Andalucía ha dejado sin gastar 2.000 millones en políticas de empleo

Mientras el paro pulveriza récords en Andalucía (uno de cada tres nuevos parados es andaluz, el 36% de desempleo) y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, admite que los 1,1 millones de personas sin empleo supone una mala cifra, este no explica qué ha pasado con las competencias de las políticas de empleo, en manos de la Junta desde mayo de 2003. 

Diez años después, se han dejado sin ejecutar 2.000 millones de euros, según cifra el Partido Popular de Andalucía. Sólo en 2012 no se han puesto en marcha más del 40% de estas medidas. Y eso sin tener en cuenta los 1.000 millones de euros dilapidados en el fondo de reptiles, la trama de los ERE falsos. El Gobierno central asignó a la comunidad autónoma 299 millones de euros en el Plan Anual de Política de Empleo 2012 aprobado en el Consejo de Ministros de julio del año pasado. De esta cantidad, el 77,6% estaba destinado a la formación, el 19,6% a fomento del empleo, un 2,4% a la modernización de los servicios públicos de empleo y un 0,25% al favorecimiento de la flexibilidad.     

 

El coste del traspaso de competencias se elevó a 50,4 millones de euros y comprendía 1.627 empleos y 216 inmuebles. El próximo mes de abril se cumplen diez años del acuerdo para estas competencias del Gobierno central al Gobierno andaluz. Quienes rubricaron este acuerdo fueron Javier Arenas, por entonces ministro de Administraciones Públicas, y Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta de Andalucía en el Gobierno de Manuel Chaves. Arenas y Zarrías siempre han mantenido buena sintonía personal a pesar de su clarísima e inequívoca animadversión política.    

 

Al fracaso de las políticas de empleo se le añade el de los acuerdos de concertación social que han costado en la comunidad autónoma 128.000 millones de euros desde 1993 y del que no sólo la Junta, sino los empresarios y los sindicatos, se sienten muy orgullosos. Griñán también sigue empeñado en alcanzar un acuerdo global denominado “Pacto por Andalucía”, aunque ayer no habló de ello, sino del Pacto General por el Empleo que planteó Alfredo Pérez Rubalcaba. 

 

En un informe de febrero 2005, la Junta de Andalucía se jactaba de cómo la comunidad apenas tenía un 10,7% de paro en 2004, frente al 31% de 1997. “El crecimiento del empleo en Andalucía a lo largo del período 1997-2004 se ha saldado con la incorporación de 646.200 personas al mercado de trabajo, lo que ha supuesto un crecimiento acumulado del 33,3%, sustancialmente superior al del conjunto de España (25,9%)”, resaltaba el estudio "El empleo en Andalucía. Oportunidades de desarrollo de las políticas de empleo". 

 

El Gobierno andaluz (y el PSOE, por añadidura) se siguen aferrando al estudio de los profesores Torres Chacón y Villalba Cabello de 1997, en el que recreaban la evolución del paro en Andalucía con gráficas virtuales partiendo de una estructura productiva distinta. “Según ese ensayo, la única variable que marcaba el mayor paro en Andalucía estaba en el crecimiento superior de la población activa. De forma que si la población activa ‘hubiese aumentado al mismo ritmo que en el resto de España, la tasa de paro de Andalucía en el momento actual sería incluso inferior a la que se registra en el resto del país’”, recordó Javier Caraballo (ver Matacán del pasado 29 de enero).