Botella ya tenía el contrato 'vip' con Flores cuando fusiló a la cúpula del Arena por ocultarlo

Ana Botella ordenó el cese inmediato de José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, consejero delegado y director gerente de Madrid Espacios y Congresos, respectivamente, por pérdida de confianza el 21 de noviembre, día en el que se filtró a la prensa que Miguel Ángel Flores mantenía un contrato de fidelización con la empresa municipal dueña del Madrid Arena, el recinto en el que la noche de Halloween murieron cinco jóvenes asfixiadas. "Esta decisión se produce tras conocerse la existencia de un documento que se ha considerado relevante para examinar los antecedentes de la gestión de la empresa y que hasta ahora no se había puesto en conocimiento ni de la alcaldesa ni de la delegada Concepción Dancausa, que ha coordinado la elaboración del informe interno", justificó textualmente la alcaldesa.

El caos que durante todo el mes de noviembre se instaló en el Palacio de Cibeles fue el culpable de la errónea sentencia que dictó Botella, ya que la dirección de Madridec entregó nueve días antes de la destitución de Rivero y Rodrigo este contrato junto con otros 117 archivos más, en el que los directivos de Madridec detallaban punto por punto la relación entre Flores y el Ayuntamiento de Madrid.

El departamento de Hacienda que dirige Dancausa, actual mano derecha de la esposa de José María Aznar en el Palacio de Cibeles, solicitó a la dirección de Madrid Espacios y Congresos el 8 de noviembre toda la documentación referida a la organización, gestión y control del evento Thriller Music Park. La sustituta de Miguel Ángel Villanueva también solicitó un exhaustivo informe en el que se detallara el vínculo que había unido durante años al Consistorio con Diviertt, la empresa promotora del evento a la que ya se la culpaba de un sinfín de irregularidades.

El por entonces director gerente de Madridec, Jorge Rodrigo, encargó personalmente este trabajo a Francisco del Amo, coordinador de Producción de Madridec, que recopiló el expediente de Flores en cuatro días, dada la gravedad de los hechos acaecidos. El 12 de noviembre, la dirección del recinto municipal remitió el historial solicitado a Cayetano Prieto Romero, director general de Organización y Régimen Jurídico del área de Gobierno de Hacienda y un hombre de máxima confianza de Dancausa. Sin embargo, cuando la alcaldesa pidió el compromiso de fidelización que Flores firmó con el Ayuntamiento, la ahora primera teniente alcaldesa negó haber recibido este documento que su departamento sí tenía archivado. Víctima de una descoordinación entre departamentos, Botella se sintió engañada y optó por fulminar a la cúpula de Madridec ese mismo día.

La alcaldesa descubrió el error una vez que Rivero y Rodrigo ya habían sido destituidos, pero optó por no rectificar las acusaciones que vertió sobre los dos máximos directivos del Madrid Arena. Para no ceder ante las presiones internas que pedían hacer público el error y zanjar así las dudas que todavía sobrevuelan a los directivos del Madrid Arena, Botella los culpó entonces de no haberse percatado de la relevancia que ese contrato tenía, y les recriminó que no lo hubieran destacado en el documento final que entregaron a petición del Ayuntamiento.

Nadie se percató del contrato exclusivo con Flores

Prieto Romero, el trabajador municipal que recibió toda la información solicitada en Madridec, fue la persona a la que Dancausa ordenó confeccionar el informe municipal sobre qué ocurrió aquella fatídica noche de Halloween. Botella lo presentó junto a su ahora número dos el 15 de noviembre en una rueda de prensa, en la que no aceptaron preguntas. La alcaldesa y la sustituta de Miguel Ángel Villanueva entregaron la documentación que soportaba la versión municipal de los hechos, pero no incluían el contrato exclusivo con Flores que se hizo público una semana después y que Madridec les había entregado tres días antes. 

El informe municipal que entregaron Botella y Dancausa detallaba que “en ningún momento” se comunicó a la Policía Municipal, ni por parte de la organización del evento ni por los asistentes, la existencia de incidentes en el interior del Madrid Arena hasta el momento posterior de los sucesos. La empresa Seguriber fue la que elaboró el plan específico de vigilancia, con 38 vigilantes de seguridad y dos coordinadores, estos últimos encargados de la seguridad exterior del recinto.

Según la versión del consistorio, la Policía debía encargarse de la regulación y ordenación del tráfico en los aledaños del Madrid Arena, el encauzamiento de los flujos peatonales y evitar la venta ambulante, el consumo de alcohol y otras sustancias, y la reventa de entradas. Cuando el coordinador jefe de Seguridad abandonó las instalaciones a las 3 de la madrugada “no existía ningún aviso de alarma”.