recopilar datos y, en su caso, presentar demandas o querellas. 

Resultados en tres días

En aras de esos principios actuó por primera vez, en septiembre pasado, contra la empresa pública Murcia Cultural, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, a la que embargó judicialmente sus cuentas por el impago de 4.100 euros a un proveedor. El organismo público hubo de saldar la deuda para poder continuar operando bancariamente. Lo hizo en apenas tres días después de mantener durante más de dos años el impago.

Con las leyes en la mano, Atrapa no se arredra ante nada. Quizá porque su núcleo fundacional está relacionado con el Derecho, también se ha atrevido con el actual rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, él mismo catedrático de Civil y exdecano de la Facultad. Según la Asociación, el máximo cargo de la universidad pública de Murcia no lo puede ser a la vez que es también miembro del Consejo de Administración de Caja Murcia y vocal del Consejo Jurídico de la Región, cargos todos ellos por los que recibe las correspondientes remuneraciones. 

Por este motivo tiene interpuesta dos reclamaciones administrativas –una, del portavoz de la asociación, José Mateos; otra, de tres estudiantes– ante la Comunidad Autónoma que terminarán en una sala de lo contencioso-administrativo si no son estimadas, porque entienden que esa acumulación de puestos vulnera claramente las leyes sobre incompatibilidades de cargos públicos.

Mientras ese asunto se desarrolla tortuosamente por las vías administrativas y judiciales, la Asociación acaba de ganar, con una rapidez digna de figurar en los anales de la Justicia española, otra pequeña batalla legal, consecuencia de una anterior física y cruenta, consiguiendo la absolución de un muchacho de 16 años: Alan Alzate fue atropellado por una moto de la Policía Nacional en la manifestación del 29 de septiembre pasado, con resultado de fractura de tobillo y peroné.

La detención bajo denuncia policial de haber arrojado piedras contra los agentes y pateado la moto de uno de ellos fue seguida por su puesta a disposición del juzgado. El jueves 21 de febrero, un día después de la vista oral, el juez Rafael Romero del Pozo absolvió a Alan de los supuestos delitos por los que le denunció la Policía Nacional. Y dejó acreditado que el joven ni tiró piedras ni había golpeado la moto. Luego se deduce que las fracturas se las causó la moto al atropellarlo, estima José Mateos, letrado de Alan. Estos días se ve el juicio por la demanda recíproca interpuesta por Atrapa contra los agentes que lo detuvieron.

Algo se barruntaron en la Asociación de la rapidez inaudita con que se podía resolver el juicio al notar el abogado de Alan que el fiscal, tras oír las declaraciones de los tres agentes, rebajó su petición inicial de pena de nueve meses y medio de internamiento a siete meses de libertad bajo vigilancia... de la madre, puesto que es menor. Y esta es sólo otra pequeña victoria en el camino contra la corrupción y la transparencia del látigo jurídico del 15-M murciano.