EL PRESIDENTE DEL CGPJ Y DOS VOCALES TRATARON DE PONER TRABAS

Denuncian a los vocales que pidieron al juez que justificara sus diligencias de Nóos fuera de Palma

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido político Soberanía de la Democracia (Soberanid), presentó este jueves una denuncia ante el Pleno del Consejo General

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Denuncian a los vocales que pidieron al juez que justificara sus diligencias de Nóos fuera de Palma

El abogado José Luis Mazón, en representación del partido político Soberanía de la Democracia (Soberanid), presentó este jueves una denuncia ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra tres de sus miembros, entre ellos el presidente, Gonzalo Moliner, por votar a favor de pedir explicaciones al juez del "caso Nóos", José Castro, sobre sus recientes traslados a Madrid y Barcelona para practicar diligencias concernientes a esta causa.

En dos recientes reuniones de la Comisión Permanente de este órgano los votos de Moliner y de los vocales Antonio Dorado y Almudena Lastra validaron un acuerdo dirigido a que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca justifique la razón de sus desplazamientos. Manuel Almenar y Margarita Robles votaron en contra por considerar que esta petición vulnera el secreto de las actuaciones judiciales.

En su denuncia, Soberanid considera que la exigencia del CGPJ al juez de Palma supone un acto "radicalmente contrario" a la independencia judicial y reviste "apariencia de una falta muy grave o grave de régimen disciplinario de los funcionarios públicos del Estado" cometida por los vocales que validaron el acuerdo.

A juicio de la formación denunciante, sobre la actuación de los vocales que pidieron explicaciones a castro hay sospecha "de existir uso de influencias para favorecer al actual Ministro de Justicia", Alberto Ruiz-Gallardón, que era el alcalde de Madrid en el momento de producirse los hechos investigados por Castro, relacionados con la gestión de Madrid 2016.

Por ello, el letrado solicita al Pleno que abra una investigación y ordene incoar expediente disciplinario a "los adoptantes del acuerdo de intromisión en la independencia judicial, con suspensión cautelar de funciones".

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