Bárcenas se adelanta y vuelve a castigar el mentón de un PP ‘sonado’

Mientras el Partido Popular dudaba por qué vía judicial y con qué firmas debía llevar a Luis Bárcenas a los tribunales, ha sido el extesorero quien ha demando al PP por despido improcedente, lo ha dado a conocer por el medio habitual (el de las fotocopias de los 'papeles secretos') y ha logrado oscurecer el acuerdo parlamentario tejido por el Grupo Popular contra la corrupción. El caso Bárcenas vuelve a enturbiar la actividad del Gobierno y del PP, además de indignar y descolocar a sus dirigentes y diputados, que no entienden cómo sus jefes no aciertan a encauzar el problema.

La versión sobre las condiciones de salida del PP que ha dado el extesorero es incluso más retorcida que la oficial del partido. Bárcenas, en una noticia adelantada por El País, sostiene ahora que desde marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 el partido le abonaba 21.300 euros mensuales en pago a funciones como asesor. Como en Génova le han dejado de pagar las cuotas de la Seguridad Social sin avisarle, se ha apuntado al paro y demanda a su antigua formación por despido improcedente.

En fuentes populares se ratificaron en las explicaciones que dio el día anterior su secretaria general, María Dolores de Cospedal: que se pactó un finiquito de 400.000 euros a abonar en plazos mensuales entre abril (mes en que fue apartado del 'aparato') de 2010 y diciembre pasado. En ese punto se hizo el lío de "la simulación" salarial y el pago "en diferido". La dirigente del PP reconoció la peculiaridad de que el partido le siguiera abonando las cuotas de la seguridad social, aunque dijo que era algo normal.

Las contradicciones entre una y otra versión de un mismo despido desconcertaron a los dirigentes y diputados del Grupo Popular que ayer asistían al pleno del Congreso donde se negociaba y se votó después una resolución para combatir y prevenir mejor la corrupción en los partidos y en las administraciones públicas. Resulta evidente que Bárcenas va a por el PP pero nadie entiende qué puede lograr al llevar la ofensiva a la jurisdicción laboral. 

En fuentes de la dirección, como hacen desde que estalló el escándalo, insistieron en que están muy tranquilos y que si el tesorero quiere que se vean las caras en más tribunales, allí se verán. En los mismos medios niegan rotundamente que Bárcenas haya trabajado como asesor durante casi dos años como sostiene ahora el ex tesorero.

Esteban González Pons replicó irritado con la última maniobra de su antiguo compañero de partido. "El PP tiene la credibilidad que tiene y el señor Bárcenas tiene la credibilidad que tiene. Ustedes pueden elegir a quién creer", dijo al llegar al Congreso, además de mostrarse convencido de que el juez dará la razón (la del despido procedente) a la organización.

El extesorero ya sabe que tendrá que enfrentarse a la demanda personal en defensa del honor que ha presentado María Dolores de Cospedal en Toledo y a las que el partido como tal y sus dirigentes acusados de manejar dinero negro presentarán esta semana en Madrid. Llevan casi un mes anunciadas, pero Bárcenas se ha adelantado y también quiere litigar en el ámbito laboral contra su antiguo partido.

De momento, al Grupo Popular y al Gobierno el antiguo gerente del partido les dio la tarde-noche en el Congreso. Las noticias principales iban a ser la ruptura en el grupo socialista al sumarse los diputados del PSC a las tesis secesionistas del nacionalismo catalán y también el acuerdo de los populares con CiU, UPyD y algunos parlamentarios del Grupo Mixto en un texto con medidas para reforzar la transparencia y combatir la corrupción política. La demanda de Bárcenas enturbió la sesión y restó protagonismo a la citada resolución, paso "histórico" según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

De aplicarse lo aprobado, en los próximos meses se aplicarán a la legislación los principios de transparencia, pero no sólo a las administraciones públicas como era el plano original del Gobierno, sino "a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público".

El acuerdo, logrado sobre un texto del grupo de Convergencia, puede incluir a la Casa Real, según la interpretación de los nacionalistas catalanes, porque depende de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, en medios del PP dejaron entrever que tampoco tiene que ser así en lo referente a la organización interna de la institución (citada en la ley de leyes aparte), aunque sí en lo tocante al patrimonio nacional.